“No podemos seguir acordándonos del fuego solo en verano”, se lamenta estos días Alberto Varela, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Es una letanía constante, que se repite año tras año cuando arranca el dispositivo contra los incendios forestales en Galicia, considerada el polvorín de España, al concentrar el 29% de los fuegos. La ausencia de medidas preventivas más amplias en una comunidad con alta densidad boscosa –el 65% de su superficie es monte– concentra las quejas de alcaldes y agentes forestales.
La maleza es copiosa tras un invierno seco y una primavera anormalmente calurosa, con temperaturas tres grados por encima de la media. La vegetación ha vuelto a cubrir los caminos y franjas de seguridad desbrozados en abril. Y la prealerta por sequía decretada en las cuencas hidrográficas Galicia-Costa y Miño-Sil ha disparado el riesgo y preocupación ante un verano que se anuncia complicado. Tanto que la Consellería do Medio Rural ha ordenado una práctica que lleva años sin realizar: quemas controladas en los montes para reducir el nivel de biomasa, especialmente fértil este año y un combustible idóneo para aumentar la voracidad de cualquier fuego.
En pleno despliegue del Plan de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia (Pladiga), con un operativo de 7.000 personas cuya contratación aún está en curso estos días, los alcaldes se quejan de la enorme burocracia y dificultades que tienen que afrontar para hacer cumplir la obligación de mantener limpias las franjas de seguridad alrededor de edificaciones y núcleos de población. “Supone una gran carga de trabajo dedicarnos a enviar requerimientos a los propietarios de fincas para que desbrocen sus terrenos, faltan medios y lo más difícil es identificar a los dueños”, resume Varela, alcalde de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). El abandono del campo y el minifundio, tan característico en Galicia, convierten en muy compleja la labor de los ayuntamientos de velar por una limpieza preventiva de montes y terrenos.
Reunidos el pasado 7 de junio en Santiago por la Fegamp, los 271 alcaldes adscritos al convenio de gestión de las franjas secundarias pusieron de manifiesto lo mucho que les cuesta identificar a los propietarios de fincas que deberían estar libres de maleza. “Y a muchos de los vecinos a los que notificamos su obligación de mantener limpias sus terrenos son personas mayores, con pequeñas pensiones, que no pueden hacerlo”, destaca el presidente de la Fegamp. Recuerda que la vegetación es tenaz en esta época del año, y el desbroce ha de hacerse casi cada mes en fincas, bordes de carreteras y caminos. Una labor ingente y costosa para que la faltan medios.
Para los alcaldes, sería de utilidad contar con herramientas digitales para facilitar la identificación de los propietarios y reducir la burocracia para enviar los requerimientos. La ley contra incendios prevé que las franjas de seguridad de 50 metros alrededor de edificaciones y núcleos de población deben estar limpias antes del 31 de mayo. Prohibidas también están las especies que arden con más facilidad como los pinos, los eucaliptos y las mimosas. Quien no cumpla con esa obligación se expone a sanciones de entre 100 y 10.000 euros. “Cuesta. No es fácil pero tampoco queremos llegar abrir procedimientos de multas coercitivas”, remarca Alberto Varela.
La prevención es “deficiente”, faltan “políticas de montes” que no sean temporales, se quejan los alcaldes. Desde la CIG, respaldan el lamento. “No hay más fuegos en agosto que en octubre; los inviernos son cada vez más secos. Las labores preventivas han de ser constantes, no temporales, y deberían haber una estrategia y una iniciativa públicas que vayan más allá de estar desbrozando todo el año”, comenta Zeltia Burgos, responsable del sindicato nacionalista en la Administración autonómica y agente forestal de profesión. No todo debe concentrarse, como ocurre desde hace décadas, en la extinción del fuego, sino que “hay que buscar alternativas”, añade Burgos, que propugna la profesionalización del servicio de lucha contra los incendios, lo que permitiría que estuviese operativo todo el año para realizar labores de prevención en los montes.
La precariedad laboral de 3.000 agentes del Pladiga contratados como trabajadores fijos discontinuos durante tan sólo medio año es brutal, afirma la sindicalista. Una ley estatal les prohíbe trabajar en el sector público, ni siquiera en entidades como la Cruz Roja, subraya Burgos, durante los meses de invierno en los que no está operativo el Pladiga. Una norma que no solo hace que los brigadistas tengan salarios anuales por debajo del umbral de la pobreza sino que les impide, como ocurría hace años, trabajar en la limpieza de los montes durante el invierno.
Brigadas envejecidas y mal equipadas
La cobertura de plazas es, no obstante, “más ágil que hace años”, reconoce la responsable de la CIG, y se avanzó en la formación del personal. Pero el equipamiento es deficiente, los medios materiales son de peor calidad, y las brigadas no está lo suficientemente cubiertas para atender fuegos cada vez más peligrosos. Los bomberos forestales carecen de bombas de oxígeno, como recomienda Inspección de Trabajo, y no se determinan zonas de refugio en las que abrigarse en caso de verse atrapados por las llamas en un incendio, enumera Zeltia Burgos. Pone además el acento en un problema del que no se habla: el envejecimiento de los brigadistas forestales en Galicia. La media de edad supera los 50 años “y son muchos los que ya tienen más de 60”, lo que incide en la capacidad de reacción para combatir las llamas. Un bombero forestal interviene cada año en una media de 300 incendios, una elevada exposición al fuego que suele pasar factura en la salud. No son pocos los que tras 30 años trabajando en la lucha contraincendios padecen problemas pulmonares o alergias que no son considerados enfermedades profesionales y tampoco pueden acogerse, como sí ocurre en otras profesiones de riesgo, a una jubilación anticipada con coeficiente reductor.
Al personal contratado por la Xunta para esta campaña contraincendios, según las cifras del Pladiga 2022, se añaden 2.149 trabajadores de ayuntamientos y parques comarcales. Son casi un 12% menos (284) que el año pasado. Desde la Fegamp, apuntan que se retrasó la resolución de las subvenciones autonómicas para formar las brigadas municipales, cuya contratación se está realizando en estos momentos, un poco más tarde de lo habitual. En lo que sí se avanzó, y mucho, es en la participación e implicación de los ayuntamientos en la lucha contra los fuegos forestales: el 75% de los 313 que hay en Galicia ya cuentan, por primera vez, con un plan municipal contra incendios aprobado o en tramitación.