La Justicia obliga a la Sareb a reparar un edificio en Vigo que estaba “dejando caer” con inquilinos dentro

Es un callejón sin salida. Literal y metafóricamente. Ocho edificios colocados en forma de U que juntos suman 42 viviendas. El barrio donde están ubicados es O Calvario, bastión de resistencia obrera durante el efímero golpe de Estado del 1936 en la ciudad de Vigo. De aquel tiempo, todavía quedan rastros. La precariedad es uno de ellos. Se trata de uno de los quince distritos del Estado español con menor renta neta media por hogar, según el Instituto Nacional de Estadística. Otro es este bloque de edificios vetustos situado en el medio del barrio y en el que ya solo viven seis familias. Todas cuentan con rentas antiguas y vitalicias. Eso es algo que, según explican a este diario, incomoda a la que es su casera desde 2012: la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por Sareb. Desde entonces, han venido denunciando públicamente “acosos y presiones” por parte de su nueva arrendadora con el objetivo de que abandonen la vivienda y terminen el contrato de alquiler en contra de su voluntad. “Un mobbing inmobiliario de manual, vamos”, asegura el abogado de las familias, Fernando González.

Desde que la Sareb se hizo con los predios, justo en el momento en que la crisis financiera pegaba más fuerte, sus diferentes gestores de activos fueron llegando a acuerdos privados con el resto de inquilinos para que abandonasen sus casas. En aquel momento, les ofrecieron otras viviendas de, en teoría, características similares a las suyas. También alguna compensación económica. Casi todos los vecinos fueron aceptando el trato. Muchas de aquellas viviendas adolecían de daños estructurales que minaban la calidad de vida. Eso y la experiencia inmediatamente anterior de unos años noventa oscurecidos por la sombra de la heroína en un callejón como aquel, condicionaron la decisión de la mayoría. Pero seis familias se negaron a abandonar sus casas. Ahora, al asomarse a ver la calle Privada Moderna, a la que también le ha envejecido el nombre, solo ven puertas y ventanas tapiadas. Grietas, tejas rotas y un goteo constante de obreros que están demoliendo por dentro las viviendas en las que ya no vive nadie. Según el testimonio de las familias y su abogado, el resto de casas “las están dejando caer”. Una sentencia del Xulgado de lo Contencioso-Administrativo de Vigo les ha dado la razón.

En el 2017, tras la Inspección Técnica de Edificios que no superó, el Ayuntamiento de Vigo detectó “numerosas deficiencias en los elementos comunes, en el estado de las redes de servicios y en las cubiertas”. Habida cuenta de la falta de ejecución de las actuaciones de conservación necesarias para atajar aquellos desperfectos, el consistorio requirió a la propietaria para que llevase a cabo la ejecución de obras de conservación. Según esos informes, los técnicos municipales documentaron filtraciones, desperfectos en cubiertas y en la red de fontanería y saneamiento y daños severos en portales y escaleras. Ante eso, la Sareb se excusó diciendo que, para llevar a cabo esos trabajos, precisaba el desalojo de los inquilinos. Una afirmación que los expedientes del Ayuntamiento desmintieron ya que la corrección de la deficiencias puede ser efectuada con independencia de la existencia de inquilinos: “En realidad, ni siquiera constaba la ejecución de actuación alguna en las zonas no habitadas. Algunas de las actuaciones adquirieron el grado de urgentes, dado el peligro de desprendimientos, con el consiguiente riesgo para terceros”, describe la sentencia a la que ha tenido acceso esta redacción.

Dejar que pase el tiempo

A pesar de que el Ayuntamiento los instó en repetidas ocasiones a que acometiesen las reformas necesarias para evitar peligros, la Sareb se negó. Eso le valió multas trimestrales de entre mil y 10.000 euros desde entonces. Los vecinos y su representación legal consideran la imposición como “calderilla”, pero es la que estipula la ley. A juicio de los afectados, las intenciones de Sareb son claras: “Echarnos por las malas para crear aquí una nueva urbanización que les sea extremadamente rentable”. Para ello, la representación legal de los vecinos de la Privada Moderna explica que el banco malo sigue un hoja de ruta clara: “Ir estirando el tiempo sin acometer las reformas para que cada vez sea más complejo vivir allí, que puedan declararlo como ruina y expulsar a lo vecinos de sus hogares”, argumenta el letrado Fernando González. Sea o no ese su objetivo, las únicas acciones que ha tomado la Sareb van en esa línea. Trató en varias ocasiones de declarar como ruinas cada uno de los edificios y pidió paralizaciones cautelares de los expedientes que les obligaban a ejecutar las obras. “Aunque no lo consiguieron, allí nadie ha reparado nada. Cada vez que vienen obreros, lo dejan todo peor. Agrandan agujeros, dejan a vista partes de la estructura...”, explica uno de los vecinos más afectados. Según la Lei do Solo de Galicia, la declaración de ruina solo puede llegar bien porque la estructura del edificio ya no da para más, bien porque el valor económico de la reparación sea mayor que la mitad del coste de construir uno nuevo. “Sin duda están dilatando todo el tiempo para que ese momento llegue”, denuncia González.

La Privada Moderna ya había sido escenario de tramas de thriller, como en la aclamada novela Cabalos e lobos del periodista Fran P. Lorenzo, pero ninguna tan larga como esta. Seis familias humildes llevan más de un lustro bregando contra un organismo que, desde el año pasado, es mayoritariamente público. Y eso, además de que algunas de las viviendas estén en perfectas condiciones por dentro, creen que es lo más “sangrante”. “Un organismo que en su constitución tiene una labor social que cumplir, parece estar dejándola de lado para tratar de hacer un buen negocio. No hablamos de edificios sin más, ni números. Son los hogares de personas y deben ser tratados como tal”, reclama el abogado, que se muestra satisfecho por el fallo del tribunal, pero escéptico por saber cuándo se verán efectuadas las obras. Aunque la Sareb se ha defendido diciendo que ha hecho ofertas a los vecinos de viviendas con condiciones similares en otras zonas, estos lo niegan: “Para empezar, la renta vitalicia ya no existe jurídicamente. Y nunca nos han ofrecido pisos de más de noventa metros como los que tenemos al mismo precio”.

El salto a los medios

Cuando vieron que la presión de la Administración no conseguía nada, los vecinos decidieron acudir a los medios de comunicación a contar su historia. Los efectos fueron inmediatos. Tras la aparición en periódicos, radios y televisiones, la Valedora do Pobo de Galicia abrió una investigación de oficio para comprobar si la Sareb estaba vulnerando o no la ley al negarse a ejecutar las obras urgentes. No solo eso, el único diputado del Bloque Nacionalista Galego en Madrid, Néstor Rego, llevó al Congreso el caso. Y a las preguntas concretas sobre la situación, el Gobierno le respondió de manera genérica: “La Sareb está mejorando sus procedimientos internos en la gestión de las viviendas actualmente habitadas de su balance, con la finalidad de ofrecer a sus habitantes un alquiler social complementado con una estrategia de acompañamiento”.

La repercusión mediática también motivó que el Ayuntamiento de Vigo se erigiese como mediador entre la Sareb y las familias afectadas. Y aunque las familias agradecen el esfuerzo, especialmente a la Xerencia de Urbanismo, no parece haber surtido efecto todavía. Además, desde que a comienzos de 2022, Sareb eligiese a Blackstone e Hipoges para gestionar sus activos, la defensa de la familia denuncia que “ha sido como una vuelta a empezar” en las negociaciones. “Estamos llegando al límite, parece que nos toman por idiotas. En las últimas reuniones ni siquiera se habían estudiado el caso. Siguen la estrategia de que el tiempo pase”, lamenta González. De hecho, para tratar de paliar esa inacción, la sentencia del Contencioso-Administrativo y el propio abogado recuerdan al Gobierno de Abel Caballero que puede ser el propio Ayuntamiento quien ejecute las obras de manera subsidiaria para luego pasarle la factura a la Sareb. “Transcurrido el plazo otorgado al propietario sin que este haya procedido a dar cumplimiento a la orden de ejecución, el alcalde ha de proceder a la ejecución subsidiaria de las obras o a la ejecución forzosa”, reza el edicto.

Los concelleiros del Bloque y de Marea de Vigo han llevado en repetidas ocasiones al Pleno municipal el caso para tratar de acelerar unos trámites que consideran urgentes. “Estamos viendo a vecinas y vecinos absolutamente indefensos y abandonados por parte de las diferentes administraciones”, denuncia el concelleiro del BNG a la alcaldía de Vigo, Xabier P. Igrexas. “Tenemos en el centro de la ciudad 48 viviendas y pedimos que el Ayuntamiento medie para que puedan ser cedidas a estas familias”, añade Rubén Pérez, concelleiro de Marea de Vigo y responsable de política municipal en Izquierda Unida.