A 72 horas de que se cierre el plazo para la presentación de alegaciones contra la macrocelulosa de Palas de Rei (Lugo), las plataformas que reúnen a ecologistas y vecinos han encontrado un nuevo argumento para tratar tumbar el proyecto. Y lo han hecho con la documentación que ENCE utilizó para descartar por “inviabilidad ambiental” el traslado de su planta de Pontevedra a cualquier otro punto de Galicia. Según los informes de dos consultorías aportados en la causa sobre la continuidad de la pastera en Lourizán, ningún río gallego cuenta con la “capacidad hídrica” necesaria para soportar una actividad que es mucho menor a la prevista por Altri en el río Ulla.
Las plataformas en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Ulloa Viva -representantes de los intereses de los dos extremos del Ulla, su desembocadura y su nacimiento- han acudido a la causa sobre la continuidad de ENCE en la ría pontevedresa, un caso que llegó al Tribunal Supremo, después de que la Audiencia Nacional anulase la prórroga de 60 años concedida a la planta por el gobierno de Mariano Rajoy. El alto tribunal, sin embargo, dio la razón a la empresa y permitió su presencia en la desembocadura del río Lérez hasta 2073.
Entre los argumentos que tuvieron que analizar los jueces, se encontraba un informe pericial de la consultora Idom, elaborado en 2018 -a petición de ENCE- por el ingeniero industrial Alfonso Vázquez y el biólogo Rafael Villasuso. En él, se especifica que la planta pontevedresa requiere, para la fabricación de pasta de papel, una captación diaria de 0,5 m3/s de agua dulce.
“De acuerdo con las consideraciones de empresas de ingeniería expertas en el diseño de este tipo de plantas”, dice el informe, “se puede tomar como una regla de buena práctica el que la captación no sea superior al 1/15 -1/20 del caudal del curso de agua considerado, por lo que para la captación de agua sería necesario un curso con un caudal mínimo de 7,5-10 m3/s”.
Según los datos de la Xunta en septiembre de 2017, el Lérez presentó un caudal mínimo de 2,8 m3/s, un dato claramente inferior pero que consideran “solventado” por la existencia de una presa de retención “que permite aportar el caudal necesario para la captación de la planta”. En ese mismo mes, el caudal mínimo del Ulla era de 0,8 m3/s, es decir, tres veces y media menos.
ENCE vierte al río tanta agua como la que capta. Para ello, después de estudiar lo que se hace en Europa, los autores concluyen que necesita poder hacerlo al mar, a lagos “de muy grandes dimensiones” -entre 1.120 y 15.000 Hm3- o “ríos de gran caudal” -de 156 a 6.500 m3/s-. La conclusión: “En Galicia no hay ni grandes lagos ni ríos con ese caudal de agua”.
Por eso, la planta de ENCE descarga al mar a través de un emisario submarino. La regla del 15-20, que se aplicaba también para la captación, sólo permitiría aquí hacerlo puntualmente en el Miño y el Sil, ya que “podría derivar en que dichos ríos no fueran aptos para recibir la descarga de efluente durante todo el año”.
Ambos cauces pertenecen a una confederación hidrográfica, la del Miño-Sil, de competencia estatal, motivo por el que Altri la descartó para instalar su planta. La empresa consideró que, al no estar bajo el control de la Xunta, “los otorgamientos de concesiones de aprovechamiento y vertido iban a ser más difíciles”.
La consultora que dijo una cosa y la contraria
La plataformas citan un segundo informe aportado en el proceso judicial. En este caso, el autor fue la consultora Pöyry, con datos de mayo de 2019. Meses después, en 2020, Pöyry se fusionaba con la sueca AF dando lugar a AFRY, la consultora que realizó el informe para GreenFiber -la sociedad creada por Altri y el maderero Manuel García para impulsar el proyecto- y defiende ahora justo lo contrario: que el río Ulla puede abastecer a una fábrica de celulosa mucho mayor que la de ENCE.
Sin embargo, en aquel entonces, Pöyry aseguraba que “sin una fuente de agua, suficiente tanto en calidad como en cantidad, para captar agua en abundancia y poder evacuar en un medio lo suficientemente grande, una fábrica de celulosa no puede operar”.
“Todas las fábricas de tamaño como ENCE Pontevedra descargan los efluentes en el mar o en un rio de grandes dimensiones”, podía leerse textualmente. Ya que el caudal mínimo de captación y de vertido para una planta como la de Pontevedra, que produce unas 500.000 toneladas de celulosa al año, es de unos 16.000.000 m3 anuales, su ubicación sólo “debe ser en la zona costera y, en concreto, en un lugar inmediato a la costa”.
“Existen fábricas en España que vierten a ríos con caudales poco elevados, pero son fábricas pequeñas y de menor capacidad de producción, teniendo en cualquier caso un impacto en el ambiente dada la poca capacidad de dilución del medio receptor a causa del poco caudal”, añade.
Por todo esto, “la necesidad de estar próximo a un gran curso de agua eliminaría lugares en Galicia como por ejemplo As Pontes”, la localidad coruñesa donde se buscan alternativas industriales al cierre de su central térmica, y que ha había sido “analizada y descartada en el pasado”.
“El eventual vertido en el Río Eume no es factible puesto que tiene un caudal medio de 6 m3/s, inferior a lo requerido para el vertido del efluente”. Además, requeriría un canal emisario “de más de 30 km”, algo que no sería “viable en la industria”.
Más allá de ese caudal medio, los datos oficiales de la Xunta citados por Idom y referidos a septiembre de 2017 recogían que el caudal mínimo del Eume era de 1,9, es decir, tres veces más que el del Ulla en ese mismo mes.
Con todos estos datos, tanto la PDRA como Ulloa Viva concluyen que “no se puede argumentar la imposibilidad del traslado de la factoría de ENCE en Lourizán y utilizar los argumentos contrarios para justificar la instalación de GreenFiber en el Ulla”.
“No hay ningún río en Galicia en el que sea sostenible emplazar una celulosa de las dimensiones productivas de GreenFiber”, sobre todo, “en un escenario de cambio climático como se puede percibir en la tendencia del caudal medio del río Ulla en los meses de agosto y septiembre, en los quinquenios 1980-2020”.