La furia impugnadora de Alberto Núñez Feijóo respecto al actual Gobierno de coalición no es nueva. En 2009, cuando ganó contra pronóstico y por la mínima las elecciones gallegas, inició su primer mandato como presidente de la Xunta de Galicia con un propósito principal: la destrucción del legado del gobierno progresista anterior. La acción propositiva de sus ejecutivos –obtuvo después cuatro mayorías absolutas consecutivas– resultó, sin embargo, discreta. Ahora, a mes y medio de las elecciones, Feijóo repite estrategia y avanza que, si gobierna, derogará leyes como la de la memoria democrática o la trans, modificará la de eutanasia y la educativa y eliminará el Ministerio de Igualdad.
Habían pasado poco más de tres meses desde la derrota electoral de la coalición formada por Partido Socialista y BNG cuando el recién estrenado presidente de la Xunta anunció una de sus primeras medidas: la supresión de la gratuidad universal de los libros de texto. Feijóo acababa con una de las medidas estrella del bipartito y lo hacía envuelto en eufemismos. “Las rentas medias y bajas tendrán garantizada la gratuidad sin límites”, dijo. En realidad, tres de cada cuatro familias se quedaron sin ayuda. Con el tiempo y los sucesivos gabinetes del PP, el sistema asumió pequeños cambios, pero los libros de textos de la escuela pública nunca volvieron a ser universalmente gratis.
Tampoco nunca hubo reversión de una de las primeras decisiones en política de vivienda. El primer conselleiro de Medio Ambiente e Vivenda, Agustín Hernández, decidió rebajar la reserva de suelo para vivienda protegida y otorgó a los ayuntamientos la capacidad de dejarla por debajo del 30%. No fue el del acceso a la vivienda un problema que preocupase excesivamente al PP gallego. Lo admitía el propio Alfonso Rueda, vicepresidente con Feijóo y su sucesor en el Gobierno gallego desde hace un año: “No lo habíamos detectado”. Y eso que la oposición (BNG, PSOE o las distintas formulaciones de la otra izquierda) lo había llevado al Parlamento en numerosas ocasiones. En la última década, por ejemplo, la construcción de pisos protegidos para alquiler social quedó varios años a cero. Hace un par de meses, y al calor del debate suscitado por la nueva ley de vivienda estatal, el Gobierno gallego aseguró que esta vez sí, que colocará 2.000 viviendas en el mercado para alquiler social.
Los reveses judiciales al fiasco eólico del PP
La energía eólica se convirtió en otro de los caballos de batalla de aquel Núñez Feijóo. El plan del bipartito en la materia, que había provocado disensiones internas a socialistas y nacionalistas, incluía la participación pública en las empresas que instalasen molinos y la obligación de que ejecutasen programas industriales en las comarcas afectadas. El PP no tardó ni cuatro meses en anularlo. Feijóo argumentaba que había “tachas graves de legalidad” en el concurso que había concedido parques eólicos con un total de 2.300 megavatios. Tachas de legalidad hubo, sí, pero no las que denunciaba el ahora líder estatal de los populares, sino las derivadas de su prisa por derogar las políticas del anterior gobierno. El Tribunal Supremo declaró ilegal su anulación. La parálisis en el sector duró casi diez años. La Xunta quiere ahora revertirla con una relajación en los controles ambientales que le está suponiendo, de nuevo, numerosos reveses judiciales.
Todavía en los últimos meses de su último mandato, Alberto Núñez Feijóo presumía de haber construido el Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. No lo hizo. El proyecto lo dejó prácticamente finalizado el bipartito. Al entrar en la Xunta, el PP lo desechó y lo reformuló a su modo. Lo que iba a ser un centro público, presupuestado en unos 500 millones de euros, se convirtió en una construcción con financiación público-privada. La fórmula implica un pago aplazado que obliga al Gobierno gallego a pagar un canon anual millonario a la empresa concesionaria de las obras y el mantenimiento, una UTE encabezada por acciona que en 2020 vendió su parte al fondo francés Meridiam.
“Si ese método se llega a extender a otros hospitales sería imposible de financiar”, explicaba a este periódico Manuel Marín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, quien sintetizaba la política sanitaria de Feijóo “en desmantelar, favorecer a multinacionales y mentir descaradamente”. Las protestas ciudadanas, la mayoría de ellas multitudinarias, se han sucedido durante sus legislaturas. También durante el año que Alfonso Rueda, cuya agenda neoliberal es intensa, lleva como presidente.
Contra el gallego y la memoria histórica
La ley de memoria democrática que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado octubre es otro de los objetivos prioritarios a derribar por Feijóo, según él mismo ha explicado a los medios de comunicación. También lo ensayó antes en Galicia. La coalición del Partido Socialista de Emilio Pérez Touriño y el BNG de Anxo Quintana había concedido especial importancia a la memoria histórica y a la reparación oficial de las víctimas del fascismo. La Xunta del PP adoptó el camino opuesto. Redujo las partidas presupuestarias al mínimo y desactivó la Illa da Memoria proyectada en San Simón (Redondela, Pontevedra). El lugar había sido un campo de concentración franquista durante la Guerra Civil por el que pasaron más de 6.000 presos. Feijóo lo transformó en una Illa do Pensamento. “Acogerá un centro de arte vivo, no será un mausoleo”, justificó el entonces conselleiro de Cultura del PP, Roberto Varela. Las instalaciones no son muy activas, más allá de prestarse para todo tipo de eventos.
Ese mismo departamento de Cultura del primero de los ejecutivos de Feijóo en Galicia también dejó sin dotación a los Premios da Cultura Galega. Además, les retiró el adjetivo “nacionais” que los acompañaba, algo que también sucedió en la Biblioteca de Galicia de la Cidade da Cultura. A Feijóo no le gustó tampoco que la red pública de escuelas infantiles se llamase Galescolas, y las rebautizó como Galiñas Azuis –la referencia es a un cuento infantil de escritor Carlos Casares. Pero la principal de las batallas culturales emprendidas por aquel Partido Popular fue contra el gallego. Por primera vez en la historia de la autonomía, el Gobierno gallego reducía la presencia del idioma propio de la comunidad –así lo define el Estatuto– en la enseñanza. Aquella decisión, adoptada después de una durísima campaña contra la lengua apoyada en noticias falsas y agrupaciones extremistas, se tomó con toda la comunidad educativa en contra. Rompió los consensos parlamentarios existentes –el Plan de Normalización Lingüística de 2004 lo habían aprobado PP, PSOE y BNG– y contribuyó a la zozobra estadística de la lengua gallega.
Tras esos primeros años de furia impugnadora del legado del bipartito progresista, la Xunta de Galicia del PP se instaló en una gestión rutinaria en la que escasearon producción legislativa, proyectos estratégicos e ideas de fondo. Eso sí, las mayorías absolutas se sucedieron en las urnas: Feijóo encadenó cuatro, igualó la marca de Fraga Iribarne y solo salió del Gobierno gallego cuando se embarcó junto a Díaz Ayuso en la operación para defenestrar a Pablo Casado. Ahora insiste en replicar las tácticas de 2009 y centra su discurso en lo que derogará, corregirá, retirará, abortará, casi nunca en lo que propondrá.