La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y Ecoloxistas en Acción han aumentado su ritmo de trabajo durante los últimos días. Sobre las mesas de sus despachos tienen 84 nuevos proyectos de parques eólicos trazados sobre los montes gallegos. La Xunta les ha dado el visto bueno a nivel medioambiental a 77 de ellos y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes: en poco más de tres semanas dio luz verde a 26. Esa es una de las razones que consideran “sintomáticas de una mala praxis” y que les ha llevado a analizar, con más ahínco todavía, esta nueva hornada de proyectos de explotación de energía eólica. ¿Su objetivo? Recurrir todos aquellos parques que, a su juicio, hayan incurrido en irregularidades durante su tramitación.
Y es que si todos siguen adelante, repartirán más de medio millar de nuevos aerogeneradores por todo el territorio. Algunos de ellos en zonas con un valor ecológico singular como la Ribeira Sacra u Os Ancares. Si un juzgado no los paraliza, lo más probable es que la Xunta emita los permisos para su construcción: las declaraciones de impacto ambiental emitidas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda son el principal escollo técnico que enfrentan las promotoras. Y ya lo han superado. “No queremos ir contra todos los parques. Eso sería impugnar por impugnar. Defendemos que haya energías renovables, pero su implantación tiene que estar sometida a una normativa que se encuadre en el respeto al medio ambiente”, sostiene Fernando de Abel, profesor de Derecho Administrativo en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y vocal en Adega. “No pueden perjudicar la estabilidad socioeconómica de las zonas donde se implantan”, añade.
Patrimonio, biodiversidad y fragmentación artificial
La siguiente fecha clave llegará en nueve meses, cuando la Xunta emita las resoluciones administrativas que autorizarán la construcción de los parques eólicos. A partir de ese momento, será cuando Adega, Ecoloxistas y otras plataformas de afectados puedan presentar sus impugnaciones, sus demandas contra la Administración gallega, en los tribunales de lo contencioso administrativo. Para ello, los argumentos son variados y “en ningún caso se pueden generalizar para todos los proyectos”, como explica el profesor de la USC. Uno de ellos es la fragmentación artificial.
En este contexto, este término hace referencia a un tipo de fraude de ley que las promotoras del sector eólico podrían estar utilizando para sortear la lupa de los técnicos del Estado. Consiste en dividir formalmente un único gran parque en varios de menor capacidad y así conseguir que sea la Xunta quien los evalúe y no el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es el organismo facultado para aprobar los parques que tienen una potencia superior a los 50MW. Algunas de las pistas para identificarlos son que los proyectos compartan líneas de alta tensión, caminos de acceso e incluso subestaciones de servicio.
Aunque la jurisprudencia al respecto en Galicia todavía es modesta, a comienzos de 2022, el Tribunal Supremo tildó de “artificial” la división de un único parque de Norvento en Mondoñedo en dos fases, y señaló a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por estimar compatible la instalación eléctrica con un yacimiento arqueológico que entraba en conflicto con su plan de protección. Y ahí está otro de los argumentos que vertebrarán las impugnaciones: los atentados contra el patrimonio. En otros casos, explican, se pueden encontrar con que se hayan cometido ilegalidades en la tramitación administrativa de las autorizaciones. Por ejemplo, en el acortamiento de los plazos de exposición pública, vulnerando los derechos de la ciudadanía para alegar.
“Hay algunos casos en los que la impugnación sigue las vías de vulneraciones de la normativa ambiental”, explica Fernando de Abel. “Puede ocurrir que en los proyectos se vulnere la normativa sobre patrimonio o sobre el paisaje”, añade, como ha ocurrido recientemente en Coristanco (A Coruña). Ese es uno de los argumentos técnicos que más esgrimirá Ecoloxistas en Acción, las acciones lesivas contra el patrimonio natural: “Ahora mismo trabajamos con un campaña en defensa de los humedales y del bosque atlántico que tienen un gran valor ecosistémico en nuestro contexto y que entran en conflicto con más de uno de estos proyectos”, explica Rober Videla, en nombre de la organización. Al igual que acontece con Adega, los recursos de Ecoloxistas en Acción para poder estudiar todos los parques son finitos. Por eso, desde esta organización están tratando de coordinar a todas las plataformas de afectados de Galicia interesadas, para brindarles herramientas y documentación útil que les facilite los procesos administrativos y judiciales.
Las promotoras casi nunca pierden
A pesar de que la Justicia puede intervenir en la ejecución de estos proyectos, lo hace, a fin de cuentas, contra la Administración y no contra las empresas. Es decir, el pato lo paga el contribuyente. Durante el año pasado, el Tribunal Superiror de Xustiza de Galicia y el Tribunal Supremo anularon las autorizaciones de los parques eólicos de Corme (A Coruña) y de Mondoñedo (Lugo), respectivamente. “Lo peor de todo esto y es lo que le transmitiría a la gente es que en estos dos casos, esos dos parques siguen funcionando y enriqueciendo a las empresas titulares. Es verdaderamente escandaloso”, denuncia el profesor de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago. Es decir, las sentencias no se han aplicado.
¿Pero qué es lo que falla en el proceso? “Cuando se anula una licencia, quien solicitó esa autorización puede pedirle responsabilidades a la administración que se la concedió”, argumenta Fernando de Abel. “Imaginemos que ellos ejecutan la obra y posteriormente hay una sentencia que dice que todos sus aerogeneradores son ilegales. Si se ejecuta esa sentencia, la empresa le va a reclamar a la Xunta una indemnización por todos los gastos en los que ha incurrido”, añade.
Por eso, desde Adega consideran de gran importancia las paralizaciones cautelares que acaban de conseguir en los tres parques de Monte Toural, Campelo, y Bustelo, los tres de Greenalia. “Cuando recurrimos, pedimos expresamente al TSXG que adoptase una medida cautelar. Que suspendiese la eficacia de las autorizaciones”, ahonda de Abel. Por primera vez en este tipo de actuaciones, consiguieron que se suspendiera el proyecto antes de que comenzasen la obra. Es decir, con esta suspensión, hasta que haya una sentencia “no pueden hacer nada”. “Esto es importantísimo. Si no hay suspensión, aunque la autorización esté impugnada, las obras se hacen y el parque se pone a funcionar. Después puede llegar la sentencia pero los molinos siguen girando. Como siguen girando en Mondoñedo y Corme”, remata el profesor de Derecho de la USC y vocal de Adega, Fernando de Abel.
Greenalia y el Gobierno gallego
Fue precisamente una denuncia de Adega la que dio pie a la petición del BNG en el Parlamento de Galicia para constituir una comisión de investigación sobre “la opacidad en la gestión eólica” del Gobierno gallego. Según la organización ecologista, la Xunta eximió a Greenalia –la eléctrica en cuya cúpula está la exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato– de pagar 11,7 millones de euros por no realizar los planes industriales comprometidos que iban aparejados al concurso eólico de 2010. Para el BNG, este caso, que Adega ha llevado a la Fiscalía, es “solo la punta del iceberg” de las compañías que no cumplieron con los mencionados proyectos y que, así, debían abonar una compensación económica a las arcas públicas.