El nombramiento de Alfonso Sánchez Izquierdo como director xeral de la CRTVG fue una de las primeras decisiones que tomó Alberto Núñez Feijóo al llegar a la presidencia de la Xunta y su relevo –quince años después, tras una maniobra por la puerta de atrás para mantenerlo en el cargo sin consenso– es ya una de las cuestiones que Alfonso Rueda tiene sobre la mesa, antes incluso de su toma de posesión. Pendiente de la justicia y señalado por el papel de los medios públicos durante la campaña, donde se plegaron sin pudor a la estrategia de los populares, Izquierdo ha dejado claro que ve llegada la hora de marchar.
El máximo responsable de la corporación nunca ocultó que su compromiso real era con Feijóo, el hombre que lo nombró apenas 40 días después de ser investido presidente. Entonces, Izquierdo llegaba preparado para liderar una etapa “de transición” que no excedería “el corto y medio plazo”. Era el año 2009.
Aunque siempre insinuó estar dispuesto a dar un paso al lado –“llevo oyéndoselo ocho años”, recuerda una veterana sindicalista–, no fue hasta la marcha a Madrid del líder del PP cuando se sintió liberado de esa obligación. Sin embargo, según transmitió a diversas fuentes consultadas por elDiario.es, tras el cambio al frente de la Xunta, Alfonso Rueda le pidió que esperase y se mantuviese en el cargo hasta la celebración de las elecciones autonómicas. Ese momento ya ha pasado.
Un mes después de los comicios, tras una reunión del Consello de la Xunta, a Rueda se lo preguntaron directamente. “A mí no me consta”, respondió entonces. “Por lo menos no se dirigió a mí directamente diciendo que ya llegó el final de su trabajo. Por lo tanto, no quiero adelantar acontecimientos. Si así fuese, me lo diría”.
“Nadie celebrará más la marcha de Izquierdo que la plantilla de la CRTVG”, aseguran desde el comité intercentros. “Su marcha sería muy positiva porque su gestión y la de su equipo están agotadas”. Consideran que el director xeral llevó a los medios públicos “a una situación límite, insostenible ya por más tiempo”.
Recuerdan que el personal de la corporación lleva “años” movilizándose por “un cambio de rumbo” que permita trabajar con criterios profesionales de servicio público, sin injerencias políticas y sobre todo, en un entorno que garantice “la seguridad y la salud de las trabajadoras, que enfrentan vulneraciones cotidianas de derechos fundamentales”.
El consejo de administración, a la espera de respuesta
En cuestión de días, Izquierdo tendrá la opción de desvelar sus planes al consejo de administración de la CRTVG. En el último pleno se le plantearon preguntas sobre su continuidad, cuestiones que –dado el formato de esas reuniones– deberá responder en el próximo, el que se celebrará a finales de este mes de abril.
El departamento de comunicación de la CRTVG no ha querido hacer comentarios y se remite, como es habitual, a las declaraciones oficiales del director xeral, que son las que realiza en la Comisión de Control parlamentario, donde Izquierdo “dijo en varias ocasiones que deben ser los partidos integrantes de la cámara los que busquen los acuerdos marcados por la actual ley para su relevo”.
Sin embargo, la continuidad del director xeral hace años que no se ajusta a la letra de la Lei de Medios de Galicia, aprobada en 2011, dos años después de su toma de posesión. En ella se recoge la exigencia de una mayoría cualificada del Parlamento (tres quintos) para nombrar al máximo responsable de la corporación. Si en en ese primer intento no llega el acuerdo, bastará con el apoyo de tres quintas partes de la cámara en una segunda votación.
Eterna transitoriedad
Un lustro después de la entrada en vigor de la Lei, y ante la falta de acuerdo entre los grupos para renovar o relevar a Izquierdo, la Xunta introdujo una reforma unilateral en la ley de acompañamiento de los presupuestos, ese cajón desastre que vale para todo; también para dejar atado que, si no existe consenso sobre la figura del director xeral, “el ejercicio de sus funciones corresponderá transitoriamente a la persona que sea titular de la dirección general de la Compañía”. Esa transitoriedad va camino de los ocho años.
El relevo es tan complicado hoy como entonces, aunque la aritmética parlamentaria no sea exactamente la misma. De hecho, el PP puede alcanzar tres quintos del hemiciclo si obtiene el apoyo de los socialistas y el diputado de Democracia Ourensana. Aunque la postura del PSdeG de Besteiro es una incógnita, sobre el papel parece casi imposible cualquier acuerdo en torno a unos medios que la Xunta usa como ariete principal, no sólo contra la oposición, sino contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.
La reforma de la Lei –que ya en 2022 Izquierdo consideraba “obsoleta y superada”– es otra de las posibilidades. Aquí, el PP puede usar su rodillo parlamentario, pero los plazos juegan en su contra y el proceso puede prolongarse demasiado. No sería sorprendente, por tanto, que los populares optasen por buscar una nueva estratagema como la de la ley de acompañamiento, que les permitiese cambiar al director xeral sin tocar la ley ni necesitar apoyo de otros grupos.
En aquella comparecencia de hace un mes, Rueda ponía otra vez el foco en la oposición para alcanzar un nombramiento pactado. “Depende de las ganas reales e intención de consenso que tengan las otras fuerzas políticas, siempre respetando la proporcionalidad del resultado electoral”.
Los frentes judiciales: acoso moral e impugnación de la alta dirección
Izquierdo cumplió 75 años el pasado 21 de febrero, tres días después de las elecciones autonómicas en las que el PP revalidó su mayoría absoluta. Él comenzó esa jornada declarando en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago como investigado en la causa por el acoso moral a una trabajadora de la Radio Galega, un caso en el que están implicados otras siete personas que en aquel momento ejercían altos cargos en la CRTVG. Prácticamente todos continúan en sus puestos.
Pero no es esta la única amenaza judicial sobre la cúpula de la corporación. El 14 de marzo, el mismo día que Rueda hablaba sobre Izquierdo tras el Consello, quedó visto para sentencia en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el juicio por la supuesta irregularidad de los contratos de la alta dirección de la corporación. Una denuncia del sindicato CIG, a la que se adhirieron CCOO y UGT, además del mayoritario CUT, y que –basándose en una sentencia previa por despido– considera que 31 de los 37 altos cargos del organigrama estarían contratados en fraude de ley.
Muchos nombres para el relevo
Antes el esperado adiós de Izquierdo, las especulaciones sobre su hipotético sustituto se multiplican. Entre los nombres que más se repiten –todos hombres– hay dos exdirectores de La Voz de Galicia: Bieito Rubido –actual responsable de El Debate, medio de la asociación católica de propagandistas, que presentó su edición gallega con el respaldo de la cúpula de la Xunta– y José Luis Gómez, de perfil más progresista y por si hiciese falta un hombre de consenso. Los dos son comentaristas habituales en los medios públicos. A ellos se ha sumado en los últimos tiempos una tercera posibilidad, también con pasado en el periódico coruñés, pero desde hace varios años al frente de Diario de Pontevedra: Miguel Ángel Rodríguez.
Si hubiese que buscar ese relevo dentro de la casa, suenan sobre todo dos altos cargos: Fernando Ojea y José Pereira. Ojea, director de contenidos en la CRTVG, es una de las personas más próximas a Izquierdo. Dirigió Atlántico Diario –perteneciente al grupo La Región, donde Izquierdo lo fue todo– hasta que su jefe se lo llevó con él a los medios públicos.
Ojea fue el rostro de la corporación en el juicio contra Carlos Jiménez, locutor sancionado por una supuesta incompatibilidad y que, como quedó probado en la sentencia, en realidad fue represaliado por su participación en el movimiento Defende a Galega, que desde hace más de 300 semanas lucha contra la manipulación de los medios públicos gallegos.
Por su parte, Pereira, en tiempos muy vinculado al PSOE, fue decano de la Facultade de Ciencias da Comunicación –centro que mantiene importantes vasos comunicantes con la CRTVG– y vicerrector de la Universidade de Santiago antes de desempeñar el cargo de director de Innovación de la corporación.
Pereira es uno de los altos cargos investigados por acoso laboral, junto a Sánchez Izquierdo, y también uno de los que amenazaron a varios medios de comunicación –entre ellos, elDiario.es– con emprender acciones legales si no se borraba la información que daba cuenta de su implicación en la causa. Pero como con Feijóo hace 15 años, el nombre que finalmente se pondrá sobre la mesa será el que decida Alfonso Rueda.