A finales del año 2011 el PP llevaba menos de medio año gobernando en el Ayuntamiento de Santiago. Con Gerardo Conde Roa en la alcaldía y Ángel Espadas como responsable de su gabinete, buena parte de los esfuerzos de ambos se encaminaban, según se concluye de las revelaciones del sumario de la operación Pokémon, a prorrogar el contrato que el consistorio capitalino tiene con la empresa Aquagest, actualmente denominada Viaqua. En aquellos días Espadas les explicaba a Henry Laíño y José Luis Míguez, responsables de la empresa en Galicia y en Compostela, que la operación estaba prácticamente hecha y las únicas dificultades eran que el secretario y la interventora municipal “nos están torpedeando todo” y por eso ya trabajaban para alejarlos de sus cargos. Esos relevos se produjeron y ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de anularlos.
Estos funcionarios no eran del agrado de los nuevos gobernantes populares ni tampoco de los jefes de Aquagest, considerados por la investigación líderes de la trama en la ciudad. La interventora “y el puto secretario nos están parando todo lo que tenemos encauzado”, se quejaban en una de las conversas intervenidas por Vigilancia Aduanera por orden de la jueza Pilar de Lara. Esas quejas, según consta en las escuchas, se las transmitieron al propio Espadas, que intentaba tranquilizarlos anunciándoles el recambio. Para el puesto de secretario la “primera opción” era Francisco Cacharro, hijo del ex presidente de la Diputación de Lugo, “que no quiso venir por una cuestión personal”. “Pero traemos a otro que no es peor, eh”, señalaba en conversación con Laíño.
Ya en la primavera de 2012, después de que Conde Roa se hubiera visto forzado a dimitir por su fraude fiscal, Laíño comentaba la nueva situación con el concejal de Deportes santiagués, Adrián Varela, imputado en la Pokémon, al igual que Conde Roa y Espadas. En aquel entonces Varela comentaba que en el seno del gobierno local estaban “fastidiados” con todo lo que estaba sucediendo, también porque “no dan hecho en el Ayuntamiento, porque se cargaron al secretario y a la interventora”. El nuevo alcalde, Ángel Currás, estaba “desbordado”. En aquella altura el PSdeG local ya intentaba frenar en los tribunales los relevos del secretario y de la interventora, concretados a través de la creación de dos nuevas plazas idénticas, así como de una tercera para la tesorería municipal. Según defendía la concejal de Personal, Amelia González, la única intención era la de “paliar irregularidades”.
Un relevo contrario a la ley, pero con el aval de la Xunta
El argumento esencial de los socialistas compostelanos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consistió en que el gobierno entonces comandado por Conde Roa estaba infringiendo el decreto de recortes con el que el Gobierno de España estableció, entre otros aspectos, la prohibición de incorporar nuevo personal a las Administraciones locales. Así lo advirtieron en sus informes el propio secretario y la viceinterventora municipal, según consta en la sentencia. La única voz a favor llegó desde la Xunta, que, tras la preceptiva consulta formulada por el Ayuntamiento, consideró que las incorporaciones eran adecuadas, porque secretarios, interventores y tesoreros son funcionarios estatales y, por lo tanto, “su entrada en la Administración no se produce a través de la entidad local, sino a través de la oferta de empleo público de cada comunidad autónoma”.
Pero al juzgado no le valieron los argumentos del Ayuntamiento, que defendía la idoneidad de pasar a tener tres plazas de secretaría y otras tantas de intervención y tesorería. Tampoco aceptó los intentos de que se desestimaran los informes de las personas titulares de las plazas por tener “interés” directo en el caso y, además, “relación de confianza” con el PSdeG local. “Resulta evidente que con la ampliación del plantel se está vulnerando” la prohibición estatal, “porque se incrementó el plantel al figurar tres plazas por cada una de las funciones típicas de los habilitados nacionales donde anteriormente solo había dos”. “Resulta evidente que con el incremento de plantel acordado tuvo lugar la incorporación de nuevo personal, que es precisamente lo que se prohíbe”, evidencia el dictamen.
Así las cosas, y evidenciando que “los argumentos esgrimidos” por el Ayuntamiento “no justifican” la “premura” con la que buscaron nuevo secretario e interventor, el alto tribunal gallego estimó el recurso del PSdeG y anuló la creación de estas tres plazas. Además del varapalo jurídico-político, al gabinete ahora dirigido por Currás le corresponde asumir las costas del proceso judicial, “con la limitación de 1.500 euros en concepto de gastos de defensa de la parte demandante”. El Gobierno local ya anuncia que recurrirá ante el Supremo.