La magistrada del juzgado número 1 de Santiago, Ana López Suevos, ha comunicado a ocho directivos de la Compañía de Radio Televisión Pública de Galicia (CRTVG) que deben buscar abogado tras haber sido imputados por un presunto delito de “acoso moral” y otro “contra los derechos de los trabajadores”. Entre los directivos investigados por la magistrada está el director de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo. Las fricciones de Sánchez Izquierdo con su plantilla forman parte ya del paisaje de los medios públicos gallegos y le sitúan en el punto de mira de una compañía pública en donde quien no cumple las indicaciones de censura es apartado de su puesto.
Sánchez Izquierdo llegó al cargo de la mano de Alberto Núñez Feijóo en 2009. Dos años después se aprobó una ley que exigía que su cargo estuviese soportado por un mínimo consenso entre las fuerzas con representación en el Parlamento pero ese consenso nunca llegó y el directivo a las órdenes del PP va encadenando trienios sin que pistas de que nadie en la Xunta discuta su perpetuidad en el cargo.
El colectivo 'Defende a Galega' insiste en que han trancurrido más de 10 años desde que se aprobó la ley de medios públicos de Galicia, pero la televisión y la radio aún no tienen un Estatuto Profesional ni un Consejo de Informativos que vele “por la independencia, veracidad y objetividad de los contenidos”. Esta exigencia legal está “bloqueada” por la dirección de la CRTVG, señala. Pese a los cuatro años de movilizaciones, los problemas que llevaron a los trabajadores a protestar “están todavía más enquistados”. Según denuncian, se centran, además de en la manipulación “sistemática”, en “desmantelamiento del servicio público”, una “degradación profesional” y la reducción “al mínimo” de la producción propia.
En este contexto se produce la denuncia de una trabajadora que ha derivado en la imputación de la cúpula. LA presunta situación de acoso se habría producido a lo largo de años en los que la denunciante fue trasladada de su puesto por su enfrentamiento con la dirección. Ahora la jueza la ha citado a declarar por video conferencia y ha librado oficio al Instituto de Medicina Legal de Galicia para que informe si la víctima presenta un daño psíquico compatible con los hechos denunciados.