El Gobierno está trabajando en la intervención de Alcoa ante la negativa de la multinacional a negociar su venta y garantizar la actividad de una factoría fundamental para el empleo de la costa de Lugo. El ministerio de Industria ha encargado a la Abogacía del Estado un informe para intervenir la factoría, tal y como han confirmado a elDiario.es fuentes del departamento que dirige Reyes Maroto. No es el único escenario por el que el Ejecutivo ha preguntado a los abogados públicos pero sí uno de los que está sobre la mesa. La intervención de la planta de aluminio ha pasado de ser una reclamación constante durante los debates públicos a una posibilidad real sobre la mesa de decisiones de Pedro Sánchez. “Sí, la Abogacía del Estado está estudiando la intervención pero también otros escenarios”, asegura a esta redacción un portavoz oficial del Ejecutivo.
La factoría atraviesa un momento crítico: el pasado 28 de mayo Alcoa anunció su intención de despedir a 534 trabajadores, el 84% de la plantilla que tiene en la fábrica de San Cibrao (Lugo). Bajo el argumento de que el negocio de producción de aluminio había dejado de ser rentable por los altos costes de electricidad y la competencia procedente de países asiáticos, los responsables de la planta se lanzaron a una espiral de reuniones en la que nada parecía servirles a no ser echar el cierre.
Tras iniciar un periodo de negociaciones a varias bandas, Moncloa y la Xunta creyeron ver la luz al final del túnel cuando la empresa Liberty manifestó su interés para comprar la planta. Alcoa no llegó a un acuerdo con Liberty pero tampoco con los sindicatos con los que debía negociar las condiciones de despido en la planta lucense. El pasado 29 de septiembre la compañía anunció en un comunicado el fracaso en la búsqueda de un acuerdo con los sindicatos. Se ponía en marcha el periodo legal de 15 días para presentar un despido colectivo. Ese plazo finaliza el próximo martes, por lo que el Gobierno tiene muy poco margen de actuación si quiere parar in extremis el desastre laboral.
Durante el proceso de diálogo la tensión entre el Gobierno y los responsables de la multinacional se hizo palpable. La ministra de Industria, Reyes Maroto, llegó a decir en sede parlamentaria que Alcoa “es el enemigo” y acusó a los responsables de la empresa de estar solo preocupados por recibir subvenciones. Según Maroto, la compañía llegó a recibir 38,4 millones de fondos públicos. Sobre ese dinero, el Ejecutivo advierte que se pedirá que la propiedad devuelva esas partidas si deja caer a la empresa y despide a sus trabajadores. La consigna en los despachos de Industria es “no ponérselo fácil” a la multinacional estadounidense.
El conflicto laboral fue uno de los principales temas de la campaña electoral que le dio a Alberto Núñez Feijóo la cuarta mayoría absoluta. Durante la contienda electoral, Partido Popular y PSOE se enfrentaron en una disputa de reproches sobre lo poco que había hecho la otra parte para garantizar la viabilidad de la empresa. Durante ese tiempo, el Bloque Nacionalista Galego fue el que con más insistencia reclamó la nacionalización como salida al conflicto.
Superada la contienda electoral, las posiciones políticas parecen haberse acercado y tanto desde la Xunta como desde el ministerio aseguran ahora que trabajan de la mano para intentar evitar los despidos masivos que sobrevuelan sobre la vida de más de medio millar de familias de la costa de Lugo. Hasta el popular Alberto Núñez Feijóo ve con buenos ojos la opción de intervenir Alcoa, siempre y cuando se cuente con todas las garantías para ello. La petición de un informe a Abogacía del Estado es el primer paso en la búsqueda de esas salvaguardas.
La intervención de la compañía no implicaría, según fuentes del Gobierno, que el control de la empresa pasara a manos del Estado de manera permanente. Una de las opciones que se barajan es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) asuma la propiedad para luego vender a un tercero. Todo eso es lo que está sobre la mesa en las horas previas al anuncio de un despido colectivo y mientras los abogados del Estado buscan resquicios legales que permitan arrebatar el control de la empresa a sus actuales propietarios.
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