El presidente de la Xunta considera que la negativa de las Anpas a gestionar los servicios de comedor y de madrugadores en los centros de Pontevedra por las dificultades para cumplir el protocolo anti COVID de la Xunta es una “amenaza”. A la pregunta de si el Gobierno gallego dará alguna alternativa de conciliación para las familias que se vean afectadas con el cierre de estos servicios, Alberto Núñez Feijóo sembró dudas sobre las razones que están detrás del plante de las Anpas y consideró que la cuestión debería ser: “¿Por qué en unas provincias se puede cumplir el protocolo y en otra no se puede cumplir el mismo protocolo? Hay que reflexionar sobre eso antes de pensar que el protocolo está mal hecho o es inadecuado o es inasumible”.
“Lamentamos la amenaza por parte de las Anpas. No oculto nuestra sorpresa porque haya Anpas en otras provincias que están dispuestas a hacer el esfuerzo y otra en que no. Vamos a seguir trabajando a ver si ponemos un baño de realismo a todos”, continuó el presidente en funciones. Las asociaciones de madres y padres de Pontevedra y Marín decidieron esta semana dejar de hacerse cargo de los servicios de comedor y de madrugadores -que atiende al alumnado que llega al centro antes del inicio de las clases- en 23 centros ante la aprobación unilateral de la Xunta de Galicia de un protocolo sanitario que rechazan tanto las Anpas como los sindicatos.
El presidente de la Confederación Galega de Anpas, Rogelio Carballo, señala que, con las normas que impone, el Gobierno gallego está trasladando la responsabilidad a las asociaciones. “Lo mínimo que puede hacer el presidente de la Xunta es preguntar por qué quien lleva años gestionando comedores, asumiendo esta responsabilidad gratis y con mucha dedicación, decide dejar de hacerlo este año. Nadie de la Consellería de Educación ha hablado con nosotros ni antes ni después de presentar el protocolo”, explica. Carballo indica que la Confederación de Anpas de Pontevedra “no amenaza, sino que plasma la imposibilidad técnica de llevar los comedores y la imposibilidad de asumir la responsabilidad” en estos espacios.
El protocolo de la Xunta ha puesto de acuerdo a sindicatos y Anpas, que en las últimas semanas se han manifestado en contra de unas medidas que consideran “inviables” y han pedido que no se inicie el curso escolar con esas normas. El Gobierno gallego apuesta por el uso de la mascarilla en las aulas y descarta otras medidas que propone el Ministerio de Educación como reducir las ratios de alumnado por aula. “Es un protocolo muy minucioso, probablemente el más completo de las comunidades y está supervisado por las autoridades sanitarias”, defendió este mediodía el presidente de la Xunta que citó la “obligación” que tienen los diferentes actores del sector educativo con el “derecho constitucional a recibir una educación” como argumento para acallar las protestas de padres y madres, profesorado, sindicatos y también de los municipios.
“¿Que puede haber tensiones al respecto por mayores gastos en los ayuntamientos? Vale, nosotros también los tenemos. Los municipios tienen que negociar con el Gobierno central como estamos haciendo las comunidades”, afirmó Feijóo sobre una competencia que está transferida a las comunidades autónomas. A comienzos de junio, el planteamiento del presidente de la Xunta era diferente. Entonces pedía que los 2.000 millones de euros que anunció el Gobierno central como fondo perdido a las comunidades para educación se pudieran dedicar a otros fines. “Pido compromiso y realismo a todos los operadores educativos porque hay un derecho constitucional a la educación que temos que proteger e implementar”, afirmo.