Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han anunciado este viernes la convocatoria de una huelga a la que están llamados 10.000 trabajadores y trabajadoras de residencias privadas de mayores y centros de día de Galicia, y que tendrá lugar el 18 de marzo. El objetivo es llamar la atención sobre el incumplimiento del convenio por parte de la patronal y las condiciones de “precariedad” en las que este colectivo tiene que desarrollar un trabajo de carácter esencial.
Según ha explicado en rueda de prensa la responsable de la Federación de Servizos de la CIG, Tránsito Fernández, las negociaciones del convenio (el último aprobado caducó a finales de 2019) se encuentran bloqueadas por la poca voluntad de la patronal por llegar a un acuerdo, denuncia. Uno de los principales obstáculos es la negativa de la parte empresarial a mejorar las condiciones económicas de las plantillas, pese a que 2021 cerró con un alza del IPC del 6,5 %.
Tras el fracaso del intento de mediación, la portavoz de la CIG ha considerado que “la única solución” que les queda a las trabajadoras es ir a la huelga para mejorar no solo sus condiciones económicas, sino también sociales. Tránsito Fernández también ha lamentado que, pese a las denuncias y peticiones de los sindicatos para que la Xunta hiciese inspecciones en los centros, la consellería de Política Social no ha actuado, “y ya no se aguanta más la situación, la precariedad, la falta de control, excesos de jornada...ya no se hacen ni cribados de COVID”.
Por su parte, Iria Estévez, de CC.OO., ha asegurado que la precariedad laboral en el sector de las residencias privadas “va camino de convertirse en crónica”. Los salarios, dice, están por debajo del SMI: “Pero no del último acordado, sino de los anteriores, que eran más bajos”. Sin embargo, destaca que las empresas sí han aplicado la subida del IPC a los precios de las plazas.
Javier Fente, de UGT, ha denunciado que, pese a la situación de este colectivo laboral, “la Xunta se pone perfil”, incluso aunque se trate de un servicio de interés público. Asegura que no se sustituyen las bajas y permisos ni se cumplen las ratios mínimas de trabajadoras en cada centro.