Las precarias condiciones en la que las mujeres en el segundo trimestre de gestación interrumpían su embarazo en Galicia desveló numerosos defectos en los protocolos sanitarios del sistema sanitario público. La falta de garantías y de la asistencia mínima requerida para estos abortos -denunciada por varias afectadas hace más de medio año- provocó que el Sergas optase por enviar a todas las mujeres a Madrid para ser atendidas en una clínica especializada con la que mantiene convenio. Dicho protocolo sigue sin aplicarse y, tal y como adelantó este diario, las demandas de atención idónea y en la comunidad autónoma son respondidas por las autoridades con amenazas de romper el acuerdo con ese centro madrileño. La Fiscalía acaba de reactivar el caso para determinar si hay responsabilidad penal por parte de la Administración.
Este miércoles, el fiscal superior de A Coruña ha recibido a la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto (PGDA) para recabar información detallada sobre las denuncias de la deficitaria atención en estos abortos terapéuticos pasadas las 14 semanas de gestación. Varias mujeres habían advertido de la falta de atención continuada e idéntica a la de un parto, de la imposibilidad de contar con anestesia epidural o incluso de tener que expulsar el feto en un baño y en solitario.
La Fiscalía autonómica derivó a las fiscalías provinciales los casos -los hay en A Mariña, Ferrolterra, A Coruña, Lugo o Vigo- y archivó las diligencias por falta de casos concretos y denuncias individualizadas. Ahora, la PGDA aporta testimonios con “datos contrastados” de mujeres que han sufrido deficiencias en la atención. Ha sido Margarida Corral, portavoz de la plataforma en A Coruña, quien se ha reunido durante más de una hora con el fiscal, que ahora llamará a declarar la esas afectadas. Son, por el momento, dos las que han accedido a aportar sus datos personales, pero hay “docenas de casos”.
“El fiscal solicitará la declaración de las implicadas, su testimonio y pruebas documentales y periciales para determinar si hay causa penal”, explica Corral, que anuncia que la PGDA “valorará ahora” si se vuelve a poner en contacto con otras mujeres que denunciaron sus casos y todavía no han facilitado sus datos para incorporarlos a la Fiscalía.
“Desde las autoridades sanitarias no se ha hecho nada para cambiar los protocolos y continuamos recibiendo denuncias de mujeres que sufren no sólo el dolor físico sino consecuencias emocionales. Los abortos a partir de las 14 semanas, reconocidos por ley, no se garantizan en la red pública gallega, se vulneran los derechos de las mujeres y, por si fuera poco, se les obliga a desplazarse a Madrid con las consecuencias psicológicas y económicas que eso implica”, explica Corral, que junto a docenas de personas más se ha concentrado ante la Audiencia Provincial con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito de este 28 de septiembre.
El protocolo sanitario a seguir, a pesar de lo que asegura la Xunta, no existe según los profesionales de la salud. Desde el Centro de Orientación Familiar (COF) de A Coruña se aclara que en el propio hospital materno-infantil se les ha confirmado que todas las mujeres que tienen que afrontar un aborto terapéutico están siendo enviadas a Madrid, como mínimo hasta que exista dicho protocolo.
Por tanto, la alternativa del Sergas para garantizar una asistencia médica completa y el acompañamiento continuo de la mujer es acudir la una clínica privada a 600 kilómetros. Pero los gastos tienen que ser adelantados por las afectadas y las limitaciones son importantes. Ahora, además, la cuantía que sufraga la Xunta para el desplazamiento se ha rebajado casi a la mitad mientras se aumentan los requisitos para poder acceder a la subvención.