La empresa Fergo Galicia Vento S. L. le reclama a la Xunta casi 46 millones de euros por daños y perjuicios después de que la administración autonómica le diese autorización para levantar un parque eólico que terminó tumbando posteriormente el Tribunal Supremo. Se trata de un proyecto que empezó su tramitación cuando la Xunta estaba todavía dirigida por Manuel Fraga Iribarne y que la Justicia anuló de forma definitiva a finales de 2022. El plan era instalar aerogeneradores en la Serra do Oribio, entre los municipios de Triacastela y Samos (Lugo), en plena Red Natura, en la que están prohibidas desde 2014 este tipo de explotaciones energéticas.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso de la compañía contra la Xunta. Fergo Galicia Vento había registrado el 21 de septiembre de 2023 una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Xunta, en la que le pedía una indemnización de algo más de 10 millones de euros por “daño emergente o pérdida patrimonial” y otra de cerca de 36 millones por la ganancia que calcula que dejó de obtener con la anulación judicial de un permiso que le había concendido la administración gallega. Con el pronunciamiento del Supremo, que ratificó la anulación previa decidida por el TSXG, el proyecto se quedó sin posibilidad de desarrollo.
Esta reclamación patrimonial ante la Xunta no fue respondida, de modo que la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSXG. El tribunal ha pedido el expediente a la Xunta. El TSXG indica que uno de los argumentos de los magistrados de la sección tercera de lo Contencioso-administrativo en los autos en los que ordenan paralizar cautelarmente parques eólicos es precisamente buscar el “mal menor”, dado que el coste económico para la Xunta sería mayor si se levantan los aerogeneradores y luego se anulan los permisos. Eso podría conllevar una orden de demolerlos, que asumiría la administración que dio la autorización, y una posible indemnización al promotor.
El parque de la Serra do Oribio fue anulado al considerar la Justicia que la declaración de impacto ambiental no era la necesaria. Cuando se firmó ese documento, acababa de tomar posesión como presidente de la Xunta el socialista Emilio Pérez Touriño, pero el nombre que figuraba en él era el un director xeral del anterior gobierno del PP. El bipartito, basándose en esa declaración de impacto ambiental, dio luz verde después al proyecto, pero este fue modificado con Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo autonómico. Es esa modificación fue anulada. A lo largo de ese periodo de tiempo, argumentaban los jueces del TSXG, la declaración de impacto ambiental había quedado desfasada. Entre los cambios estaba la prohibición de construir parques eólicos en terrenos de Red Natura, como eran los de la Serra do Oribio.
Además de admitir a trámite la reclamación de Fergo Galicia Vento, los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG han emitido varios autos en los que suspenden las autorizaciones de la Xunta para cuatro parques eólicos, que son los de Maxal, Serra do Colmo, Uxo y Castro Valente. En otros dos casos -Monte do Cordal y Seselle, acordaron rechazar la medida cautelar solicitada.