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Galicia, a la cola en reciclaje: una comunidad que quema la mitad de su basura y deja un tercio en vertederos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atiende a las explicaciones del presidente de Sogama, Javier Rodríguez, en la presentación de una planta de residuos textiles.

Beatriz Muñoz

Santiago de Compostela —
8 de febrero de 2025 06:00 h

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España suspende en reciclaje y sus resultados se sitúan a bastante distancia de los objetivos marcados por la Unión Europea. Pero, dentro del Estado, no todas las comunidades contribuyen por igual al bajo nivel. Galicia se sitúa en los puestos de cola y el Gobierno central la acusa de estar lastrando los esfuerzos. Los datos de los años 2020 y 2021, que son los últimos ejercicios para los que el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado una memoria con información de todos los territorios, muestran que solo Melilla tiene un registro peor. ¿Por qué cierra Galicia la lista de las comunidades en preparación de desechos para reciclarlos o reutilizarlos? La explicación fundamental se encuentra en el gran peso que tiene la incineración en su sistema de gestión de residuos.

Según los datos de 2021, prácticamente la mitad de la basura que recogen los municipios en Galicia -los de los hogares y establecimientos del sector servicios como comercios y oficinas- se quema. Son, en concreto, 546.000 toneladas, el 48,6%. Y, aunque se aproveche la energía que se genera en el proceso, no cuenta como forma de reciclaje. Casi otro tercio de los desechos analizados terminan depositados en un vertedero. Con esta situación, ese año el porcentaje de residuos preparados para el reciclaje o la reutilización se situó en el 22,1% en la comunidad, frente al promedio del 43,85%. Y lejos del objetivo fijado para 2025 de llegar al 55%.

Los datos del año anterior ya constataban el avance insuficiente en la materia: un 22,25% de reciclaje, muy por debajo de la media estatal del 40,39% y lejos del 50% que la UE pedía alcanzar antes de 2020. Este incumplimiento de los objetivos se va a traducir en una sanción a España, que se distribuirá entre las comunidades. Galicia deberá pagar un porcentaje más elevado, según el Gobierno, por sus malos datos: el 12,83% del total para una comunidad cuya población no representa ni el 6%.

Remigio Paradelo, profesor del departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), explica el porqué de la mala situación de Galicia en la lista: “Se debe a que, en las fechas consideradas, la incineración es el modo de tratamiento mayoritario para los residuos municipales en Galicia, unido al hecho de que en la mayor parte del territorio (con la excepción de las mancomunidades de O Barbanza y A Coruña) no se realizaba una recogida separada de los biorresiduos [los que van al contenedor marrón]”.

El sistema de gestión de la basura de Galicia se construye sobre la empresa público-privada Sogama (la Xunta tiene el 51% y Naturgy, el 49% restante), con sus instalaciones centrales en Cerceda (A Coruña), que reciben envases ligeros, residuos orgánicos y la llamada bolsa negra, que es la del contenedor genérico. Por aquí pasan los desechos generados en la mayoría de los municipios gallegos (295 de 313), en los que vive el 83% de la población. Los ayuntamientos que componen las comarcas de O Barbanza y A Coruña tienen sistemas diferenciados.

Separar los residuos orgánicos

Paradelo señala que esa preferencia por quemar la basura “no quiere decir que no se haga un buen reciclaje de otras fracciones como el vidrio o el papel y cartón”. Pero, incluso aunque en estos dos tipos se llegase al 100%, mientras los residuos orgánicos no se recojan y sean tratados de forma separada, los porcentajes totales de reciclaje van a estar en niveles bajos, añade. Y es así porque estos restos orgánicos son la mayor parte de los que se recogen en los municipios. Normalmente, representan la mitad. El experto señala que habría que ver si en los datos de los años siguientes se aprecia el efecto de una mayor implantación del contenedor marrón, una medida para la que Sogama y la Xunta han iniciado una campaña en los últimos ejercicios.

En 2020 y 2021, agrega, no se había traspuesto la directiva europea que obliga a recoger de forma separada los residuos orgánicos y que descarta que los desechos que se queman se puedan contabilizar como reciclados. La ley que adaptó esa norma a España es de 2022 y con ella, Paradelo indica que se tomaron medidas para cumplir con los objetivos, como promover el quinto contenedor -el marrón- y la creación de plantas de compostaje de Sogama. Al extenderse esto, debería notarse un incremento del porcentaje de reciclaje en Galicia. Por este motivo el profesor cree que las estadísticas publicadas hasta el momento “podrían no estará reflejando la situación actual”.

Añade otro matiz a los datos, que distinguen las tasas de reciclaje con y sin el tratamiento mecánico biológico (TMB), que es una acción para estabilizar los residuos que “no debería contarse como reciclaje”. Las cifras de las comunidades autónomas si se excluye el TMB dejan a Galicia en una posición intermedia, con un porcentaje de reciclaje aún por debajo de la media del Estado, pero más cerca de esta (un 18,19% en 2021, frente al promedio del 25,22% de España). Sea como sea, concluye el profesor, la tasa global de reciclaje en Galicia, y también en el Estado, “está muy lejos del objetivo [del 55% para 2025] y tiene que aumentar”. Confía en que la mejora venga a través de una implantación “adecuada” del contenedor marrón y del tratamiento de los biorresiduos.

“El fracaso de Sogama”

Las organizaciones ecologistas son críticas con la gestión de residuos implantada por la Xunta. Manu Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, atribuye los malos resultados en reciclaje al “fracaso del modelo centralizado de Sogama y a su decidida apuesta de priorizar la incineración y el vertedero”. Añade que el contenedor amarillo, el de envases, “tiene resultados nefastos”. Pide un giro “urgente” en la política de tratamiento de la basura que incluya medidas que el sistema de Sogama “denuesta”. En primer lugar, pide cerrar su incineradora. Quemar los desechos “no sirve, ya que genera contaminantes peligrosos y no respeta la jerarquía de residuos establecida”.

Para el representante de Greenpeace, el Gobierno gallego debería priorizar las políticas dirigidas a evitar que se generen residuos, con un consumo más responsable y el diseño de productos más duraderos. También pide fomentar la reutilización y un sistema de reciclaje efectivo. Recalca la necesidad de separar la materia orgánica y del compostaje. Y apoya una tasa por generación de residuos basada en la idea de que quien más desechos genera paga más, que debería ser un incentivo para producir menos basura. Santos reclama también que se le exija responsabilidad a los productores, de modo que las empresas se hagan cargo de los residuos que generan sus productos.

También Cristóbal López, de Ecoloxistas en Acción, carga contra la política de la Xunta en la materia: “Que el gobierno del PP sea el último en aplicar medidas medioambientales no es una novedad”. Pone el foco también en la falta de implantación temprana de los contenedores para residuos orgánicos y en la gran cantidad de residuos que se queman dentro del sistema de Sogama. Los datos de la empresa muestran que en 2023 el 59,27% de los residuos fueron a valorización energética (fundamentalmente, incineración); el 18,32% se destinó a reciclaje; y prácticamente el 20% se depositó en el vertedero.

El Gobierno gallego, que no ha contestado a las preguntas de este diario sobre los motivos para no alcanzar los objetivos de reciclaje ni las metas para 2025, se ha embarcado en otra batalla contra el Gobierno central por las medidas para cumplir los requisitos de la UE y la implantación de un impuesto específico sobre las basuras. El equipo de Pedro Sánchez cree la Xunta está restando eficacia a la vía impositiva, avalada por Bruselas, como forma de incentivar que se generen menos residuos. Sogama anunció en el verano de 2024 una subida del canon que les cobra a los ayuntamientos -de 66 a 108 euros por tonelada-, de la que culpó al aumento de los impuestos estatales. Pocos días después, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba que el gobierno autonómico asumiría el 60% de ese encarecimiento.

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