El pasado martes los ediles de Santiago condenados por prevaricación, la mitad más uno de los 13 miembros del gobierno local, comparecían ante la prensa a manera de despedida. A través de la hasta ese momento portavoz del Ayuntamiento, María Pardo, explicaban que se iban “por imperativo legal” a pesar de su “impepinable disconformidad” con el fallo judicial, que se disponían a recurrir ante la Audiencia Provincial. Su dimisión inmediata solo responde a una razón y esta se encuentra en una reforma legal del año 2011 que, para desarrollar la Ley de Partidos aprobada en tiempos de Aznar, convirtió en “inelegibles” a las personas condenadas “por sentencia, aunque no sea firme” por delitos contra la Administración pública cuando en estas sentencias se haya establecido “la pena de inhabilitación”. Este jueves Alberto Núñez Feijóo intentó obviar este marco legal para atribuir las dimisiones a una decisión de su partido en clave de responsabilidades políticas.
Recién llegado de Japón Feijóo presidió la reunión semanal del Consello da Xunta y, tras ella, tuvo que hacer frente a toda una marea de preguntas sobre la crisis institucional en Compostela mientras que no tuvo que responder ni una sola sobre lo abordado en la reunión gubernamental, centrada en asuntos de trámite y en informes. Los periodistas insistieron en saber si el presidente de la Xunta y del PP gallego apoya la continuidad del atribulado alcalde y no lo consiguieron, pero sí obtuvieron una explicación según la cual “teniendo una sentencia condenatoria en el primero tramo de la Justicia nos parecía oportuno, de forma inmediata, proceder a la dimisión irrevocable de todos esos concejales” y “fue lo que hicimos”. “Esa es la decisión que corresponde”, y “era el compromiso del partido”, asegura, obviando que en este caso la voluntad política es irrelevante porque la ley no ofrece ninguna otra posibilidad.
Con esta explicación el líder de la derecha en Galicia intentaba reforzar el centro de su argumentario: evitar el apoyo explícito a Ángel Currás pero intentar hacer ver que la de Santiago no es la peor situación posible. “El plan en Santiago lo hemos descrito, estaba claro” y pasa por una “nueva etapa” en la que “tiene que quedar garantizado el gobierno, el presupuesto, la ejecución del presupuesto, la política municipal y una mayoría para gobernar”. La “prioridad”, según Feijóo, es “no caer en la situación del Ayuntamiento de Lugo o de Ourense”, donde sus alcaldes, del PSdeG, están en minoría e imputados. En el caso del lucense Xosé López Orozco la imputación es en el caso Pokémon, el mismo que Currás.
En este contexto Feijóo se desentiende de la continuidad de Currás porque es a él a quien “le corresponde tomar cualquier tipo de decisión”, aunque también le niega “futuro” político. Ante las reiteradas preguntas sobre Santiago y visiblemente molesto él “simplemente recuerda” que “hay alcaldes de la ciudad de Lugo y de la ciudad de Ourense, varias veces imputados, con miembros de las corporaciones también imputados que llevan durante años proclamando su inocencia y tomando las decisiones de continuar en el cargo de forma evidente, dado que continúan y siguen continuando desde que se conoce su imputación”, afirma, obviando por ejemplo las imputaciones e investigaciones que también pesan sobre el Ayuntamiento de A Coruña, del PP.