La familia Franco vuelve a impedir las visitas al Pazo de Meirás, que permanecerá cerrado en agosto a pesar de las quejas del Ayuntamiento de Sada, que censura que se impida el acceso a este Bien de Interés Cultural (BIC) en el mes en el que la localidad cuenta con más turistas. Tal y como ocurrió en los últimos años, los familiares del dictador incumplen la normativa que obliga a la apertura del inmueble al menos cuatro días al mes.
La empresa encargada de gestionar las visitas no reserva plazas en este mes a la que había sido residencia de Emilia Pardo Bazán y que fue regalada tras la guerra civil al general Francisco Franco a través de bonos supuestamente voluntarios -que no eran tal- y de descuentos en las nóminas a funcionarios de la época.
El alcalde de Sada, Benito Portela, responsabiliza la Xunta porque “hace oídos sordos” ante las denuncias del incumplimiento del deber que tiene la familia Franco e incide “en lo que costó conseguir el nombramiento del palacio como BIC”. “Ahora, desde lo Gobierno gallego eluden su responsabilidad al no exixir a los propietarios que se permitan unas visitas ya de por sí muy restringidas”, aseguró a Radio Coruña-Cadena SER. De hecho, no se permiten grabar vídesos ni sacar fotografías y está prohibida la visita a la antigua biblioteca, entre otras estancias.
La polémica sobre el Pazo de Meirás llega un año después de la del pasado verano, cuando además la revista Hola! había publicado una portada donde la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordíu, posaba en la entrada de la que había sido residencia de Emilia Pardo-Bazán -posteriormente robada al pueblo por el franquismo- para “anunciar su ruptura” en una “exclusiva” en la que el medio destacaba su entrada “por primera vez” en la “histórica casa familiar”.
Porque a pesar de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y tras determinarse su apertura al público hace ya tres años, la familia Franco siempre puso impedimentos a cumplir con la ley que le obliga a abrir el inmueble por lo menos cuatro días al mes. Fue hace más de dos años cuando los herederos del dictador facilitaron un calendario de visitas y después de que reclamasen a la Xunta que sufragara los gastos de seguridad, como así hizo durante bastante tiempo, y de organización.
La Xunta dejó de financiar los gastos de seguridad y organización de las visitas, de las que se encarga una empresa privadal contratada por los Franco. Antes, y desde que el pazo se declaró BIC, los convenios no solo se habían limitado a “regular las condiciones para el desarrollo de las visitas”, tal y como afirmaba la Xunta. Además de esto, tres acuerdos entre el Gobierno gallego y la familia del dictador tuvieron un impacto de más de 50.000 euros en las arcas públicas. El primero de estos convenios, firmado para poner en marcha las visitas a las que obligaba la declaración del pazo como BIC que había promovido el bipartito, implicó un gasto de 9.513 euros para pagar un servicio de seguridad personal aunque, admitía por aquel entonces la propia Xunta, la Ley de Patrmonio Cultural no “obligaba” a hacer tal aportación económica.
En agosto de 2011 Cultura pactaba con los Franco una addenda al convenio inicial que implicaba sumarle 23.000 euros para la misma finalidad. Como informó Praza Pública, en primavera de 2012 salía a la luz un tercer acuerdo, de esta vez por importe de 21.200 euros, por lo que la Xunta seguía asumiendo los gastos derivados de la seguridad y de los guías de las visitas. En total, por lo tanto, el gasto ascendió a 53.713 euros que salieron del erario y no del bolsillo de los Franco.