Expertos acusan a la Xunta de abrir al negocio eólico todo el suelo rústico sin protección de Galicia

El Observatorio Eólico de Galicia, una entidad ligada a la Universidade de Vigo, ha denunciado que la Ley de Reactivación aprobada por el PP en febrero abre la puerta a la instalación de molinos de viento en áreas que hasta ahora no permitía el Plan sectorial eólico, la norma que desde hace 20 años regula el sector en Galicia. La nueva norma permite al Gobierno gallego autorizar de forma discrecional la apertura de parques eólicos fuera de las conocidas como Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) siempre que los proyectos “tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados como tales por la Xunta de Galicia”.

El Gobierno gallego ya había abierto la puerta a instalar aerogeneradores fuera de estos polígonos en 2017, cuando una modificación de la ley que regula el sector desde 2009 permitió ubicar nuevos molinos “en las franjas paralelas” de las ADE. Este es el caso del parque eólico Coto do Carballal, situado en las proximidades de la Serra do Cando, en Pontevedra, que ya aparece como una nueva solicitud en el Registro Eólico de la Xunta, con una subestación y tres de sus cuatro molinos fuera de una zona reservada por el Plan Eólico.

Para el profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo y portavoz del Observatorio Eólico de Galicia, Xavier Simón, la ola de proyectos eólicos que se vive en la comunidad tiene relación directa con la liberalización del sector promovida en 2017 por la Xunta, a través de la ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales. “Esto se convirtió en el salvaje Oeste”, asegura Simón. “El marco actual permite que, en las Áreas de Desarrollo Eólico que no tienen molinos, el primero que solicite ahí un parque se queda con la parcela y nadie más puede instalarse mientras dure la tramitación. Se incentiva que las empresas presenten muchos proyectos para copar todos los terrenos donde se pueden montar eólicos”.

La reducción de los costes de producción de la energía eólica en los últimos años ha ayudado a impulsar un sector que cada vez atrae a más empresas en Galicia, incluidas algunas sin experiencia en el sector de la energía, como Inditex, que ya ha constituido su filial Inditex Renovables para instalar tres aerogeneradores en el puerto exterior de A Coruña, con los que abastecer a su sede central de Arteixo y a los muelles. En los últimos 20 años, el coste medio de producir energía en un parque eólico español cayó un 56%, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de las Energías Renovables. 

El empujón al sector también cuenta con el marco favorable de la Unión Europea, que se ha fijado para 2030 el objetivo de que el 32% de su producción energética tenga origen renovable. El propio Gobierno de España prevé destinar un 37% de los fondos europeos Next Generation a inversiones verdes durante los primeros tres años. “La preocupación en Galicia no tiene que ver con la energía eólica en sí, sino con el marco jurídico que regula ese desarrollo eólico, que de base es muy antiguo, fue parcheado sin que la ciudadanía tuviese una participación real y sirve solo a un oligopolio empresarial”, remarca Xavier Simón.

La paradoja de la propiedad pública

El viento gallego se ha convertido en una mina de la que se lucran un puñado de empresas, la mayoría de fuera de Galicia. De acuerdo con el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), del total de los 3.849 MW instalados en Galicia, un 43,5% están en manos de tres firmas privadas: Ibredrola, Acciona y Endesa. Algunas son gallegas, como Norvento, con 222 MW, e incluso las hay públicas o con participación del Estado. Los propietarios de estas últimas no están en ningún ayuntamiento de Galicia, ni en los despachos de la Xunta o de algún Ministerio en Madrid. Hay que buscarlos en Gobiernos extranjeros, como el italiano, propietario de un 23,6% de Enel, la cuarta eólica de la comunidad con 508 MW, o el chino, dueño de un cuarto de las acciones de la portuguesa EDP, con 253 MW.

En el futuro podrían sumarse más Gobiernos del mundo al negocio del viento gallego ya que el noruego prevé abrir, a través de la sociedad estatal Statkraft, el parque de Barjas (20 molinos y 121 MW) en la frontera entre Ourense y El Bierzo, afectando a 3 municipios gallegos y cuatro leoneses. “Nada impediría a la Xunta o al Gobierno central tener una participación así, es solo una cuestión de voluntad política”, asegura Simón.

Tras el reciente cierre de la planta de palas eólicas de Siemens Gamesa en As Somozas, el decano de Colegio de Ingenieros industriales de Galicia, Oriol Sarmiento, considera que lo fundamental es aprovechar el desarrollo del sector en los próximos años para fortalecer una industria auxiliar, tanto en la rama de la producción de componentes como en servicios de ingeniería.

En la actualidad, existen empresas importantes como GRI, en Ourense, con fábricas en varios países y especializadas en la construcción de torres y bridas para los molinos, o el consorcio vasco Gestamp, con plantas en Vigo y O Carballiño. “En los últimos 30 años se desarrolló un sector auxiliar fuerte, pero sufrió el parón de la pasada década”, asegura Sarmiento, en alusión a los años posteriores a la crisis financiera de 2008, cuando se desplomó la instalación de renovables en toda España por un cúmulo de factores como la caída del consumo eléctrico, la dependencia de una tecnología renovable que aún no estaba madura y necesitaba ayudas y la sobrecapacidad de producción del sistema.

En esta línea iría la propuesta presentada al Gobierno central por la empresa gallega Greenalia para fabricar cimentaciones flotantes de eólica marina en una planta de ensamblaje que podría ubicarse en los puertos de A Coruña y Ferrol. Precisamente, en los parques eólicos marinos es donde Sarmiento ve buena parte del potencial eólico de Galicia a pesar de que, dice, “vamos con años de retraso”. Por las características de la placa continental gallega, los parques marinos de la comunidad deberían asentarse sobre estructuras flotantes, una tecnología menos avanzada que la de los aerogeneradores que tiene base en el fondo del mar pero que en países como Portugal ya están desarrollando más decididamente, como en el parque flotante ubicado a 20 km de Viana do Castelo. 

En los próximos años, la posibilidad de que abran en Galicia varias plantas de hidrógeno verde en As Pontes o Meirama, presentadas como proyectos “tractores” para captar fondos europeos Next Generation, podría hacer disparar la demanda de energía renovable, indispensable para poder extraer el hidrógeno del agua. “Veremos lo que pasa con esas plantas, pero si van adelante necesitaremos una infraestructura eólica que, si puede estar en el mar, puede evitar problemas en tierra, como el impacto al pasaje o a las comunidades rurales”, dice el decano del Colegio. Haría falta, eso sí, “acelerar una nueva ordenación del espacio marítimo” para adaptarlo a esta actividad. Una tarea que, asegura, todavía está pendiente.