CUAC FM, la radio comunitaria que venció a Feijóo en el Tribunal Supremo
En el año 2010 la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010) despertó la esperanza en las radios y televisiones comunitarias, impulsadas por entidades de la sociedad civil, ni públicas ni privadas, y sin ánimo de lucro. El Artículo 32 y la Disposición Transitoria 14ª de la norma reconocían por primera vez su existencia y su papel social y preveían que aquellos medios comunitarios que hubiesen estado en funcionamiento antes del año 2009 podrían recibir una licencia de emisión, obligando a las administraciones a garantizar un espacio para estas emisoras y canales. Sonaba a recompensa a años de trabajo en una situación de alegalidad.
Sin embargo, esta ley nunca fue desarrollada por el Estado. De nada sirvieron las recomendaciones de entidades internacionales o el Defensor del Pueblo y tampoco la Proposición No de Ley aprobada por el Congreso en 2016 instando al Gobierno a hacer efectiva la norma. Las radios y televisiones comunitarias siguieron en una especie de limbo, amparadas por una ley no aplicada, pero sin las licencias que debían proteger y garantizar sus emisiones. En 2015 incluso hubo intentos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para “eliminar” de la legislación la categoría de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.
Algunos de estos medios comunitarios decidieron que no se quedarían de brazos cruzados. Y ahí está el ejemplo de CUAC FM, una radio coruñesa nacida en 1996, que suma 500 programas y más de 1.200 colaboradores a lo largo de su trayectoria. Presentó su oferta al concurso de licencias de FM lanzado por la Xunta de Galicia en el año 2012. En su intento, avalado por años de emisión y por una profunda implantación en la vida de toda la comarca, implicó a movimientos sociales y otros agentes de la ciudad, denunciando de paso las dinámicas habituales en la radiofonía local, con diales llenos de emisoras comerciales sin licencia o de emisoras legales que emiten en cadena, reservando apenas unas pocas horas al día para los contenidos propios.
El concurso, que expresamente excluía a los medios sin ánimo de lucro, concedió sus licencias a las grandes cadenas y Cuac FM siguió emitiendo como siempre había hecho, con el entusiasmo y la incertidumbre de las radios no convencionales, consciente de que su existencia, aunque avalada por la ley, podía ser puesta en riesgo, bien porque otra emisora ocupara su lugar en el dial, bien porque el Gobierno de turno decidiera que había llegado el momento de acabar con la emisión.
La amenaza de cierre y sanción
Ese momento llegó en septiembre de 2017. La asociación que gestiona la emisora recibió una notificación de sanción por parte del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, amenazando con multar a la entidad con entre 100 mil y 200 mil euros por emitir “sin disponer de la correspondiente licencia”. La asamblea que gestiona la radio decidió abandonar temporalmente la emisión en FM, manteniendo su actividad en Internet. Y se preparó para la batalla jurídica, de nuevo apelando a la movilización de la sociedad civil de A Coruña, y de toda la red de medios comunitarios de España. CUAC FM era una más, pero no una cualquiera. Se trataba de una de las emisoras con una trayectoria más larga y más asentada, con una base social amplia y con una completa programación. Si esta caía, cualquiera podía ser derribada.
Desde CUAC FM se manifestaban sorprendidos por la amenaza de sanción, que de hecho partía de un expediente abierto por el Ministerio de Industria que presidía José Manuel Soria en el año 2015 y que la Xunta había ido retrasando desde entonces, decidiendo aplicarlo (otras comunidades autónomas no lo hicieron) justo en el momento en que estaba a punto de caducar. “En estos 21 años de servicio a la comunidad CUAC FM nunca recibió ninguna queja o notificación de ningún tipo sobre su actividad, y nunca interfirió ni perjudicó la emisión de ninguna otra estación de radio”, señalaban, recordando además que “la Xunta tiene constancia de la existencia de Cuac FM desde antes de comenzar sus emisiones, el 27 de marzo de 1996” y que “las relaciones de esta emisora con la Secretaría General han sido numerosas”.
Recordaban asimismo que la emisora había intentado en varias ocasiones legalizar su situación y ponían de nuevo sobre la mesa la demanda de que la Xunta y el Gobierno central cumplieran la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010. CUAC podía ganar o perder esta batalla, pero no iban a cerrar sin dar la pelea. “Sabemos que va a ser una lucha de largo recorrido, que no se va a resolver en 15 días, pero sabemos que tenemos la razón y que la ciudadanía a la que nos debemos está con nosotros y nos ampara”, decía en aquel momento Isabel Lema, coordinadora de la radio.
En su primera respuesta al recurso presentado por CUAC FM, la Xunta reculó. Renunció a sancionar a la emisora y reconoció expresamente que la Ley del Audiovisual se está incumpliendo y que la radio comunitaria coruñesa llevaba 20 años emitiendo sin ánimo de lucro, sin perjudicar a terceros y sin ánimo de ocultación. Sin embargo, el Gobierno gallego advertía de que esta resolución rompía “cualquier expectativa de CUAC para volver a emitir en la FM” y amenazaba con nuevos expedientes sancionadores en caso de que la radio volviese a emitir por ondas.
La victoria
Cuac FM se preparó para el segundo combate. Mantuvo su emisión exclusivamente en Internet y recurrió la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). En octubre de 2018 el TSXG estimó favorablemente el recurso presentado por la Asociación Colectivo de Universitarios Activos (CUAC) y le reconoció a la emisora una garantía temporal de emisión en FM. La sentencia subrayaba que la falta del necesario desarrollo normativo por parte de la Xunta le había impedido a CUAC FM contar con una licencia de emisión, un permiso que la radio “no puede obtener dada la inactividad de la Administración”.
El fallo también dejaba claro, de manera contundente, que la Secretaría General de Medios del Gobierno gallego había infringido “los derechos fundamentales de la persona” al vulnerar el artículo 20 de la Constitución, que reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y a comunicar libremente información. En términos parecidos se había expresado unas semanas antes la Fiscalía, que también había acusado a la Xunta de vulnerar los derechos fundamentales.
La asamblea de CUAC aprobó el regreso de la emisora a las ondas hertzianas, un retorno que se vivió como un día de fiesta, una victoria de David contra Goliat que aún tendría que superar un último asalto. En febrero de 2019 la Xunta anunció que no acataría la sentencia del TSXG y que recurriría la sentencia ante el Tribunal Supremo. Este martes 4 de junio el Tribunal Supremo ha confirmado la derrota judicial de la Secretaría General de Medios del Gobierno gallego, inadmitindo el recurso presentado, convirtiendo en firme la sentencia dictada por el TSXG e imponiéndole a la Xunta el pago de costas procesales hasta un máximo de 1.000 euros.
CUAC, que destacó el “malgasto de recursos públicos en la persecución de una iniciativa de comunicación ciudadana”, hizo hincapié en la importancia de esta victoria jurídica para dar pasos adelante en el derecho a la emisión de los medios comunitarios, constatando que el largo camino que ha tenido que atravesar la emisora para contar con esta garantía legal es apenas una batalla en una guerra que están librando radios y televisión sin ánimo de lucro de todo el Estado.
“Hay una concentración de la propiedad de los medios de comunicación en muy pocas manos. Y la estas manos, a estos poder económicos, no les interesa que haya esta pluralidad de voces y de información. Es inconstitucional que el Gobierno no vele por la pluralidad mediática”, destaca en este sentido Isabel Lema. “Siempre nos llama la atención que la administración nunca actúe contra las emisoras privadas piratas, que están ocupando ilegalmente una frecuencia en el dial, muchas veces incluso recibiendo dinero público”, afirmaba la sevillana María Navarro Limón en medio del conflicto que vivió CUAC, durante la asamblea anual de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), que se celebró el pasado año en A Coruña.
“En cambio, la administración sí que va contra un medio comunitario como CUAC, asentado socialmente, que viene realizando desde hace años un trabajo muy importante de alfabetización mediática, de acceso, con mucho apoyo”, criticaba, y hacía hincapié en la importancia del movimiento comunitario alrededor de la radio coruñesa. “Seguramente la Xunta tuvo que archivar el expediente precisamente por la capacidad de movilización que tuvo CUAC, por ser un medio vinculado a una comunidad física, algo muy importante y que se está perdiendo en los últimos tiempos”, concluía.
