Tres años y casi ocho meses después de anunciar con solemnidad que “la auditoría externa encargada por la Xunta de Galicia a KPMG avala la solvencia de la fusión de las cajas gallegas” la ex conselleira de Facenda y actual secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, admite que la auditoría no era tal. Lo hace al responder al segundo cuestionario que se le envía desde la comisión que investiga en el Parlamento lo sucedido con las antiguas cajas de ahorro, la misma en la que se negó a comparecer. Al contestar a esta segunda batería de preguntas, elaborada por el PSdeG, Currás admite que lo encargado por el Gobierno gallego a la auditora por importe de más de un millón de euros era sólo un “informe”.
Concretamente, Currás se refiere al trabajo de KMPG como un “informe y análisis” con el que “el Gobierno gallego trata de cumplir el mandato dado por el Parlamento de Galicia, que expresa el sentir mayoritario de la sociedad gallega, en relación con el impulso de una operación corporativa gallega” entre las cajas. Dada la “imposibilidad de acceso por cada caja a datos de carácter reservado de la contraparte mientras no existiera una voluntad decidida de fusión”, justifica, “hace que tuviesen que utilizar datos públicos con información insuficiente o realizar estimaciones que no se correspondían con la realidad al optar por las hipótesis más pesimistas de las posibles”.
Al responder por escrito la ex conselleira puede, sin problema alguno, pasar por encima de algunas de las preguntas que se le formulan. Así las cosas, pasa por encima de que KPMG tampoco avaló la fusión, como ella y Alberto Núñez Feijóo aseguraron. Los socialistas la cuestionaron también sobre si “existieron pliegos de condiciones” para contratar el informe y sobre la identidad de las personas que “componían la mesa de contratación” del proyecto. Currás sólo señala, como ya había hecho en su primera contestación -a las preguntas del PP-, que la elección de KMPG “fue debido a que, en contacto con el Banco de España, era la única auditora no implicada en informes anteriores con ninguna de las dos cajas”. “Indicar que la tramitación del expediente de pago se realizó según la normativa vigente”, resuelve.
En el mismo cuestionario los diputados y diputadas instaron también a Currás a aclarar en qué consisten los “informes internos realizados por el técnicos de la Consellería de Facenda” sobre la fusión, documentos a los que ella misma se refirió por escrito y que “no se facilitaron a la comisión”. Sobre este asunto la ex titular de Facenda asegura que “la información técnica fue oral y escrita”. “Los informes escritos -dice- se integraron en el informe final de noviembre de 2009 que, según la información conocida de la información remitida por la Xunta de Galicia, obra dentro de la documentación de carácter reservado remitido a la comisión de investigación”. Esto es, sería uno de los documentos que los miembros del Parlamento tienen prohibido revelar.
AGE acusa a Currás de “mentir”
La contestación de Currás, datada en el pasado 9 de agosto y registrada ese mismo día en la Cámara gallega, ya ha suscitado reacciones políticas en AGE, formación que hizo público el informe de KPMG el pasado junio. Para Alternativa queda acreditado que “Currás mintió cuando en enero de 2010 calificó de auditoría lo que ahora es también para ella un simple informe, reconociendo ahora lo que denunció públicamente AGE”. A juicio de la formación encabezada por Xosé Manuel Beiras la ex conselleira “vuelve a mentir”, además, cuando “hace referencia a unos informes internos de la Xunta sobre el proceso de fusión que, dada su inexistencia física en la documentación puesta a la disposición del Parlamento, o no existen o pasaron a la trituradora o, simplemente” son ocultados“ por el Gobierno de Feijóo.
“Si tales informes fueron emitidos, o bien están ocultos en un cajón del despacho de Feijóo” o fueron destruidos, dice AGE, que se pregunta además “a qué informe final de noviembre de 2009” se refiere Currás. “O Marta Currás ha perdido la memoria o pretende tomarle el pelo a la ciudadanía”, ya que “la fusión fue autorizada por acuerdo del Consello da Xunta de 18 de noviembre de 2010”, esto es, “un año después de la fecha que menciona”. Ese acuerdo del Consello es, precisamente, lo que Alternativa reclama que se “incorpore al expediente de la comisión de investigación” para poder ser consultado por los grupos políticos.