En marzo y abril de 2016 el Tribunal Supremo se pronunció por dos veces contra dos autorizaciones administrativas del Gobierno central con las que en 2003 y 2004 había facilitado la construcción de la planta de gas que Reganosa, con el apoyo de la Xunta de Manuel Fraga, instaló en Mugardos, en el interior de la ría de Ferrol y a pocos metros de viviendas. Pocas semanas después, en mayo de aquel mismo 2016, el Gobierno central en funciones presidido por Mariano Rajoy intentaba acelerar la legalización de la planta, que está en funcionamiento desde 2007, eximiéndola de tener que someterse a una evaluación ambiental completa para volver a obtener aquellas autorizaciones que acababan de ser anuladas. Una decisión que ahora también vuelve a tumbar el Supremo en la que supone la quinta sentencia del alto tribunal contraria a esa instalación.
En esta nueva sentencia del Supremo, con fecha de este miércoles, el alto tribunal recuerda sus dos resoluciones previas de 2016 anulando sucesivamente la autorización administrativa previa y el proyecto de ejecución de la planta de Reganosa, e incluso destaca la “litigiosidad” que viene suponiendo la implantación de esa instalación en Mugardos. Para acelerar la legalización de la planta que ya venía funcionando desde nueve años atrás el Gobierno de Rajoy decidió entonces eximirla de una evaluación ambiental completa argumentando la urgencia debida a una situación extraordinaria. Sin embargo, el Supremo dice que son precisamente sus sentencias previas las que impiden que el Gobierno central pudiese argumentar una situación “de imposible previsión” para justificar saltarse el trámite ambiental.
La sentencia ahora emitida por el Supremo, tras un recurso de la plataforma de vecinos afectados por la cercanía de la planta regasificadora a sus viviendas, también rechaza el intento del Gobierno de considerar a esa asociación como no legitimada para personarse en la causa. El alto tribunal, que retrasa al momento de ejecución de la sentencia la petición de la plataforma de paralizar el funcionamiento de la planta, llega a calificar de sorprendente la petición del Ejecutivo, recordando que la legitimación de los vecinos ya ha quedado reconocida en las sentencias previas emitidas sobre este conflicto a petición precisamente de esa plataforma. De hecho, las citadas no son las únicas sentencias en las que el Supremo se ha pronunciado sobre Reganosa.
Además de anular, ahora por tercera vez, los trámites para la autorización de la planta por parte del Gobierno central, el alto tribunal también ha anulado decisiones del Gobierno gallego que favorecieron una instalación de la que es socia la propia Xunta y que Feijóo incluso llegó a publicitar en un vídeo propagandístico de la compañía. En 2012 el Supremo anuló la modificación del plan de urbanismo de Mugardos aprobada en 2003 que facilitó la implantación física de la planta en el interior de la ría de Ferrol. Y en 2016 anuló también el plan de emergencias de la instalación aprobado igualmente por el Gobierno gallego.
La de Reganosa en Mugardos es la más pequeña de las seis plantas de regasificación existentes en España y fue impulsada por el grupo empresarial Tojeiro (propietario de Gadisa y Forestal del Atlántico) con el apoyo del Gobierno gallego entonces presidido por Manuel Fraga. Junto con las críticas de los vecinos y ecologistas por su emplazamiento en el interior de la ría de Ferrol (por cuya estrecha bocana deben pasar los barcos gaseros que la abastecen, lo que consideran un riesgo añadido a su cercanía a las viviendas) también está en entredicho su propia eficiencia por su escaso uso a lo largo del año, según destacó hace unos meses la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).