La preparación del inicio del curso escolar en Galicia inquieta a la comunidad escolar, que ve acercarse el mes de septiembre sin saber cómo piensa hacer frente a la COVID-19 la Consellería de Educación. Más allá del protocolo para la convivencia en las aulas que ha provocado unanimidad en el descontento de sindicatos y en las asociaciones de madres y padres, la Xunta de Galicia no tiene aún previsto si arrancará el curso con más profesorado, como ya han anunciado otras comunidades, o si invertirá en medidas concretas para contener el virus en las aulas.
El borrador del protocolo para el curso 20/21 ha provocado las primeras reacciones en contra de un Gobierno que ni ha tomado posesión. Los sindicatos, que se levantaron la pasada semana de la mesa de negociación con la consellería, han convocado dos manifestaciones que apoyan también las dos principales confederaciones de ANPAS de la comunidad. Ambas patas de la comunidad educativa censuran que el borrador se presentase sin apenas antelación al inicio del curso, sin negociación ni contactos previos y contraviniendo las recomendaciones del Gobierno central para la contención del virus en las aulas. Las normas que regirán en los centros educativos, ya que la Xunta no ha frenado su tramitación, mantiene un número máximo de alumnos por aula en 25, frente a los 15 que establece el Ministerio de Sanidad, y la obligación del uso de mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia de un metro entre estudiantes, mientras que en el resto de espacios la recomendación es de 1,5 metros. “La Consellería se permite el lujo de saltarse las normas para no tener que gastar un euro”, resume el presidente de la Confederación Galega de ANPAs de centros públicos (Confapa), Rogelio Carballo.
La Consellería de Educación indica que, además del protocolo, el Gobierno gallego va a elaborar unas “instrucciones para el inicio del curso desde el punto de vista académico y un protocolo específico para los centros de educación especial”. El departamento responsable de Educación desconoce si ampliará el número de docentes para el curso que viene y lo mantiene como una incógnita “mientras no se cierre la matriculación”. Comunidades como Cataluña, con más de 8.000, Castilla y León, con 600 profesionales más, ya han anunciado las previsiones de contratación para hacer frente a las necesidades de la lucha contra la COVID-19 el próximo año escolar, tanto en profesorado como en otros ámbitos. “Ni se refuerza, ni se hace ningún gasto. En el protocolo, por ejemplo, se dice que habrá que reforzar la limpieza pero no se señala la existencia de un presupuesto para ello”, destaca la vicepresidenta de ANPAS Galegas, Isabel Calvete, ni para un aumento de personal ni para un incremento de las frecuencias.
A un mes y medio del inicio del curso, la Xunta no indica tampoco si tiene previsto alguna inversión que permita adaptar los centros de enseñaza ante el coronavirus. “Estamos esperando a que el Ministerio nos concrete el cuándo, cuánto y cómo de los fondos que nos comprometió”, señalan desde el departamento de la Xunta. Se trata de los 2.000 millones de euros que anunció el Gobierno central como fondo perdido a las comunidades autónomas para que fueran destinados a educación. Esta idea, sin embargo, no convenció a Núñez Feijóo en su momento, que reclamó que los gobiernos autonómicos pudiesen gastar los fondos en otros departamentos. Alberto Núñez Feijóo argumentó entonces que Galicia ya cuenta con la mayor ratio de profesores por alumnado. “Ese es un juego perverso. El mismo de si yo me como un bocadillo y tú ninguno la estadística dice que comimos medio cada uno. La dispersión en Galicia motiva esas ratios porque hay muchos centros y algunos, como las escuelas unitarias tienen 20 alumnos con tres o cuatro profesores, pero habría que ver cómo están en las ciudades”, replica el responsable de CIG-Ensino, Suso Bermello.
El sindicato mayoritario en Educación junto a los otros tres representados en la mesa sectorial (ANPE, CCOO y UGT) se manifestará este miércoles en Santiago para pedir que “no se inicie el curso” si la Xunta no retira el protocolo. “La situación es muy complicada, pero la pandemia comenzó en marzo y estamos en el mes de julio. Hubo tiempo para tomar algunas decisiones y no se hizo”, censura Bermello. El responsable sindical señala además que los primeros movimientos de Educación indican que también en el próximo curso la consellería continuará con el cierre de unidades en algunos centros. Coincide también Carballo: “En Pontevedra están cerrando escuelas rurales. No solo no pone [la Consellería] más recursos sino que está compactando aún más, reduciendo unidades, o no permitiendo desdoblamientos de clases” que ya están al límite de los 25 alumnos y alumnas.
Tanto las ANPAS como la central sindical coinciden en que la falta de diálogo de la Consellería de Educación es total pero también la de propuestas y alternativas. “Es el trabajo de la Consellería aportar soluciones, no el nuestro, pero hay opciones y hay recursos. Se pueden utilizar los centros de zonas periurbanas, se puede aumentar el profesorado, se puede revisar el plan de transporte... pero la Xunta no está dispuesta”, afirma Calvete. En la misma línea, Bermello señala que hay posibilidades para reducir el número de alumos por clase en centros de localidades medianas o pequeñas y “hubo tiempo” para buscar soluciones en la ciudades, en las que los colegios e institutos tienen menos espacio. “Se pudo establecer una colaboración con la Fegamp, por ejemplo, que podría aportar soluciones, se pudo haber plantedo turnos o días alternos, como en otras comunidades. La situación es muy complicada, pero hubo tiempo para buscar soluciones”, recalca.