El Consejo de Europa ha lanzado una serie de recomendaciones a las autoridades españolas con el objetivo de que se cumpla con la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias; entre ellas que se eliminen las limitaciones que impiden el uso del gallego como lengua de enseñanza en asignaturas científicas.
En su informe de evaluación de España sobre la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, recogido por EFE, los expertos del Consejo de Europa se muestran preocupados porque no se cumplan con los compromisos contraídos en virtud del acuerdo, de manera que lanzan hasta cuatro recomendaciones “de acción inmediata” para que se garantice el derecho a utilizar el gallego tanto en la vida privada como en la pública.
La Comisión Europea señala la necesidad de que se eliminen las limitaciones que impiden el uso del gallego en asignaturas como matemáticas, física, química o tecnología, amparada en el decreto 79/2010 que aprobó el gobierno de la Xunta presidido por Alberto Núñez Feijóo, y que ha sido muy criticado tanto por la comunidad educativa como por los principales partidos de la oposición.
Ademas, también recomiendan que se adopten medidas para “garantizar el uso del gallego en los centros de asistencia social y sanitaria”; así como que “los hablantes de gallego puedan interactuar en gallego con las dependencias locales de la administración del Estado”.
Por último, piden que se vele por que la legislación “garantice que los tribunales lleven a cabo procedimientos penales, civiles y administrativos en gallego a petición de una de las partes, y adoptar medidas para garantizar que esto se cumpla en la práctica”.
Además, desde la Comisión señalan otra serie de recomendaciones, ellas “restablecer una versión en gallego del Boletín Oficial del Estado” o “facilitar información sobre la disponibilidad de los derechos de los consumidores en gallego”.
Falta de garantías
En materia educativa, también solicitan que la enseñanza en gallego “esté disponible en todos los niveles”, que se adopten medidas para garantizar “una presencia proporcionada del gallego en el nivel preescolar en los centros urbanos importantes”; y que se elaboren “materiales didácticos en gallego para la enseñanza técnica y profesional, incluida la enseñanza a distancia”.
En relación a la justicia, piden que se ponga a disposición datos desagregados sobre “el número de procedimientos penales, civiles y administrativos llevados a cabo en gallego o en los que se utilizó el gallego”; “desarrollar un software que prevea la posibilidad de utilizar formularios, modelos o documentos en gallego para ayudar eficazmente en el proceso judicial, así como proporcionar a los ciudadanos canales de comunicación con la administración de justicia en gallego” y “poner a disposición del público los textos y formularios administrativos estatales de uso generalizado en gallego”.
Según los datos del informe, en Galicia el 88 % de la población entiende el gallego y el 62 % lo escribe. Además, de forma general, el uso del gallego se facilita y fomenta tanto en la vida pública como en la privada.
Entre los principales incumplimientos de la Carta Europea, la Comisión advierte que en el ámbito judicial “no se garantiza que los tribunales puedan llevar a cabo procedimientos (penales, civiles o relacionados con asuntos administrativos) en gallego”.
También señala que se incumple “parcialmente” que se garantice una educación en gallego en las etapas de preescolar, así como que se publiquen los textos legislativos nacionales más importantes en las lenguas cooficiales, ya que el Boletín Oficial del Estado dejó de publicarse en gallego en 2021.
En lo que respecta a los a los órganos de la administración estatal, no se cumple con la correcta formación de los empleados públicos en administraciones locales en el uso del gallego; ni se garantiza la tramitación de documentos y expedientes o reclamaciones en esta lengua.