Las revelaciones de la Operación Zeta, la supuesta trama corrupta de falsos cursos de formación, atenaza el Gobierno gallego y, muy especialmente a su presidente. La presunta actuación de un amigo personal de Alberto Núñez Feijóo, el empresario Pachi de Lucas, como enlace entre Gerardo Crespo y diversos cargos políticos, esto es, como 'conseguidor', irrita al jefe del Ejecutivo mientras la oposición reitera la petición de explicaciones, que este martes el PP ha vuelto a vetar en el Parlamento. Ante estas exigencias el Gobierno gallego viene insistiendo en dos argumentos: que la investigación comenzó a instancias de la propia Xunta -realmente fueron dos ex trabajadoras de una de las organizaciones investigadas las que fueron inicialmente a la Policía- y que el bipartito de PSdeG y BNG aportó más fondos a las entidades de Crespo que el PP. A pesar de estas afirmaciones, los datos oficiales muestran que alguna de las compañías presuntamente utilizadas para defraudar al erario vieron incrementadas sus subvenciones al retornar los conservadores al poder.
Desde el año 2006 el Consello de Contas [Consejo de Cuentas] detalla, en su fiscalización anual de la cuenta general de la Xunta, las transferencias y subvenciones que Gobierno gallego realiza a las empresas privadas, siempre que estas aportaciones sean superiores a 150.000 euros. Por el momento los informes del organismo fiscalizador llegan hasta el año 2012, lo que permite realizar un análisis de siete ejercicios económicos concretos. De este repaso cabe concluir que, al menos una de las empresas dirigidas por Gerardo Crespo, Gecreri, vio incrementadas sus subvenciones en un 30% en el primer año completo con Feijóo en la Presidencia y Beatriz Mato en la Consellería de Traballo. En ese mismo año ña aportación media de la Xunta a empresas privadas se incrementó en un 10%.
Sin perjuicio de que hayan podido recibir otras aportaciones de menor cuantía, el cómputo de ayudas superiores a 150.000 euros indica que Gecreri obtuvo en el año 2010 470.325,48 euros. En el 2009, en el que la Xunta estuvo dirigida por la coalición de PSdeG y BNG hasta mediados de abril, las ayudas públicas recaudadas habían sido de 360.699,13 euros. Un año antes, el último completo del bipartito, Gecreri logró 202.717,62 euros mientras que otra de las empresas ahora investigadas, Azetanet, tuvo una aportación de 268.546,33. En 2006 y 2012 no figura ninguna ayuda de más de 150.000 euros a estas compañías mientras que en 2011, año en el que comenzó la investigación de la trama, los fondos fueron 411.723,18 euros.
Estas cifras se producen en un contexto en el que, además, y al contrario de lo afirmado por el propio presidente, las organizaciones presuntamente corruptas siguieron recibiendo subvenciones de la Xunta cuando ya eran investigadas. Así, aunque Feijóo asegura que tras “sospechar de la utilización incorrecta” de las ayudas “decidimos cortar todo tipo de contrato con las empresas implicadas por supuestas irregularidades”, lo cierto es que en la relación de subvenciones concedidas por la Consellería de Traballo en 2013 figuran más de 80.000 euros para Azetanet: 51.000 para un curso de asistencia a la dirección y 32.600 para otro de atención a personas dependientes.
Además, cuatro meses después de que la Xunta se dirigiera a la Fiscalía para notificar las irregularidades detectadas en la gestión de cursos de formación, en 2012, otra de las entidades de Crespo, AED Galicia, obtuvo una ayuda de 8.100 euros para la prevención de riesgos laborales. Del mismo modo, como ha informado este diario, a finales del verano de 2009 el actual Gobierno aprobó una ampliación de crédito para financiar planes de empleo, fondos que también beneficiaron a entidades de la trama: AED y Fundefo. Aunque Feijóo y el PP también atribuyen estas ayudas al bipartito la Consellería de Traballo las presentó en 2010 como parte del “plan de choque” contra la crisis que impulsaba el presidente de la Xunta.