En las dos últimas semanas jueces y fiscales han hecho públicas sus decisiones de juzgar a ex cargos del PP y funcionarios o ex trabajadores de la Xunta por dos casos que incluyen malversación y delitos contra la Hacienda Pública, entre otros: el caso Campeón y la Fundación Cela. A pesar de que es el principal perjudicado, el Gobierno gallego no está personado en el caso Cela, en el que todos los acusados actuaron como funcionarios públicos y uno de ellos fue conselleiro de Fraga, mientras que en el caso Campeón sólo acusa a los empresarios implicados, pero no a los ex cargos del PP, entre ellos un ex diputado autonómico, contra los que sí actúa la Fiscalía. Este jueves el presidente Feijóo ha asegurado que la decisión de contra quién se persona la Xunta en una causa judicial es de los técnicos de su Asesoría Jurídica, no del Gobierno gallego, y rebajó la importancia de los casos en lo que afecta a los funcionarios públicos a “una mala gestión” sin ver en ellos “responsabilidad penal”.
El caso Campeón, el primer gran caso de corrupción en la Xunta desde la llegada de Feijóo, explotó en 2011 e investigó la presunta trama creada en torno al empresario lucense Jorge Dorribo para, entre otras cuestiones, obtener subvenciones públicas de manera ilegal. El juez acaba de decretar la apertura de juicio oral contra él y otros 12 acusados, entre ellos quien fue director del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Joaquín Varela, apartado del puesto tras su detención, el ex subdirector de Información del ente público, Carlos Silva, y la responsable de Financiación de la entidad, Cristina Quintela. Los tres están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, igual que el ex diputado autonómico del PP Pablo Cobián, sobre el que también pesa el cargo de tráfico de influencias, ya que supuestamente actuaba como intermediario entre la administración y los empresarios. La fiscalía acusa a los 13 implicados, pero la Xunta sólo a nueve, los empresarios, y deja fuera al ex diputado, el ex alto cargo autonómico y sus dos subordinados.
En la investigación abierta por el funcionamiento de la Fundación Camilo José Cela, la jueza instructora acaba de recibir el aval de la Audiencia Provincial de A Coruña para juzgar por malversación a cuatro cargos de la entidad, dependiente de la Xunta: la segunda mujer del escritor, Marina Castaño; el patrono de la fundación y ex conselleiro popular Dositeo Rodríguez; la hija de este, Covadonga Rodríguez, que sigue trabajando en la entidad; y su ex-gerente, Tomás Cavanna. La Audiencia considera que todos ellos, al trabajar en una fundación de carácter público, deben ser considerados funcionarios públicos, y por lo tanto sus presuntos delitos deben ser juzgados por un jurado popular. También considera que el dinero presuntamente malversados tenía carácter público, al proceder de aportaciones de la Xunta. A pesar de ello, el Gobierno gallego no está personado en la causa.
Preguntado por esta situación, el presidente Feijóo aseguró que “la Asesoría Jurídica de la Xunta es la que fija los criterios de defensa y representación en juicio”, y mostró su “respeto” por su trabajo “por el número de pleitos que está ganando, por la defensa de los intereses de Galicia, por el número de indemnizaciones que está evitando y por las cantidades de dinero que está recuperando”. “Cuando entendemos que alguien atenta contra el dinero público, nos personamos”, dijo Feijóo. Pero a continuación el presidente matizó que, cuando “quien atenta contra el dinero público son empresarios”, en relación a la supuesta trama organizada en torno a Dorribo, y los funcionarios ven su labor “envuelta” en la trama sin “intencionalidad”, no actúan contra ellos. “Una cosa es perder la confianza con un funcionario y resolverle un contrato de trabajo y otra cosa es entender o interpretar que hay responsabilidad penal en su falta de diligencia”, añadió.
En el caso Campeón, juez y fiscal consideran que el comportamiento de los funcionarios no se limitó a una “falta de diligencia” sino que colaboraron activamente en la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública, especialmente en los casos del ex director del IGAPE y del ex diputado del PP. Por su parte, en la causa sobre la Fundación Cela la Audiencia de A Coruña ha constatado que los hechos investigados fueron conocidos en su momento por el entonces secretario general de la Presidencia de la Xunta, Valeriano Martínez, hombre de la máxima confianza de Feijóo y hoy conselleiro de Facenda. A pesar de ello, el presidente insistió: “Son los letrados de la Xunta los que nos indican en qué casos tenemos que personarnos, ante quién y contra quién, y normalmente los letrados de la Xunta suenen acertar en la inmensa mayoría de los casos”, concluyó el presidente. La Asesoría Jurídica depende orgánicamente de la vicepresidencia de la Xunta.