La octava legislatura autonómica, la del retorno del PP al poder, fue la del elogio de la fusión. Alberto Núñez Feijóo llegó a San Caetano anunciando una onda de uniones de departamentos del Gobierno gallego en aras de la publicitadísima “austeridad” y, acto seguido, la actualidad política y económica del país se centró en observar la evolución de otra fusión, la de las cajas de ahorro, que derivaría en la unión más o menos forzosa entre Caixanova y Caixa Galicia y en su posterior desaparición. Al final de la legislatura, el presidente de la Xunta abordó el último debate de política general de aquel mandato intentando sepultar la controversia política con la fusión de dos ayuntamientos, presentada como remedio a buena parte de los males territoriales del país.
Pocos minutos después de que Feijóo anunciara desde la tribuna parlamentaria la “fusión voluntaria” de “dos ayuntamientos gallegos”, el equipo presidencial hacía trascender a través de algunos medios que los agraciados para protagonizar tal evento, presentado como histórico, eran Oza dos Ríos y Cesuras. Veinticuatro horas después, el titular de la Xunta comparecía ante la prensa acompañado de los dos alcaldes, que reducían a intenciones un proyecto que aún pasaría por diversos avatares políticos y legales hasta ser finalmente aprobado en el Consello de la Xunta del 6 de junio de 2013. Al frente de la gestora que gobierna el nuevo ayuntamiento hasta las próximas elecciones quedó Pablo González (PP), antiguo alcalde de Oza, mientras que el que había sido regidor de Cesuras se retiraba de la escena política tras una condena por estafa, ocultada –por lo visto– para no perjudicar la fusión.
En aquel debate de 2012, Feijóo defendió con intensidad una “racionalización del mapa municipal” en la cual, anticipaba, sería “fundamental el papel de las diputaciones”, ya que “son las administraciones que mejor conocen las dificultades financieras por las que pasan los ayuntamientos”. Con esta declaración política el presidente anticipaba, en cierto modo, la revitalización de los entes provinciales que trae consigo la polémica reforma local del Gobierno de España, un proyecto rechazado por alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos pero que Feijóo considera “un paso en la buena dirección” para “disminuir ostensiblemente” el número de ayuntamientos. En lo que se refiere a las fusiones, la de Oza-Cesuras ha sido la única realizada, aunque la Xunta tiene la potestad legal de iniciarlas si así lo considera conveniente.
“Racionalización” a toda costa
Siguiendo el argumentario gubernamental, las fusiones municipales van en el mismo saco que cualquier otra “racionalización”, ya sea de departamentos administrativos, de consellerías, de entes estatutarios o incluso de escaños del Parlamento. En el último 'estado de la autonomía' el presidente anunció también la inminente “supresión” del Consello Económico e Social, cuyas funciones quedarían diluidas en el Consello Galego de Relacións Laborais, y la “fusión” del Tribunal de Defensa da Competencia con el Instituto Galego de Consumo, operaciones que, un año y medio después, aún no se han culminado. También está pendiente de entrar en vigor la nueva norma reguladora del Valedor do Pobo, si bien la supresión de los vicevaledores ya es un hecho desde el pasado verano.
Otra “racionalización” que planeará sobre el debate de política general de este 2013 es el ya debatidísimo recorte de escaños del legislativo gallego, desde los 75 actuales hasta el mínimo legal de 61. La propuesta, lanzada por primera vez en el último tramo de la anterior legislatura, fue incluida en el programa electoral del PP y permaneció guardada en un cajón hasta que explotó el escándalo de las fotografías de Feijóo a bordo de un barco del narcotraficante Marcial Dorado, datadas en los años en que el actual presidente era número dos del Servicio Galego de Saúde. Con el verano, la iniciativa volvió a perder fuerza y, en vísperas del debate de esta semana, los dirigentes conservadores han vuelto a recuperarla: “la cuestión de la reforma electoral es un asunto que se planteó en el programa del PPdeG para las elecciones y que ahora se debe llevar a la práctica”, afirmaba el vicepresidente Alfonso Rueda este domingo en la Radio Galega.