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La familia de Franco pretendía que ni el Ayuntamiento de Sada ni la Xunta pudieran personarse en el proceso judicial que, iniciado por la demanda presentada por el Estado y avalada por abundante documentación y pesquisas históricas, busca la reversión al patrimonio público del Pazo de Meirás. El pasado septiembre los herederos del dictador recurrieron la personación en el proceso judicial del Gobierno gallego y del municipio en el que se encuentra el pazo alegando motivos como que, en el caso del Ayuntamiento, el único “interés” para comparecer era “político”. Pero han fracasado.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha trasladado al Ayuntamiento sadense el auto por el que desestima el recurso de los Franco. El Juzgado, detallan desde el gobierno local, considera que “la comparecencia de ambas administraciones”, Ayuntamiento y Xunta, es “un derecho reconocido legalmente”. El “interés” alegado por los gobiernos “existe” y es “perfectamente compatible” con los derechos de la familia Franco como parte demandada, concluye.
Desde el Ayuntamiento de Sada se aplaude la resolución. “El juzgado valora que existe un interés” para que se personen “tanto el Ayuntamiento de Sada como la Xunta, ya que estamos ante un bien declarado sitio histórico de indudable relevancia histórica para el pueblo gallego”, subraya el gobierno local en un comunicado.
En este sentido, el consistorio cree que ha finalizado el “burdo intento de querer alejar al Ayuntamiento de la demanda que tiene por objetivo la recuperación para el patrimonio público del Pazo de Meirás”. También la Xunta dice acoger con “satisfacción” la posibilidad de “defender los intereses” públicos gracias a esta resolución judicial, afirmó el presidente, Alberto Núñez Feijóo, a preguntas de la prensa.
Coincidiendo con este revés, los herederos del dictador siguen pugnando en otro frente judicial para intentar frenar las protestas por la devolución del patrimonio acumulado por el general golpista y su familia en Galicia. Concretamente, sobre la Casa Cornide de A Coruña.
En septiembre de 2017 nueve militantes del BNG ocuparon simbólicamente este emblemático edificio de la Ciudad Vieja coruñesa para reivindicar su devolución y los Franco, como habían hecho con una protesta semejante en el Pazo de Meirás, los llevaron a los tribunales. Este 5 de noviembre se iba a celebrar ese juicio pero, como ha confirmado el Bloque, los Franco lo han logrado retrasar. Su propósito es pedir condenas más elevadas.
Según ha detallado en un acto celebrado ante la Casa Cornide el cabeza de lista del Bloque por A Coruña, Néstor Rego, los herederos del dictador “piden un incremento de las penas, añadiendo a la acusación los delitos contra el honor o violación de morada”. Ahora, subraya, pretenden que la protesta sea castigada con “nueve años de prisión y 24.000 euros” de compensación para cada una de estas nueve personas. “Nos parecen una barbaridad desde el punto de vista político y jurídico”, dice el candidato, para quien los Franco también piden cárcel por la protesta en Meirás.
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