Pocas veces el lema de un programa fue más adecuado. O Termómetro es un nuevo espacio de la TVG que se presenta como “el magazine de las mañanas para tomarle la temperatura al día” y este lunes lo ha hecho de forma clara. La huelga en la corporación de medios públicos contra la externalización de programas ha impedido que saliese al aire durante los 90 minutos que duró el paro parcial convocado por el comité intercentros y sólo pudo emitir su último tramo. Lo más simbólico es que la aparición en la parrilla de O Termómetro -una coproducción que sustituye al histórico A Revista, realizado durante más de dos décadas con medios propios de la casa-, fue el detonante de una convocatoria de movilización en días alternos que se convertirá en indefinida si no se alcanza un acuerdo con la dirección.
El paro estaba convocado de 11:30 a 13:00, coincidiendo con la emisión de la primera hora y media de O Termómetro, un espacio que se prolonga hasta cerca de los dos de la tarde. Con la movilización finalizada, a las 13:10, la presentadora del programa saludaba por fin a una audiencia que, hasta ese momento, se había encontrado de nuevo con el Aquí Galicia del sábado por la tarde. Apenas un fugaz rótulo, con el espacio ya comenzado, anunció los cambios en la programación debidos a la protesta. Sin embargo, durante buena parte de la redifusión, el cartel de “Directo” se mantenía bien visible en pantalla.
En este primer día de protestas, la plantilla de la CRTVG ha contado con el respaldo de la presidenta de la Federación Europea de Periodistas, Maja Sever, a la que -tras la concentración de trabajadores en las puertas de las instalaciones- se le impidió el acceso al interior de la corporación. Los paros parciales se repetirán miércoles y viernes. Si tras el fin de semana no se ha alcanzado ningún acuerdo, la convocatoria tomará carácter indefinido a partir del miércoles 16.
El comité intercentros considera que la externalización de programas “profundiza la estrategia de desmantelamiento de los medios públicos” mientras “dilapida recursos y facilita la manipulación informativa” y criticó los servicios mínimos “abusivos” decretados por la dirección. La CRTVG ha destacado que “cerca del 70%” del plantel no respaldase la convocatoria, con un seguimiento que cifra en el 32,5% de la plantilla. Para los sindicatos, sin embargo, esas 115 personas que pararon -99 en la central de San Marcos y el resto en las delegaciones- son “la gran mayoría de las que podían hacerlo en ese turno”, por lo que sintieron un apoyo “masivo”.
Sobre las causas de la convocatoria, la corporación insiste en que el sistema de coproducción usado para O Termómetro no es nuevo “y sigue el mismo esquema utilizado en la actualidad por TVG y el resto de canales autonómicos”. “Ni es una producción externa ni es una fórmula nueva”, concluyen.
Afirman además que, “al final de 2024, la Corporación contará con el 100% del cuadro de personal fijo” por lo que consideran “falso” que este programa “afecte -ahora o a futuro- a los puestos de trabajo dentro de la CRTVG”. Por último, la dirección afirma respetar el derecho a los paros parciales pero, a la vez, “lamenta la pretensión de alterar el servicio público y de bloquear la colaboración con las empresas productoras del sector audiovisual de Galicia”.
O Termómetro, el programa que desató el conflicto, es un espacio de características similares a A Revista, que no ha conseguido mejorar los datos de audiencia de su predecesor pero que, según el comité, cuesta 16.000 euros por cada uno de sus días de emisión, de lunes a viernes. Es una coproducción de Setemedia y Papaventos TV, la filial gallega de La Cometa TV, una empresa que forma parte del conglomerado Eurostar Mediagroup, cuya directora general es Rosa María Díez Fernández, asesora de Mariano Rajoy en tres ministerios durante ocho años.
De fondo, el proyecto para reforzar el control político de TVG
La huelga ha llegado en un momento “de máxima tensión”. El comité intercentros de la CRTVG había anunciado ya movilizaciones como respuesta al anteproyecto de ley de reforma de los medios públicos, un texto que acrecienta el control político de la Xunta sobre la corporación. Tanto que el comité considera que “pretende transformar directamente a la radiotelevisión gallega en el mayor órgano de propaganda del PP de Galicia”. “Una burla a la democracia que, si prospera, también será enfrentada con contundencia por sus profesionales”, concluyen.
El texto, que ya ha sido aprobado por el consello de la Xunta, permite elegir al director xeral por mayoría simple cuando, como sucede desde hace casi una década, no haya consenso entre los grupos. Esa situación mantiene en el cargo de forma “provisional” al actual dirigente, Alfonso Sánchez Izquierdo, encausado en un juicio por supuesto acoso laboral y quien ya ha expresado su intención de abandonar el puesto. Para muchos, el nuevo texto legislativo no es más que una coartada para encontrar una salida legal a un atasco que se mantiene desde 2016, cuando un añadido a la ley de acompañamiento de los presupuestos permitió la prórroga indefinida de su mandato.
La nueva propuesta, que está a punto de llegar al Parlamento, elimina los órganos profesionales de control recogidos en el texto vigente, de 2011. Se trata del Estatuto de Redacción y del Consello de Informativos, que nunca llegaron a existir. Ahora, los sustituye por un “consello asesor” en el que el PP puede asegurarse la mayoría de los nombramientos. El texto, que además abre la puerta a la utilización del castellano, ha recibido un rechazo unánime por parte de la oposición, los sindicatos, el Colexio de Xornalistas o la Mesa do Audiovisual, que representa a todo el sector en Galicia.
De forma paralela a la tramitación del anteproyecto, se ha presentado una iniciativa legislativa popular, Liberemos a Galega! que busca “rescatar” a la CRTVG del “secuestro” al que la somete el PP. El texto articulado, impulsado por 40 entidades, se registró en el Parlamento de Galicia el pasado 11 de septiembre y, desde entonces, la Mesa de la Cámara -con mayoría popular- contaba con un plazo de un mes para examinarlo y decidir si lo admite. Si es así, los promotores necesitarán un mínimo de 10.000 firmas para llevarlo a pleno.