La transmisión del Pazo de Meirás a la familia Franco se hizo a través de un contrato simulado en 1941 cuando el dictador llevaba utilizando el inmueble desde 1938 y para evitar que pasase a formar parte del patrimonio del Estado. Esa es la principal y contundente conclusión del informe jurídico elaborado bajo encargo de la Diputación de A Coruña y que debería ser la base para acudir a los tribunales y solicitar la nulidad de esta compraventa y lograr la recuperación de las instalaciones al tratarse de una propiedad “fruto de un negocio ficticio que puede ser anulado”.
Xabier Ferreira, coordinador jurídico del estudio y profesor de la Universidad de Santiago, ha explicado en rueda de prensa que acudir a los tribunales es la “acción necesaria” para recuperar el Pazo de Meirás como bien público para la ciudadanía y que ese proceso judicial debería llevarlo a cabo “cualquier persona o administración con interés en demostrar que aquella compra-venta no fue tal”.
La clave de esa posible demanda y sobre la que gira el informe es la anulación del contrato de venta del año 1941, junto con la consideración del bien como patrimonio del Estado.
Tal y como se detalla en el documento, los datos históricos indican que la donación del Pazo de Meirás -a través de coacciones y en un clima de represión en plena guerra civil- se concretó en el año 1938, para aprobarse luego en 1940 la Ley de Patrimonio Nacional y en el 41 formalizarse “una compraventa ficticia” de las instalaciones. Era la manera de evitar que fuera incorporado como bien público, por lo que sería destinado para el uso de la jefatura de Estado y no en exclusiva para la familia del dictador Franco, tal y como aconteció también tras su muerte y tras la recuperación de la democracia.
La base del proceso está en esa compraventa del año 1941, que se realiza con un precio bajo de venta y sin entregar el dinero an notetario, en una escritura en la que se incorpora una cláusula por la que no se puede reclamar. “La escritura es ordinaria, pero, de hecho, en 1941 Franco ya ocupaba un bien que Carmen Polo visitaba con asiduidad y en el que diversas instituciones habían acometido obras de reforma”, ha explicado Ferreira, remitiéndose al documento privado de donación de 1938, que había sido aceptada por el propio Franco, y que había sido anunciada desde A Coruña a Serrano Suñer a través de un telegrama publicado en prensa.
“En derecho existe la figura de contrato simulado cuando dos personas formalizan ante notario un contrato cuando están haciendo otra cosa, y de eso estamos hablando. En el año 1941 está comprando una persona que ya tiene el bien y vendiendo una que ya lo hizo”, explica, por lo que abrió la vía a reclamar la “nulidad plena de ese contrato” ya que “esa compraventa no existió y la acción, al tratarse de un bien público, es imprescripíble, inembargable e inalienable”, añadió.
¿Por qué Franco hizo esta operación si el Pazo ya era de su propiedad? La razón está, según Ferreira, en la aprobación en 1940 de la Ley de Patrimonio Nacional que incorporaría el Pazo de Meirás como bien público. Por tanto, el dictador precisaba firmar un contrato de compra para preservar el inmueble como propiedad privada.
“En nuestra opinión el bien, fruto de negocios ficticios, deberá formar parte del Patrimonio Nacional”, concluye Ferreira, para lo cual la “opción necesaria es acudir a los tribunales de justicia”. “El tribunal tendrá que valorar si el telegrama del gobernador civil de A Coruña a Ramón Serrano Suñer que decía que se hacía entrega del Pazo a Franco es falso o una realidad. A mí me genera una convicción clara y contundente de que eso aconteció”, añadió quien confía en que finalmente el bien revierta al dominio público.
El informe completo y definitivo será presentado el próximo 1 de marzo en la reunión del grupo promotor de la Xunta pro Devolución del Pazo de Meirás, conformada por varias entidades y administraciones públicas. Será en medio de una fuerte demanda social y política a favor de la reversión al público del inmueble, que el pasado viernes una inmobiliaria cántabra incorporó a su catálogo para ponerlo a la venta por 8 millones de euros.
Además, la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, ha advertido de que la decisión de adelantar algunas conclusiones del informe se debea la necesidad de contribuir “a asentar la posibilidad de revertir el bien al ámbito público”, además de anunciar “a las personas que quieran participar en su compra, de los problemas que tiene la propiedad, fruto de una apropiación ilícita”.
Conocidos los resultados del informe, el gobierno municipal de Sada, localidad donde está situado el Pazo, ha expresado su “satisfacción” de que el informe jurídico “coincida con la posición y demandas ya expresadas por el Ayuntamiento y defendidas en la Comisión de expertos” celebrada el pasado lunes en Santiago. “Que exista esa coincidencia, tanto en la ilicitud y nulidad radical del título fraudulento de la propiedad de Franco, como en la vía judicial civil y en la demanda de que las distintas administraciones deben defender, es una buena noticia para Sada y Galicia entera”, ha declarado el alcalde, Benito Portela.