“No voy a entrar en injurias e insidias”. El presidente de la Xunta se volvió a enfrentar este miércoles a una dura sesión de control con la trama Zeta, el presunto fraude en cursos de formación, en el centro del debate. PSdeG, AGE y BNG volvieron a exigir que Alberto Núñez Feijóo comparezca monográficamente sobre este “escándalo” y, concretamente, sobre la “presunta financiación irregular” del PP con fondos de la trama y sobre su relación con el empresario Pachi de Lucas, amigo del presidente y, según la Policía, enlace entre las entidades de Gerardo Crespo y dirigentes políticos. Feijóo, nuevamente, negó cualquier implicación en el caso y le atribuyó a su Gobierno la iniciativa en el inicio de la denuncia. No obstante, en su respuesta hubo, al menos, dos elementos nuevos: la acusación de que el bipartito adjudicó “en funciones” el contrato del servicio de transporte adaptado, algo que, según datos de la propia Xunta, no se corresponde con la realidad, y la exigencia de la dimisión de Tania Sánchez, diputada de IU en la Asamblea de Madrid.
“No hay ningún inconveniente en comparecer, al contrario”, asegura apenas veinticuatro horas después de que su partido lo volviera a impedir. “Lo que no puedo evitar -acusó, en respuesta al PSdeG- es que ustedes dieran en funciones muchos millones de cursos, 65 millones de euros en cursos de formación durante el período en funciones del Gobierno bipartito”. Acto seguido, ya respondiendo al BNG, esos 65 millones pasaron a ser “de la Vicepresidencia en funciones, 65 millones para el 065 y durante cinco años” en un “expediente con disconformidade de la Intervención General” que “convalidaron en el Consello da Xunta en funciones”. Con esta afirmación el presidente se refiere a la adjudicación del servicio de transporte adaptado para personas dependientes o con discapacidad impulsada por la antigua Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar.
Efectivamente, ese contrato ronda los 65 millones de euros pero, más allá del momento en que se convalidase el gasto -el inicio de su tramitación se aprobó en el Consello da Xunta del 23 de octubre de 2008 y, dice la Xunta, se convalidó el 18 de marzo, ya en funciones-, según consta en la información oficial de la propia Xunta, los 61 lotes de los que estaba compuesto fueron adjudicados definitivamente el 27 de enero de 2009, esto es, más de un mes antes de las elecciones autonómicas del 1 de marzo. Esto implica que el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG todavía no estaba en funciones, toda vez que, según el artículo 17 del Estatuto de Autonomía, “la Xunta cesa tras la celebración de elecciones”, en este caso después de ese 1 de marzo, y “continúa en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Xunta”, período que se extendió hasta mediados de abril de ese mismo año.
La jueza reclama información de los cursos desde Fraga
Mientras desde la Presidencia de la Xunta aseguran sin soporte documental que el gasto adjudicado en funciones incluye 65 millones de euros para cursos de formación y otros 65 para el mencionado transporte adaptado -el comunicado del Gobierno sobre la sesión de control no incluye, tampoco, dato alguno al respeto-, el propio Feijóo revela que la investigación de la trama Zeta se extiende hasta los gobiernos de Manuel Fraga y comenzará, concretamente, en su penúltima legislatura. El Gobierno gallego, dice, recibió una “notificación del juzgado” para que “remitamos toda la documentación” relativa a los cursos de formación para el empleo “desde el año 2000”, lo que abarca el penúltimo y el último gabinete de Fraga, vicepresidido por Feijóo, el Gobierno bipartito y los dos Ejecutivos del PP elegidos en 2009 y 2012.
En este contexto surgió también la otra petición de explicaciones del presidente, en este caso dirigida a IU en Madrid. Después de que la viceportavoz de AGE reclamase “medidas” concretas contra la corrupción Feijóo instó a Díaz a aclarar si IU va “a expulsar” a su portavoz “en el Ayuntamiento de Sevilla” o a “una diputada muy famosa” que “también tiene problemas por estar en un concurso de adjudicación a una empresa de su familia”. “Ustedes votan adjudicar a sus familias los contratos y no tienen nada que explicar porque sería machista”, le espetó, en referencia a noticias publicadas en los últimos días por los periódicos ABC y La Razón, entre otros. “Tome medidas y rinda cuentas, que es lo que le toca”, exigió Díaz. “¿Van a cesar a la señora Tania Sánchez?”, reclamó de nuevo el presidente de la Xunta.