El año 1982 fue el del inicio del desarrollo del Estatuto de Autonomía de Galicia. En la víspera del Día Nacional de Galicia, el 24 de julio, el BOE publicaba los reales decretos que oficializaban la transferencia de una quincena de competencias, algunas de ellas tan relevantes como la educación, los servicios sociales o el desarrollo agrario. Uno de los altos cargos que tuvo que afrontar aquella quincena de relevantísimos traspasos firmados por el gobierno de la UCD fue el secretario general de Relaciones Institucionales de la Xunta, Mariano Rajoy, quien treinta y tres años después se dispone a terminar la décima legislatura estatal como primer presidente del Gobierno de España que finaliza un mandato sin transferir una sola competencia nueva a Galicia.
Aquel ejercicio de 1982 finalizó con una veintena de transferencias a Galicia, las tres últimas ya firmadas por el Ejecutivo del PSOE de Felipe González, elegido tras las elecciones de octubre. Aquellos primeros años de autonomía fueron, obviamente, especialmente abundantes en traspasos -a pesar de que la pretensión inicial de ucedistas y parte de los socialistas fuese limitar las competencias de la Xunta-. Así, en 1983 llegaron 18, en 1984, 17, y en 1985 lo hicieron 13.
Una vez traspasado este primer gran paquete de competencias el ritmo fue descendiendo, si bien hubo ciertos picos como las 8 competencias que el propio gabinete de González transfirió al gobierno tripartito de la Xunta pocos días antes de las elecciones gallegas de 1989 o las 7 y 9 competencias que llegaron en 1994 y 1995, cuando comenzó el proceso que amplió el abanico competencial de las autonomías de 'vía lenta'. Los cuatro años siguientes, los primeros de Aznar, fueron también especialmente fructíferos, toda vez que la dependencia del Gobierno del PP del apoyo de CiU y PNV propició una nueva descentralización del Estado que fue frenada en seco tras lograr la mayoría absoluta en el año 2000.
La segunda legislatura de Aznar había sido, hasta ahora, la peor para el autogobierno gallego. La cruzada del exlíder del PP en clave recentralizadora, por una parte, y las tensiones surgidas con los populares gallegos y con la Xunta de Fraga tras el naufragio del Prestige, por otra, derivó en que en esos años sólo se traspasase a Galicia una única competencia, en 2002 -el profesorado de religión-, y llegasen tres más diez días antes de los comicios que Aznar perdió frente al PSOE de Rodríguez Zapatero.
Con Zapatero en La Moncloa y el bipartito de PSdeG y BNG en la Xunta llegaron las, hasta el momento, últimas competencias transferidas. Fueron dos en 2006 -la FP ocupacional y las ligadas al Instituto Social de la Marina-, tres en 2007 -sobre colegios profesionales, un centro educativo y la ampliación de la relativa al ISM- y siete en 2008, en el inicio de la segunda legislatura consecutiva del PSOE en el Estado, entre ellas una especialmente simbólica, la del parque de las Islas Atlánticas.
Las competencias prometidas
La ausencia de nuevos traspasos se ha producido a pesar de que, al llegar a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo había prometido reactivar el proceso de transferencias paralizado en los últimos compases del segundo mandato de Zapatero. Durante la legislatura del bipartito los entonces tres grupos del Parlamento de Galicia habían consensuado demandar un paquete de 70 competencias pendientes que, decía el PP gallego en 2009, no habían llegado a concretarse por la “falta de sensibilidad para con Galicia del Gobierno socialista”. El bipartito, indicaban los de Feijóo, “apenas” podía “exhibir 12 traspasos” a pesar de existir “temas pendientes” que exigían un “esfuerzo negociador adicional”.
No obstante, la primera legislatura de Feijóo en la Presidencia finalizó con el contador de transferencias en blanco y la segunda va camino de finalizar igual. No en vano, hace apenas un año, en mayo de 2014, el portavoz de los populares gallegos en el Parlamento, Pedro Puy, daba el proceso por agotado. “Hubo un momento en el que las comunidades impulsaban el autogobierno mediante traspasos”, pero ahora “lo que hace falta para mantener el autogobierno es mantener la solvencia de la comunidad autónoma”, dijo, en la línea del reiterado en numerosísimas ocasiones por Feijóo.