En el inicio del verano vecinos de diversos municipios gallegos -de A Coruña a Vigo pasando por A Pobra de Trives- certificaban la alerta que habían venido lanzando sindicatos y colectivos en defensa de la sanidad pública: faltan pediatras, especialmente a causa de las vacaciones no sustituídas. La Consellería de Sanidade se apresuró en señalar que no sustituye el personal porque no tiene más y que, en todo caso, la atención médica a la infancia está asegurada. Esa línea, Alberto Núñez Feijóo aseguraba estse jueves que “si alguien es pediatra y quiere trabajar en Galicia, sólo tiene que contactar con el Sergas [Servizo Galego de Saúde”] y será inmediatamente contratado“.
Comenzaba así un verano marcado por los conflictos en diversos campos de la sanidad pública gallega que ahora se ensanchan entre sectores del personal que también llevan meses o incluso años movilizados: los Puntos de Atención Continuada (PAC) y el 061.
En el caso de los Puntos de Atención Continuada las protestas para “reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo” se han canalizado a través de las centrales sindicales y también mediante la plataforma PACS en Pé de Guerra [PACS en Pie de Guerra]. Esta semana el personal movilizado ha entregado en las diferentes delegaciones de Sanidade unas 400 solicitudes formales para “demandar la elaboración inmediata de calendarios laborales ajustados a la jornada ordinaria”. O, lo que es lo mismo, el cumplimiento del pacto laboral alcanzado con el Sergas en el año 2008, en tiempos del Gobierno de PSdeG y BNG. “De este modo -explican desde el sindicato CIG Saúde- figuraría por separado la jornada obligatoria y la voluntaria” y “garantizaría que cada trabajadora pudiera disfrutar de los días libres que le corresponde”.
Pero el ajuste de los calendarios laborales no es la única reivindicación, recuerdan desde la Plataforma PACS en Pé de Guerra de A Coruña. “Una de las reivindicaciones que nos preocupa en gran medida es la falta de planificación”, señalan. “Desde hace diez años no se revisan los planes funcionales” y esto “quiere decir que hay poblaciones que han crecido demográficamente” mientras otras han perdido población o han visto incrementado su envejecimiento, “lo que se traduce en más desplazamientos a domicilios” sin que esto haya supuesto cambios en los PAC. “Un ejemplo de esto es Arteixo, que tiene un censo poblacional aproximado de 32.000 habitantes” sin “tener en cuenta la población flotante y el polígono de Sabón con todos sus trabajadores”. Allí, afirman, “tan solo un equipo sanitario hace la cobertura en el PAC”.
Esta nueva jornada de protestas, subrayan, se ha celebrado ante lo que consideran “escaso interés de la Administración” por “avanzar” en las negociaciones iniciadas el año pasado. El pasado febrero, recuerdan, sindicatos y personal pidieron “una reunión con el Sergas para reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo” para que las deficiencias “no repercurtan en la calidad de la asistencia a los pacientes” porque no había habido contactos con la Consellería desde noviembre. Fue creada una “comisión técnica” de sindicatos y otra representación del personal para concretar y negociar las mejoras, pero “el proceso no avanza” porque el Sergas “lo dilata en el tiempo”, denuncian.
Huelga en el 061
En el caso del 061 el origen del conflicto es la misma que estuvo tras la huelga que desarrolló el personal del 112 el pasado 2017 y que culminó con la consecución de la práctica totalidad de sus reivindicaciones: el traslado de la central de emergencias desde su emplazamiento actual en Santiago al municipio de A Estrada. Mientras que el personal laboral de este servicio ya ha llegado a un acuerdo con la Xunta sobre las condiciones del traslado, el personal estatutario -que se rige por un estatuto laboral propio- está en huelga desde este 1 de agosto “por el traslado forzoso sin una compensación justa”.
La Xunta, dice el personal, debe realizar una “oferta justa” que compense un cambio en las condiciones de trabajo que implica “más de 60 kilómetros diarios de conducción” -ida y vuelta de Santiago a A Estrada- y la “repercusión de una hora y cuarto diaria de desplazamientos” como “tiempo añadido a la jornada laboral en la conciliación de la vida familiar”, así como los “costes de movilidad” y el “riesgo de siniestralidad”. Frente al inicio del paro, agregan, la Xunta ha fijado unos servicios mínimos del 100% que, en la práctica, “equivalen a impedir el derecho a la huelga”.