El gobierno gallego ha decidido solicitar al Consello Consultivo -el supremo órgano consultivo de Galicia- el dictamen “preceptivo” sobre la posibilidad de que la Xunta interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. “El informe de la Asesoría Xurídica concluye que hay razones de sobra para que la comunidad autónoma actúe en defensa del Estado de derecho”, anunció el presidente, Alfonso Rueda.
En la comparecencia tras la reunión semanal de su gobierno, Rueda explicó que la petición partió de la propia asesoría, dependiente del jefe del ejecutivo, en coordinación “muy estrecha” con la nueva Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais, que tuvo “una participación muy directa en la elaboración de los argumentarios”.
El presidente de la Xunta ha explicado que la jurisprudencia reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de dar este paso cuando entienden que “se menoscaban sus competencias o que debe ser reestablecido el orden jurídico constituciona,l porque no hacerlo supone un perjuicio para ellas”.
La Asesoría Xurídica entiende que esto es así por varios motivos: porque contradice artículos de la Constitución como el 9.1: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
Además, interpreta, “y esto también lo hizo el Consejo General del Poder Judicial”, que esta ley tiene varios artículos que incurren en arbitrariedad; que choca “frontalmente” con el principio de igualdad territorial, jurídica y económica; que “vulnera” el principio de separación de poderes, ya que “deja sin efecto decisiones firmes adoptadas por el poder judicial”; por último, el objeto de su aplicación es “demasiado amplio e indeterminado” por lo que el principio de seguridad jurídica “se ve seriamente comprometido”.