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“Cuantas más empresas dependan del fuego en Galicia, más problemas para desmontar el vínculo negocio-incendios”

Un vehículo de un agente, en un incendio en Fisterra el pasado 2 de agosto

David Lombao

Los agentes medioambientales y forestales de la Xunta están en huelga desde el pasado día 1, pero con dificultades para hacer ver su reivindicación. El Gobierno gallego ha impuesto a la parte de este personal que depende de la Consellería de Medio Rural unos servicios mínimos del 100% y, para los que dependen de Medio Ambiente, un 20% que a juicio de los propios trabajadores no garantiza su seguridad en el servicio. Ante lo que consideran unos servicios mínimos “desiguales y abusivos”, que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha rechazado modificar, este cuerpo sigue intentando hacer ver sus reivindicaciones, tanto las más inmediatas como las de fondo que, dicen, pasan por reforzar el servicio público en campos tan sensibles de su trabajo como la vigilancia y dirección de la extinción de incendios, especialmente proclive al “negocio” privado.

Según el comité de huelga, conformado por CIG y UGT, la movilización sigue adelante a pesar de los obstáculos porque, dicen, no comparten el acuerdo laboral que la Xunta “pretende” imponer. Tras la ola de incendios de octubre de 2017, recuerdan, la Administración mostró disposición a “abrir la negociación para la mejora de las condiciones de trabajo que llevaba siendo reclamada desde 2008”. No obstante, la propuesta no los convence: “sigue manteniendo un gran exceso horario, 17.000 horas anuales”, estipula guardias de doce horas durante el verano, aumenta la jornada nocturna en invierno y “no garantiza” que los agentes puedan descansar 48 horas sucesivas. Falta también, además, una propuesta en materia de segunda actividad y reducción de la edad de jubilación, destacan.

Mientras el Gobierno gallego asegura tener una postura negociadora, el comité de huelga cree que, en el fondo, “obvia o menosprecia el trabajo en la gestión forestal”, así como la “vigilancia preventiva y la educación ambiental en la lucha contra los incendios” y la investigación posterior al fuego, “eliminando de todo las brigadas de investigación”. Esta circunstancia, unida a que las subidas salariales estarían “vinculadas únicamente a la extinción de incendios”, los llevan a concluir que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo camina hacia el “desmantelamiento efectivo de este servicio público de defensa y protección del patrimonio natural”, en vez de “igualar funciones y tareas de agentes hacia el mantenimiento del servicio” y “retribuir las especificidades del trabajo en todas sus vertientes”.

El problema, creen los sindicatos, no es económico. “Vemos ingentes cantidades de dinero en drones, en cámaras, en material de la Axencia Galega de Emerxencias, en el Ejército”, de ahí que “sorprenda” que “no se acepten las reivindicaciones a favor de la mejora” de este servicio público, encargado entre otros aspectos de la “dirección técnica de la extinción” de los incendios. “Cuanto más atomizado” esté el dispositivo y “más empresas dependan del fuego, más problemas para desmontar la vinculación entre negocio e incendios”, advierten. “Sólo queremos -concluyen- dignidad profesional”. 

Silencio en torno a los incendios este verano

De incendios, precisamente, es de lo que también reprochan los agentes que no hable la Xunta en lo que va de verano. No en vano, resaltan, los canales oficiales con los que el Gobierno gallego informa sobre el impacto del fuego en los montes llevan calladas desde el inicio del dicho período de alto riesgo, el 1 de julio. Esa es la fecha, por ejemplo, en la que la cuenta oficial del 085 emitió su último mensaje público, al menos hasta este 10 de agosto. Si bien es cierto que el impacto del fuego este verano no parece estar siendo tan elevado cómo en otros, no lo es menos que los propios agentes han desvelado en los últimos días que se produjeron incendios en municipios como Sober, Monforte, Fisterra, Oia o Punxín de los que Medio Rural no informó.

El Gobierno gallego mantiene así por décimo verano consecutivo la política informativa instaurada desde EL retorno del PP al poder, basada en no divulgar la totalidad de todos los focos y revelar, a priori, solo aquellos que supere las 20 hectáreas o que pongan en peligro a la población. En caso contrario, la Consellería responsable solo informa de un incendio si alguien pregunta específicamente por él en concreto.

Este modelo informativo contrasta con el mantenido durante la etapa del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, cuando el departamento entonces dirigido por Alfredo Suárez Canal ofrecía dos veces al día -a las 13:00 y a las 19:00- un parte completo con todos los incendios. Publicaba además datos acumulados por mes y año y su evolución temporal.

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