En primavera de 2013, hace ahora cinco años, lo que antaño habían sido Caixa Galicia y Caixanova y después, Novacaixagalicia, transitaba por la crisis económica como Novagalicia Banco, la entidad financiera resultante de la bancarización forzosa de las antiguas grandes cajas gallegas, rescatada del riesgo de quiebra con 9.000 millones de fondos públicos. Entonces en el Parlamento de Galicia comenzaba a dar sus primeros pasos la comisión de investigación sobre la fracasada fusión de las entidades, a la que el PP había accedido una vez superadas con éxito las elecciones de 2012. Los trabajos se extendieron durante toda aquella legislatura y la comisión volvió a ser creada tras unos nuevos comicios gallegos en 2016 entre anuncios de un cierre rápido que no ha llegado a producirse.
La legislatura gallega camina hacia su ecuador sin que se vislumbren por el momento las conclusiones de una investigación. Sin embargo, el escenario acaba de ser agitado por el resurgimiento, en las últimas semanas, de uno de sus aspectos más controvertidos: la inexistente auditoría en la que la Xunta dijo basar su apoyo a la operación.
El pasado 8 de mayo uno de los autores de aquel informe encargado por el Gobierno gallego a la consultora KPMG, el ejecutivo Francesc Gibert, reiteraba en el Congreso de los Diputados a preguntas de En Marea lo que ya había evidenciado en Galicia: que su empresa “en ningún caso” elaboró una “auditoría” sobre la fusión, sino que elaboró un trabajo de “diagnóstico acelerado” que “no recomendaba” la fusión. Esto es, lo contrario de lo que la Xunta había repetido en público en 2010 por boca del presidente, Alberto Núñez Feijóo, y de la entonces conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás. Tras esta declaración toda la oposición parlamentaria gallega ha intentado que Feijóo comparezca de manera monográfica en el Parlamento para dar “explicaciones” sobre la “mentira”; el PP lo ha vetado, pero el titular de la Xunta tendrá que abordar el asunto en la sesión de control de esta misma semana.
Pero, más allá de lo que Feijóo pueda o no responder, lo cierto es que la comisión de investigación parece estar de vuelta en el escenario en el que el PP la situó durante lo largo ciclo electoral inaugurado por las elecciones europeas de 2014 y cerrado por las gallegas de 2016. Los conservadores, según acabaron admitiendo, paralizaron durante tres años la investigación para “enfriar el debate” y, según señalaron en las primeras semanas de 2017, su voluntad al reabrir la comisión en la nueva legislatura era buscar un cierre rápido, sin investigar “cosas nuevas” y apenas examinando alguna documentación adicional, como la sentencia que llevó a algunos de los exdirectivos a la cárcel por el caso de las indemnizaciones millonarias.
En esta línea, en marzo del pasado año la comisión aprobaba la constitución de su ponencia -órgano que tendrá el encargo de redactar el dictamen de las conclusiones, que el PP puede sacar adelante en solitario gracias a su mayoría absoluta- y en los meses siguientes fue recibiendo algunos de los nuevos documentos solicitados. También llegaron al Pazo do Hórreo diversas negativas a colaborar, como las del 'banco malo' -que se negó a informar sobre el 'ladrillo tóxico' que le transfirió Novagalicia Banco- y del FROB, que vetó la posibilidad de informar al legislativo gallego sobre sus operaciones en el rescate de la entidad fusionada y posterior venta al venezolano Banesco.
El panorama desde aquella lejana primavera de 2013 ha cambiado notablemente. Exdirectivos como Julio Fernández Gayoso ya han entrado y salido de prisión, ya es conocido que alrededor de 8.000 millones públicos del rescate no van a ser recuperados nunca y Abanca, la entidad que Banesco creó tras comprar Novagalicia, lleva casi un cuatrienio apuntándose ganancias -las más recientes, 155 millones de euros en el primer trimestre de 2018-. Mientras, en el PP reiteran que no van a permitir nuevas pesquisas tras las palabras del responsable de KPMG porque sería promover un ejercicio de “arqueología” parlamentaria y en los grupos de la oposición confirman, a preguntas de Praza.gal, que no han recibido por el momento ninguna convocatoria que invite a pensar en una reactivación inminente de los trabajos.