Los nietos de Francisco Franco tienen prisa por vaciar el Pazo de Meirás. Pero al estar en manos del Estado, desde el 10 de diciembre del año pasado, deben pedir permiso para poder adentrarse en la propiedad que la familia del caudillo ocupó 82 años y poder llevarse todo los bienes y muebles, incluidas obras de alto valor histórico-artístico, con las que se hizo durante la dictadura y que aún atesoraban en la mansión ideada por Emilia Pardo Bazán. Apenas cinco días tras la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña que revoca el auto judicial que obligó a poner todos esos bienes en depósito del Estado y da vía libre para que los Franco se lleven todo, los herederos del dictador presentaron este lunes un escrito ante el juzgado número uno de A Coruña en el que solicitan permiso para iniciar esa mudanza. Calculan que necesitarán un mes para que “se proceda a la retirada de todas las cosas, bienes u objetos que hay en el interior” del singular castillo de finales del siglo XIX enclavado en Sada (A Coruña).
No mencionan los jardines del pazo, donde también están esparcidos numerosas y valiosas piezas pétreas procedentes de toda Galicia, como hórreos, ancestrales estatuas o incluso pilas bautismales medievales de un iglesia de A Costa da Morte. Los Franco, que carecen ya de las llaves del pazo, piden permiso para que profesionales de la empresa de mudanza que elijan puedan entrar y salir para vaciar el interior del Pazo. Lo único que no podrán trasladar son los bienes declarados de Interés Cultural como son las dos esculturas de una antigua puerta de la Catedral de Santiago o los casi 3.000 libros que aún allí quedan del legado bibliográfico de Pardo Bazán. Mover esas estatuas que representan a los profetas Abraham e Isaac o uno de los volúmenes catalogados de la ilustre escritora requiere una autorización de la Xunta, que ya advirtió que no dejaría que salgan de Galicia.
En su escrito, los Franco advierten que, tal y como lo reconoce el auto de la Audiencia coruñesa, se reservan “expresamente” el derecho a pedir más adelante una indemnización por los cuatro meses en los que se vieron privados de sus bienes y muebles. Y reclaman del juzgado la eliminación de los inventarios realizados, por orden judicial, en diciembre pasado por parte de técnicos de la Xunta y de Patrimonio del Estado. Los nietos del dictador solicitan además que se prohíba a todas las partes (Estado, Xunta, Diputación de A Coruña, ayuntamientos de A Coruña y Sada) divulgar, utilizar o tan siquiera invocar esos inventarios y todos los datos e informaciones que contienen sobre los múltiples bienes y obras, algunas de incalculable valor, que aún permanecen en Meirás. Esos listados, que incluye un amplio reportaje fotográfico y audiovisual sobre el interior y exteriores del pazo, desvelan el expolio continuado de Franco y su familia.
Esas listas que ahora los Franco quieren borrar fueron elaboradas a petición de la juez que expulsó a la familia del dictador de la propiedad y en su elaboración participaron técnicos de patrimonio y de la Xunta de Galicia. Los expertos que analizaron los bienes que se encuentran en el interior de Meirás concluyeron que muchas de las obras pertenecen al Estado y forman parte de colecciones públicas que la familia del dictador expolió durante décadas. Alfombras, cristalerías y tapices de las reales fábricas se encuentran entre esos elementos, muchos de los cuales son prácticamente irrecuperables, como las telas procedentes de tapices y que se usaron para adornar sillones y sofás.
La última decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña dio la razón a la familia del dictador en su reclamación sobre los bienes alojados en el interior de Meirás. La decisión no responde a una valoración sobre la propiedad sino a que en la demanda sobre la propiedad de Meirás no se hizo mención expresa a los bienes muebles que ocupaban las estancias del edificio. Ahora, el Gobierno estudia la posibilidad de iniciar un nuevo pleito para reclamar esos tesoros, siempre y cuando la justicia no otorgue ante el permiso a la mudanza que los herederos del dictador han solicitado ante el juzgado.