El conflicto de las preferentes arde desde 2011 y explotó en este 2013. Las personas afectadas por estos productos financieros en Galicia acaban de conocer que van a perder alrededor de la mitad de sus ahorros y las plataformas que los representan suben el tono de las protestas. Ayuntamientos, actos políticos, sedes de Novagalicia Banco... los escenarios para la denuncia de la “estafa” son múltiples. Mientras, desde el ámbito político, los grupos de la oposición les reclaman responsabilidades a los gobiernos gallego y central y a la fuerza que los sustenta, el PP. A los populares les exigen que las personas que fueron engañadas puedan recuperar sus ahorros. Mientras, la formación liderada en Galicia por Alberto Núñez Feijóo insiste en un argumento: el PP se está esforzando en solucionar un problema que fue creado por “otros”, a saber, el PSOE en el Estado y el bipartito de PSdeG y BNG en Galicia. Pero, ¿de quién es la culpa?
Las preferentes que están ahora en el centro de la polémica tienen su origen en una reforma legal promovida en el año 2003 por el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato como ministro de Economía. Durante años, diversas entidades españolas, financieras y no financieras, estuvieron obteniendo financiación a través de las denominadas Preference Shares, unas primitivas participaciones preferentes que emitían a través de empresas filiales domiciliadas en territorios con una fiscalidad muy baja o, directamente, en paraísos fiscales. Estos productos eran colocados a grandes inversores -personas o empresas- y en ningún caso a pequeños ahorradores. La reforma vino a prohibir que esa actividad siguiera asentándose en los paraísos.
En este contexto, el gobierno de Aznar modificó la ley de coeficientes de inversión, recursos propios y deberes de información de los intermediarios financieros, promulgada en 1985. En la reforma se definieron las características de las participaciones preferentes, a saber: tenían que ser emitidas “por una entidad de crédito o por una entidad residente en España o en un territorio de la UE que no tenga condición de paraíso fiscal” y daban “derecho a percibir una remuneración predeterminada de carácter no acumulativo” que estaría “condicionado a la existencia de beneficios distribuibles en la entidad”. Por lo tanto, un banco o caja con pérdidas no les pagaría nada a los titulares de preferentes. En aquella ley figuraba también otra de las claves del asunto: las preferentes tenían “carácter perpetuo, aunque se pueda acordar la amortización anticipada a partir del quinto año”, siempre con previa autorización del Banco de España.
El inicio de las emisiones y los cambios políticos
Con estas condiciones básicas de partida las entidades financieras se lanzaron a emitir preferentes desde el propio año 2003. También lo hicieron las cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, cuya supervisión le correspondía al Banco de España -cuyo gobierno estaba designado por el gabinete Aznar- y su tutela financiera a la Xunta de Manuel Fraga. Con la burbuja inmobiliaria aún en pleno proceso de expansión y las cajas exponiéndose sin rubor al ladrillo, la colocación de estos productos continuó en los siguientes años, durante los cuales se produjeron cambios de color político en La Moncloa y en San Caetano: en 2004 el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ganaba las elecciones y en 2005, la coalición de PSdeG y BNG desalojaba a Fraga de la Xunta.
En 2007 la burbuja pega el primero gran reventón en el inicio de la crisis financiera internacional, con hitos como la caída de Lehman Brothers. Comienzan a venderse menos viviendas y los bancos y cajas precisan más financiación. Es en estos años en los que se produce, a la luz de lo que hoy se sabe, el proceso de colocación masiva de preferentes entre pequeños ahorradores, clientes particulares de las cajas gallegas a los que se les ofrecía una notable rentabilidad sin mencionarles, según denuncian, que nunca podrían recuperar el dinero.
El tiempo pasa y en Galicia el bipartito hace lo mismo: en 2009, el PP regresa a la Xunta, ahora con Alberto Núñez Feijóo al frente, y en Madrid continúa el PSOE. Es en 2011 cuando las preferentes dejan de emitirse pero no por una intervención de la Xunta o del Estado, sino cuando los afectados comienzan a saber que no pueden recuperar el dinero. Los primeros cálculos hablan de alrededor de 100.000 personas “atrapadas” en las preferentes, con un patrimonio de unos 1.200 millones de euros, estimaba la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas (AUSBANC). Todo esto sucedía porque Novagalicia Banco, heredera de las cajas, ya no era capaz de vender preferentes en el mercado financiero secundario.
El rescate
En este contexto es en el que el gobierno estatal del PSOE, golpeado por la crisis y las medidas de la Unión Europea, acomete su reforma financiera. En noviembre de 2011 el PP vence en las elecciones generales y en diciembre Mariano Rajoy le coge el testigo a Zapatero. Los conservadores acometen su propia reforma de las cajas y bancos y, en junio de 2012, admiten la necesidad de que la UE rescate la banca española. En la memoria de entendimiento, esto es, en las condiciones del rescate, es donde figura que las personas titulares de preferentes tienen que contribuir también a sanear las entidades. La quita.
Todos estos movimientos políticos y financieros son sólo algunos de los episodios que desembocaron en el actual conflicto, un monumental incendio sociopolítico que la Xunta intenta sofocar confiando en que Novagalicia Banco siga “aceptando” el arbitraje de consumo como vía para que algunos de los afectados recuperen lo que creían que ahorraban pero realmente estaban invirtiendo en una operación de alto riesgo. Mientras, el propio Feijóo insiste en que la responsabilidad política está, en exclusiva, en el lado socialista y nacionalista y los afectados esperan a saber cuánto van a perder realmente. “Aquí va a haber guerra”, auguran entre la incertidumbre.