La Xunta de Galicia llevaba 14 años rechazando una participación pública en la explotación de recursos como las energías renovables. Hasta que Alfonso Rueda anunció a principios de año que iba a promover una empresa para proyectos energéticos, mineros o de uso intensivo de agua. No iba a ser una iniciativa pública, sino una colaboración con el capital privado, que se ha concretado en la recién presentada sociedad Recursos de Galicia. El Gobierno gallego retiene solo el 30% de la nueva empresa mixta, en la que entran 33 sociedades privadas de diferentes sectores, entre las que están Abanca, Ence, Exlabesa, Finsa, Jealsa y Gadisa.
Rueda presentó la nueva empresa mixta como una “garantía” de que la explotación de los recursos naturales que tiene Galicia se va a transformar en “riqueza social”. Entidades ecologistas, sin embargo, expresan sus temores de que la utilidad real sea facilitar el camino de las empresas privadas hacia proyectos que tienen un elevado impacto sobre el territorio. Las alarmas, explican Greenpeace y Adega, se encienden por los nombres de algunas de las sociedades que se integran en la iniciativa y por el anteproyecto de ley que ampara la creación de Recursos de Galicia.
Ese texto, que aún no ha entrado en el Parlamento, pone sobre la mesa un análisis del impacto económico y social que no queda claro cuánto va a pesar frente a la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con las asociaciones de defensa del entorno natural. Los partidos de la oposición también critican las medidas de la Xunta: el BNG las califica de greenwashing y el PSdeG acusa al Gobierno gallego de estar ofreciendo “un buen negocio” a sus socios empresariales.
El coordinador de Greenpeace en Galicia, Manu Santos, apoya la inversión pública, pero cuestiona la utilidad de la empresa. Desde la perspectiva ecologista, dice, es innecesaria para las garantías que la administración tiene que dar: “La Xunta tiene herramientas de sobra para que los proyectos sean respetuosos con el medio ambiente, participados desde el principio por la sociedad y para que reviertan socioeconómicamente en la misma, tenga o no parte de la inversión”. Esto es, en su opinión, en lo que se tendría que centrar e Gobierno gallego. Cree que la puesta en marcha de la sociedad Recursos de Galicia “tiene más que ver con la facilitación de aprobación de proyectos, muchos insostenibles e innecesarios, y con seguir favoreciendo a los poderosos”. El que haya fondos públicos, insiste, “no garantiza por sí mismo una explotación más justa”.
Por parte de Adega, Belén Rodríguez, su secretaria ejecutiva, concuerda al interpretar que hay una intención “facilitadora” de proyectos con mucho impacto en el territorio y ve un riesgo de que la empresa sirva para canalizar “una financiación pública encubierta” hacia la iniciativa privada. La norma en tramitación, añade, no hace más que “refrendar el poder de las sociedades privadas sobre la explotación de los recursos naturales”. En el listado de socios de la Xunta ve “empresas cuyo modus operandi es muy contaminante e injusto con las personas a las que afecta” y echa de menos otras de sectores que notan los impactos, como agricultura y pesca.
Santos pone también el acento en estos socios: “Hay algunas empresas que no son precisamente ejemplares en el ámbito ambiental, lo que, por fuerza, nos obliga a encender las alarmas”. Se pregunta por qué la Xunta del PP, que hasta ahora había rechazado invertir directamente en proyectos de renovables -aunque sí se implicó en energías fósiles, recuerda, con una participación en Reganosa-, decide cambiar el enfoque ahora y en un sector en el que no falta interés privado. “De invertir dinero público, mejor sería en proyectos renovables necesarios y que carezcan de inversión privada, cosa que no parece ocurrir en la eólica, en otras renovables y ni siquiera en ciertos proyectos de minería”, razona. Pide que los fondos no se destinen a un hub de hidrógeno verde, algo que califica de “ensoñaciones peligrosas”.
Tanto el análisis de Greenpeace como el de Adega del anteproyecto de ley sobre los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia es que genera dudas sobre la evaluación ambiental. El objetivo declarado de lograr beneficios sociales, dice Rodríguez, “es legítimo y necesario”, pero “no se consigue en el texto” y no queda claro cómo se relacionan las exigencias medioambientales con los análisis de impacto económico. Teme que la norma sirva para que las empresas “reduzcan plazos o se salten garantías” y que los efectos económicos se midan con promesas de creación de empleo “que después nunca son reales”.
Santos avisa de que, tal como está redactado el anteproyecto, no se hace mención a que una declaración de impacto negativa vaya a resultar en la paralización del proyecto sin que se tenga en cuenta ningún otro aspecto, tampoco los económicos y sociales. Esto, señala, es “redefinir el contenido de los estudios de impacto ambiental”. El texto “se esfuerza mucho en hacer extraños equilibrios” entre las evaluaciones ambientales y los estudios de impacto socioeconómico, lo que para Santos, “genera dudas sobre la intención de la Xunta sobre posibles desregulaciones ambientales”. La clave, concluye “no está en el porcentaje de dinero público invertido en los proyectos, sino en cómo ejerce la Xunta el control de la explotación de los recursos naturales”.
Un caballo de Troya
La oposición en el Parlamento de Galicia también carga contra la iniciativa de la Xunta. La diputada del BNG Noa Presas, portavoz para cuestiones económicas e industriales, la califica de greenwashing. Considera que hay una intención de darle apariencia de implicación ambiental y recuperación de beneficios para la sociedad porque el Gobierno gallego “es consciente de la contestación social” a la multiplicación de proyectos, en especial en materia eólica. Pero asegura que, en realidad, esta empresa mixta “es un caballo de Troya del PP” en beneficio de la iniciativa privada. “Se van a poner fondos públicos a disposición de empresas privadas sin ningún tipo de control”, dice.
Presas recuerda que Alberto Núñez Feijóo echó abajo, nada más llegar a la Xunta en 2009, el concurso eólico del bipartito que promovía la participación pública en estos proyectos. La nueva empresa mixta, dice, “no supone una recuperación de la participación pública”. En su opinión va a valer para franquear el camino de la iniciativa privada y “poner en sus manos recursos que son de todos”. También recela del peso de Abanca tanto en esta empresa como en la sociedad Impulsa -creada para canalizar los fondos europeos de recuperación- y de los perfiles del resto de socios privados: “Hay falta de transparencia. No están claros los criterios que siguieron y es imposible prever qué va a salir de ahí”.
Falta de transparencia
La diputada del BNG afea otro aspecto de la iniciativa: la empresa figura en un anteproyecto de ley que ni siquiera ha entrado en el Parlamento de Galicia para su debate. Sobre esta situación habla también la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo, viceportavoz del grupo parlamentario, que no cuestiona el modelo público-privado, pero sí que la participación de la Xunta vaya a ser minoritaria. “Es muy preocupante. Si hablásemos de participación mayoritaria serían otros términos”, señala. No solo eso, asegura que Abanca controlará un 10%: “Nos parece que la Xunta le permite un buen negocio”.
Rodríguez Rumbo agrega que, aunque todavía no se conocen los estatutos de la nueva sociedad mixta, teme que el comportamiento sea similar al de la sociedad Impulsa, de la que critica que “no se sabe qué hizo, más allá de anuncios propagandísticos”. La información en su sitio web es, casi dos años después de su creación, la misma que al inicio, critica. La diputada extiende sus dudas a las afirmaciones sobre que los beneficios de los proyectos en los que participe la nueva empresa mixta van a revertir en el territorio y los vecinos de la zona en la que se implanten: “Vamos a estar vigilantes”.