El próximo 17 de julio Pedro Sánchez recibirá al presidente de la Xunta en el Palacio de La Moncloa. En un clima político aún marcado por su renuncia a la carrera por la sucesión de Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo ha desgranado en los últimos días cuáles serán las demandas que formulará al nuevo titular del Gobierno central. Como en los casi tres años en los que convivió con José Luis Rodríguez Zapatero como jefe del Gobierno de España, Feijóo avanza exigencias en materia de financiación autonómica y también sobre los plazos del AVE -el último horizonte es 2020-, pero también afirma que exigirá a Sánchez la transferencia de competencias sobre la AP-9 a Galicia, traspaso que el propio PP intentó volver a bloquear hace apenas dos semanas en el Congreso de los Diputados.
En el marco de una entrevista en la Radio Galega el presidente de la Xunta consideró el pasado fin de semana que bastará con instar a Sánchez a ser coherente para lograr el traspaso. El Gobierno socialista no podrá decir 'no' si “hay un mínimo de coherencia política” porque “en los últimos años, el Partido Socialista en Madrid y en Galicia dijo que sí a la transferencia de la autopista”, por lo que “lo único que hay que hacer ahora es concretar cuáles son las inversiones previstas en la autopista, cuál es el coste de los peajes, que lo sabemos todos, y firmar el real decreto de transferencias” para que las competencias cambien de manos.
Ese guion para el traspaso es, precisamente, el que marcaban las proposiciones de ley que el gobierno de Mariano Rajoy vetó hasta en tres ocasiones en apenas año y medio. Ese veto gubernamental se basó en cálculos económicos erróneos y fue más allá de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno central para bloquear leyes que provoquen variaciones en los Presupuestos Generales del Estado, según el criterio fijado por el Tribunal Constitucional el pasado abril. Por esta vía el antiguo gabinete de Rajoy impidió dos veces que llegara a votarse en el pleno del Congreso a ley para el traspaso que llegó a las Cortes con el aval de la unanimidad del Parlamento de Galicia -ya está en marcha una tercera, que acaba de culminar el trámite en comisión- e hizo lo mismo cuando la ley de la transferencia fue planteada por En Marea.
Pero tras esos tres vetos llegó la sentencia del Tribunal Constitucional y también la moción de censura que tumbó al Gobierno de Rajoy. El pasado 12 de junio la Mesa del Congreso se reunió para evaluar las leyes que estaban paralizadas por los vetos gubernamentales, entre ellas la del traspaso de la AP-9 que había presentado En Marea. El PP volvió a apoyar mantenerlas vetadas, pero el grupo que había sido su aliado para el bloqueo, Ciudadanos, cambió de criterio apoyándose en el fallo del TC. La propuesta de En Marea quedó desbloqueada y, casi al mismo tiempo, expiró el plazo legal en el que el Ejecutivo socialista podía ofrecer argumentos para intentar vetar la proposición de ley que este mismo grupo había presentado para buscar un segundo intento de transferencia con un texto casi idéntico. Fue así como dejó, por partida doble, de existir veto a la ley del traspaso, toda vez que los tres votos del PP en la Mesa del Congreso no fueron suficientes para paralizarla.
Diez años después de las últimas transferencias
De este modo, ya nada impide que en el Congreso continúe el curso hacia el pleno de la ley del traspaso. Tal y como figura en el texto de la propuesta ya publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, si la proposición de lei es aprobada la Xunta asumirá las competencias sobre la AP-9 que ahora ostenta el Estado, incluyendo la “potestad sancionadora con respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la autopista”. Mientras, la Administración General del Estado “conservará a su cargo” los “deberes con repercusiones económicas y financieras derivadas de la concesión en vigor” que hayan sido firmadas antes de la firma del traspaso. Los términos concretos de la transferencia quedarían ratificados, en todo caso, en un “acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia” que se plasmaría en el correspondiente real decreto de traspasos.
Si el traspaso de la Autopista del Atlántico a la Xunta llega a convertirse en realidad sería la primera transferencia del Gobierno de España al gallego en más de una década. No en vano, este 1 de julio se cumplirán diez años desde que la entonces ministra de Administraciones Públicas, Elena Salado, promulgó los reales decretos que culminaban la tramitación de las últimas transferencias negociadas por el gabinete de Zapatero con la Xunta que entonces dirigían PSdeG y BNG. Menos de un año después el PP llegaba a la Xunta con la promesa de “recobrar” la “agenda de traspasos pendientes” y de “comenzar” a hacerlo “por la Autopista del Atlántico”. Lo que ha venido después, no obstante, ha sido el período más prolongado de la historia de la autonomía sin ninguna competencia nueva para el Gobierno gallego.