Beatriz Fernández Blanco y Adriana Martínez Losada son dos mujeres gallegas que decidieron ser madres sin pareja. Las dos eran conscientes durante el embarazo de que el permiso que les correspondería al nacer su bebé sería de 16 semanas y de que no habría un segundo progenitor que pudiese disfrutar de su propio permiso para retrasar el momento en el que sus hijas tuviesen que entrar en la guardería. “Es una total discriminación hacia las familias monoparentales”, resume Martínez Losada. A ambas la Justicia les ha reconocido que tienen derecho a sumar el periodo que le correspondería al segundo progenitor y también que pueden hacerlo de forma inmediata, sin necesidad de esperar a que la decisión sea firme. Son las primeras batallas ganadas en una lucha que aspira a un cambio en la ley.
Antes de estas dos sentencias pioneras en Galicia, hubo otra en Euskadi, que fue la que terminó de animar a estas dos madres a reclamar por la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio a conocer en noviembre de 2020 una decisión en la que daba la razón a una mujer a la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le había denegado las ocho semanas adicionales que le habrían correspondido entonces al segundo progenitor –su hija nació en 2019 y los tiempos se fueron ampliando después–. Los principales aspectos positivos de los fallos judiciales sobre los dos casos gallegos son la rapidez con la que se han pronunciado los jueces y el hecho que de que sean sentencias ejecutivas. Es decir, que reconocen que el derecho se puede disfrutar aunque el proceso no esté concluido porque se han presentado recursos. Nicolás Alonso, abogado del Colectivo Ronda que ha trabajado con numerosos casos de familias monoparentales en España, compara los tiempos con los de algunos pleitos que lleva en Andalucía y cuyos juicios están señalados para 2024.
Estos retrasos, expone, hacen que el proceso no tenga sentido porque es en los primeros meses de vida de un bebé en los que los cuidados ocupan más tiempo. Las sentencias de Beatriz y Adriana “abren camino” para luchar contra lo que califica de “discriminación” hacia los menores nacidos en familias monoparentales. Cuando hay dos progenitores hay también dos permisos, que implican más tiempo de cuidados. “El que lo sufre al final es el menor, que tiene la misma necesidad de cuidados”, señala Alonso.
Beatriz Fernández Blanco relata que, cuando se quedó embarazada, no estaba entre sus planes protestar, pero se dio cuenta de que iba a tener que llevar a su hija a una guardería con solo cuatro o cinco meses y “eso no era así con el resto de niños”. Todo el proceso de tener un bebé le parece “pensado solo para la biparentalidad”: desde que se dé por hecho que alguien distinto a la madre biológica puede hacer los primeros trámites si ella necesita descanso a que el permiso para cuidados se viese reducido a solo 16 semanas. Cuando hay dos progenitores, resalta, se puede alargar hasta ocho o nueve meses. “Me sigue pareciendo poco, pero pensaba que para mi hija era una injusticia tener cuatro”, explica. Cuando leyó sobre la sentencia de Euskadi se puso en contacto con el abogado Enrique Fonteboa. Su caso se presentó ante la justicia a principios de febrero de este año y el 5 de abril el Juzgado de lo Social número 1 de Vigo le había dado la razón. A ella le reconocieron otras 12 semanas, que son las del permiso del segundo progenitor que se aplicaban en 2020, cuando nació su bebé.
En 2021 entró en vigor otra modificación de la norma que eleva a 16 semanas el periodo, de forma que se equiparan los de ambos progenitores. Para fomentar la corresponsabilidad, es intransferible. “Yo entiendo esa parte”, expone Beatriz, pero es la que dificulta que en casos como el suyo se puedan reclamar los dos permisos. El cambio que corregiría esta situación es, en su opinión, “muy simple” y sería acumular los permisos en caso de que solo haya un progenitor. Cree que así se haría justicia: “Por natalidad, por diversidad familiar y por feminismo, ya que el 83% –de las familias monoparentales– son de mujeres”. Critica la actitud del INSS, que ha recurrido en todos los pasos, tanto sobre que le den la razón como sobre que la sentencia se ejecute de inmediato. Pese a las “piruetas” de la administración, ella está ahora mismo disfrutando del derecho que le reconoció la sentencia.
En la misma situación está Adriana Martínez, que agota el permiso el 30 de junio pero que enlaza con las vacaciones de verano porque es profesora. Ella asegura que siempre tuvo intención de reclamar para defender los derechos de su hija y el Juzgado de lo Social número tres de Ourense le dio la razón a finales de marzo. Fue después de dar a luz, en septiembre de 2020, cuando entró en contacto con la asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) en Galicia, que asesoró a estas dos mujeres.
“Esto de litigar es porque no nos queda otra solución. A nosotras nos tienen olvidadas y todo el movimiento es en busca de que haya un cambio legislativo”, explica Adriana. Ese, el del cambio de la norma, cree que será “el paso siguiente” si el Tribunal Supremo da la razón a la madre en el caso de Euskadi –la administración recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco–.
Nicolás Alonso también reclama el cambio legislativo. Cuando empezó a trabajar con este tipo de casos era esta vía, y no la judicial, la que le hacía ser más optimista. Sin embargo, los avances están llegando en los tribunales. Las sentencias de Euskadi y de Galicia, dice, abren una puerta “muy amplia” y hay cada vez más sentencias en primera instancia favorables a las familias monoparentales en este aspecto. En su opinión, dan más argumentos para pedir la modificación de la ley.