Entre las propiedades que durante la dictadura pasaron a engrosar el patrimonio de la familia Franco está un palacete construido en el siglo XVIII en el casco viejo de A Coruña. Es la Casa Cornide, que sigue en manos de los descendientes del dictador y que está declarada bien de interés cultural (BIC), una figura que los obliga a abrirla al público. Pero nadie tomó ninguna medida para garantizar que se cumpla ese requisito legal en los tres años transcurridos desde que la Xunta inició el expediente para hacer que el inmueble entrase en la lista de BIC ni en este último año, con la declaración ya aprobada y publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Sí se tomaron para lo contrario: la familia Franco pidió quedar exenta de la obligación de abrir el edificio al público. Ante el Gobierno gallego aseguró que se trata de una vivienda que ocupan “de manera temporal”.
El pasado 8 de marzo los descendientes del dictador solicitaron la exención de la obligación de abrir el edificio al público amparándose en el artículo 14 de la ley de patrimonio cultural de Galicia. Ese texto es el que establece que los BIC han de abrirse un mínimo de cuatro días al mes durante al menos cuatro horas diarias, pero también que el cumplimiento de la obligación puede ser “dispensado total o parcialmente” si hay “causa justificada” y que quien lo debe decidir es la consellería competente, en este caso la de Cultura.
La ley aclara que el deber de permitir el acceso no se aplica a “los espacios que constituyan domicilio particular o en los que pueda resultar afectado el derecho a la intimidad personal y familiar”. A estas disposiciones se acogen los Franco. La Xunta acaba de contestarles con una carta enviada el pasado 25 de abril por correo ordinario, según informó el conselleiro de Cultura, José López Campos. En ella contestan a la petición de los propietarios de la Casa Cornide rechazando el argumento de que la están usando como vivienda y reclamándoles que elaboren un programa de visitas. De acuerdo con una parte del texto facilitada por el Gobierno gallego -ha declinado hacer pública la carta íntegra-, el informe de los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural señala que la propiedad está “prácticamente vacía de muebles”, de modo que “no parece probable que sea domicilio particular de sus propietarios”.
La declaración como BIC de la Casa Cornide lleva un año oficializada en el DOG, pero la Xunta no había reaccionado hasta ahora al incumplimiento de los Franco, que no permitieron en este tiempo ninguna visita. En las últimas semanas se han intensificado las críticas, tanto por parte de entidades en defensa de la memoria democrática como del BNG, el principal grupo de la oposición en el Parlamento de Galicia, y del PSOE, que pidió, desde el Ayuntamiento de A Coruña, actuar. La réplica de la Xunta, verbalizada por el propio presidente, Alfonso Rueda, fue que tomarían “medidas para hacer cumplir la ley”, pero sin aclarar cuáles ni cuándo. Finalmente, se han concretado en la carta remitida y sobre la que el conselleiro ha dicho que no les consta que haya sido recibida.
En cuanto a la petición de los Franco de quedar eximidos de abrir la Casa Cornide, la Xunta señala que “en el momento que esto [la conclusión de que no parece que sea su domicilio] varíe, es decir, pase a ser domicilio particular de alguno de sus propietarios o de algún arrendatario, podrá ser dispensado total o parcialmente de la obligación de visita pública gratuita”. Dicho de otro modo, en estos momentos no es creíble para el Gobierno gallego que sea una vivienda, pero considera que podría serlo y, en ese caso, sí cabe la posibilidad de que no haya que abrir el inmueble -o al menos no todo- a la ciudadanía. Nada de esto afectaría a los espacios que usasen como vivienda los guardeses, que no tendrían obligación de permitir visitas públicas.
La Xunta pide la apertura al público
En la carta, la Xunta pide a los descendientes del dictador que cumplan el “deber de facilitar la visita pública” a la Casa Cornide, con la sola exclusión de la casa de los guardeses, y les da un plazo de un mes para presentar ante el Gobierno gallego una propuesta del plan de visitas que se pretenda llevar a cabo para que la autorice. Según el conselleiro de Cultura, ha sido ese informe elaborado por Patrimonio el que ha dado “el soporte jurídico para exigírselo”.
Los Franco están aplicando en la Casa Cornide la misma estrategia que ya desplegaron cuando el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), fue declarado BIC. En aquel caso, pusieron impedimentos para las visitas y batallaron en los tribunales para evitar abrir el inmueble al público. Los trámites para que el inmueble se incluyese en la lista de los BIC se iniciaron en 2008, durante el gobierno bipartito de PSOE y BNG en la Xunta, pero hasta 2011 nadie pudo entrar. Las dificultades no terminaron: durante varios veranos el pazo volvió a quedar, pese al mandato legal, cerrado al público y la reiteración de la situación llevó a la Xunta a imponer una multa en 2017 a Carmen Franco. No se llegó a cobrar porque la hija del dictador murió antes de que la sanción fuese firme.
Propiedad en venta
En 2020 una histórica sentencia ordenó que el pazo pasase a manos del Estado. En ese contexto, los Franco intentaron la venta de la Casa Cornide, aunque no fructificó. Entonces eran ya conocidos los planes del Ayuntamiento de A Coruña para intentar anular el procedimiento por el cual el palacete cambió entre los años 50 y 60 de manos y terminó en las de Carmen Polo. En 2022 intensificaron los esfuerzos con anuncios -que se mantienen en la actualidad- en portales digitales de compraventa de inmuebles. Por aquel entonces ya se había incoado el expediente para declarar BIC la Casa Cornide, pero la Xunta no terminó el procedimiento hasta siete meses después, en el límite legal de los dos años desde que arranca la tramitación.
En el frente municipal, el Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado activar los trámites administrativos para intentar anular las decisiones de 1962 en las que había participado el gobierno local de aquella época. Esto se va a traducir en una revisión de oficio de la adjudicación en puja del inmueble en aquel año, poco después de que se ejecutase una permuta que hizo que pasase de ser propiedad del Estado a ser propiedad municipal. La puja la ganó el empresario y conde de Fenosa Pedro Barrié de la Maza, que pagó 305.000 pesetas por la Casa Cornide y que tardó solo unos días en entregársela a Carmen Polo por un precio muy inferior, 25.000 pesetas. La Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) de A Coruña pide ir más allá y presentar una demanda civil, igual que hizo el Estado hizo con el Pazo de Meirás, para recuperar el palacete para el patrimonio público.