La Ley de Titularidad Compartida fue una demanda largamente reclamada por las mujeres campesinas. Aprobada a finales de 2011, suponía que por fin las labradoras pueden figurar como cotitulares, junto a su pareja, del negocio familiar de explotación agraria, por lo que sus rendimientos económicos y subvenciones se repartirían al 50%. En la situación anterior, a pesar de que llevaran años realizando el mismo trabajo de los hombres, en la estadística solo figuraban como ayuda social: no existían, con los perjuicios económicos (sobre todo a la hora de la jubilación) que eso provocaba. De hecho, apenas el 5% de las campesinas gallegas se jubila con la pensión íntegra, frente al 80% de los hombres que trabajan en el campo.
Sin embargo, dificultades burocráticas, falta de información y sobre todo un escaso interés por parte de las administraciones por esta medida hacen que año y medio después de su entrada en vigor, su aplicación efectiva siga pendiente. Solo dos explotación habían solicitado hasta septiembre en Galicia la cotitularidad, y 52 en toda España. A esto se unen otros problemas (recortes en las leyes de dependencia, en la enseñanza, crisis económica...) que si bien afectan a toda la sociedad, inciden con mayor fuerza sobre las mujeres.
En este 25 de noviembre de 2013, Día Internacional contra la Violencia de Género, la casa de la cultura de Vilalba acoge a las 18.30 horas un acto sobre la violencia de género. María Ferreiro Santos (responsable de la Secretaría de Mujer del Sindicato Labrego Galego) hablará sobre la violencia de género en el ámbito rural, y la jueza Estela San José Asensio hará otro tanto sobre La Violencia de género y la independencia de la mujer. Dependencia económica y violencia de género, siempre unidas.
¿Por qué no hay más solicitudes de cotitularidad?
La ley se aprobó a finales de 2011 e inicialmente hubo problemas, porque las administraciones no tenían muy clara su tramitación o el tipo de documentación que se requería. Así estuvimos más de un año, hasta que a mediados de 2013 se solucionaron todas las dudas. Sin embargo, incluso a día de hoy, prácticamente no hay solicitudes. Nosotros llevábamos años reclamando esta ley, y fue muy bien bienvenida; el problema es que deben ser las propias explotaciones las que pidan el cambio de titularidad, y que la ley no se acompañó de medidas de acción positiva. En toda España hay 52 solicitudes, y en Galicia dos, con datos de septiembre; hoy pueden ser tres o cuatro. Sin embargo, en Galicia hay 35 mil campesinas que en las estadísticas figuran como ayuda familiar, no consta que formen parte de las explotaciones en las que trabajan.
¿Hay falta de interés por parte de las administraciones?
Hubo muchas movilizaciones, y era una necesidad objetiva, por lo que la ley se aprueba. Pero desde ese momento la administración se queda ahí, no va más allá, no se preocupa. Casi no ha habido publicidad en las oficinas comarcales, en las extensiones agrarias... los funcionarios casi no tenían información.
¿El hecho de no ser titulares les afecta mucho a las mujeres a la hora de cobrar su jubilación?
Está muy relacionado, sí. Es difícil contar con datos exactos, pero la realidad muy probablemente siga siendo esa. Los hombres llegan casi todos con la pensión completa, porque se dan de alta desde el momento en el que se hacen cargo de las explotaciones, desde el comienzo, desde que son muy jóvenes, y en cambio las mujeres, que seguramente llevan trabajando en la explotación desde el mismo momento que los hombres, solo se dan de alta cuando llegan a los 40 o 45 años. Esto ya venía pasando, y ahora con la nueva reforma de las pensiones, las mujeres labradoras salen mucho más perjudicadas.
¿A la mujer le afectan más los recortes en los servicios sociales?
En el caso de la enseñanza, el impacto está siendo grande. Vemos cómo hay zonas con una gran despoblación, por ejemplo en la zona de la montaña, que por el cierre de escuelas unitarias los niños tienen que hacer viajes de más de una hora en autobús para llegar a los colegios. Normalmente son las madres las que llevan a los niños o niñas a la escuela, o bien al lugar en el que cogen el transporte. Lo mismo pasa en el tema sanitario, con reducción de servicios en los centros de salud, incrementando los desplazamientos que las personas del rural se ven obligadas a hacer. Y por supuesto, el gran impacto de los recortes de la ley de dependencia, que por supuesto afecta más a las mujeres.
¿La violencia de género tiene características distintas en el rural?
La violencia nos afectan a todas las mujeres, pero es cierto que en el mundo rural tenemos diferencias. Por ejemplo, el tema de la despoblación, que hace que muchas mujeres queden solas, sin personas con las que compartir lo que te pasa. También es diferente la situación porque a veces tu entorno socializador, el médico o médica, la guardia civil, el asistente social..., por decirlo de alguna manera “todos y todas nos conocemos”, y eso muchas veces es una dificultad añadida a la hora de hacer una consulta médica o poner una denuncia. En esos casos, sucede que somos amigos o familiares del propio agresor. Y claro, los recortes en derechos sociales y la crisis económica influyen mucho. No se pueden separar los temas, está todo relacionado. Está demostrado que la independencia económica de las mujeres es fundamental para que puedan denunciar determinadas situaciones.
¿Hay tendencias positivas, no obstante? ¿Las mujeres campesinas participan más?
Vemos que el número de mujeres que participan y que se acercan a trabajar en los espacios que hemos ido creando va en aumento. Y pensamos que hay dos aspectos fundamentales en los que queremos incidir: la formación y la información. Hay leyes que en principio no hacen distinción entre hombres y mujeres, pero que en su aplicación práctica sí producen una discriminación. Por eso consideramos fundamentales los espacios de encuentro y análisis.