El goteo de decisiones de la Justicia que paralizan o suspenden permisos de la Xunta para levantar parques eólicos en Galicia continúa. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de dar a conocer una sentencia en la que anula la autorización administrativa previa y de construcción que el Gobierno dio a la empresa Greenalia -en cuyo consejo de administración está Beatriz Mato, que fue conselleira de Medio Ambiente con Feijóo- del proyecto de Bustelo, entre los municipios de Coristanco y Carballo (A Coruña). Lo hace porque considera que hubo una fragmentación “indebida” de los planes para construir molinos en varios parques, que en realidad son un solo proyecto.
El TSXG estima el recurso que presentó la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) contra la decisión de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de junio de 2021, con la que se concedieron las autorizaciones a la promotora. Los magistrados consideran probado en la sentencia que se produjo una indebida fragmentación del proyecto del parque eólico. Usan argumentos similares a los empleados el pasado 1 de junio para anular también las autorizaciones para el parque eólico de Campelo: los letrados de las codemandadas reconocieron abiertamente que hubo una “fragmentación de la evaluación ambiental de proyectos de tres parques eólicos -Campelo, Monte Toural y Bustelo- que, en realidad, no eran autónomos, sino integrados y dependientes entre sí”. Comparten, añaden, estructuras y conexiones, a pesar de que “las solicitudes se formularon en fechas distantes entre sí”.
Estos tres parques se proyectaron en la misma zona, pero como proyectos diferentes. El de Campelo está entre Santa Comba y Coristanco; el de Monte Toural -con los permisos suspendidos en enero- se encuentra también entre estos dos municipios; y el de Bustelo, entre Coristanco y Carballo. A la vista de las circunstancias, dice la sentencia, la evaluación ambiental ordinaria tendría que haber sido única.
La práctica de fragmentar indebidamente parques eólicos y presentar varios proyectos menores en vez de uno ha sido denunciada por organizaciones como Adega. La intención es, según esta asociación ecologista, beneficiarse de una tramitación ambiental más sencilla en la Xunta -por encima de 50 megavatios este trámite depende del Gobierno central- y evitar que se evalúe el impacto conjunto de todos los aeronegeradores e infraestructuras necesarias.
En el proceso hubo un equívoco: el lunes la empresa promotora, Greenalia, aseguró que iba a reactivar el desarrollo del parque de Bustelo porque le había sido comunicado que el TSXG había desestimado el recurso de Adega. El alto tribunal gallego aclara este martes que la sentencia fue notificada el viernes de la semana pasada con “un error material evidente” por el cual el texto ponía “desestima” en lugar de “estima”. Estaba “claro”, añade, que era una equivocación porque contradecía toda la argumentación dada.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo recuerda que el artículo 36.1 de la Ley de Evaluación Ambiental impone que los informes sectoriales se deben obtener antes del trámite de información pública, pero cuando se hizo el último de estos procesos con el parque de Bustelo aún no se habían recibido todos esos documentos. “De ello resulta que quienes ya alegaron o quienes aún no lo habían hecho en el plazo otorgado no pudieron ejercer de forma plena su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban, en un trámite que necesariamente tenía que realizarse antes de adoptar la decisión definitiva sobre el proyecto que se promovía”, concluyen los magistrado.