El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Xunta a indemnizar con 30.000 euros a un paciente que tardó un año en ser operado pese a que la intervención que necesitaba debía realizarse en un plazo de 90 días. El hombre rechazó ser atendido en un centro hospitalario privado al que, a través de un concierto, la sanidad pública deriva a algunos pacientes.
La sentencia, que publica Praza.gal, explica el caso de este hombre, que tenía una hernia de disco y al que le dijeron en junio de 2018 en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, de la red pública, que tenía que operarse para resolver el problema de salud. El paciente tenía pendiente otra intervención por un motivo distinto, a la que se sometió en noviembre de aquel año. Por ello, la segunda debía retrasarse a que superase la primera y finalmente fue incluido en la lista de espera el 19 de diciembre de 2018. La prioridad que se le asignó entonces era la 2, que implica que el tiempo de espera “recomendable” debe ser inferior a los 90 días, según las normas del Sistema Nacional de Salud. A pesar de ello, el hombre no fue operado hasta el 23 de diciembre de 2019, un año después de entrar en lista de espera.
La sentencia señala que “a nadie se le escapa que esa demora, superior a la ajustada al grado de prioridad señalado, fue susceptible de producir un agravamiento en la dolencia”. De hecho, el hombre tiene secuelas y una incapacidad permanente total para su profesión. El fallo judicial destaca que el paciente fue a consulta cuando ya llevaba medio año esperando por la operación porque su estado había empeorado. Entonces rechazó la propuesta de ir a un centro privado para la intervención, una posibilidad que se le planteó el 12 de junio de 2019. El TSXG considera que hubo un “deficiente funcionamiento de los servicios públicos sanitarios” en el Álvaro Cunqueiro y condena al Sergas a abonar una indemnización al hombre.
Los problemas de las esperas cuando los pacientes rechazan ser operados en centros que tienen un concierto con la sanidad pública han sido denunciados por la Valedora do Pobo, que recibe cada año quejas por las demoras. En su informe sobre el año 2018 pedía a la Xunta que mejorase la gestión de las listas y la situación en la que quedan los pacientes que no quieren acudir a un hospital privado y que a menudo ven retrasado su tratamiento.