“Cuando se habla de Alcoa siempre se dice que hay 400 familias que dependen de esos empleos, pero cuando hay despidos en Atento o en la empresa que sea en este sector parece que el problema no es tan importante. Parece que mucha gente está convencida de que nosotros no vivimos de lo que cobramos aquí, sino que los sueldos de teleoperadora son simplemente un complemento de otros salarios. Yo apoyo a los compañeros de Alcoa en todo: fui a todas las manis, caminatas y protestas que hicieron, por supuesto. Pero a veces parece que hay problemas de primera y de segunda categoría. Es como si dijeran: 'tienes un trabajo de mierda, malo será que no encuentres otro trabajo de mierda, tampoco es para tanto'. Pero hay mujeres que con los 600 euros que cobran como teleoperadoras pagan un piso y alimentan a dos hijos”.
Mónica Carrodeguas es delegada de la CIG en Atento, empresa de telemarketing que emplea a 600 personas en A Coruña. Los call centers dan trabajo a casi 10.000 personas en Galicia (80.000 en el conjunto de España), un 75% mujeres y alrededor de la mitad de menos de 35 años. Son en su mayoría grandes empresas. Bosch en Vigo emplea a 1.500 personas (que llegaron a ser más de dos mil), Unísono también en Vigo a alrededor de 1.000, Extel en A Coruña a unas 700, Teleperformance a casi medio millar, por poner algunos ejemplos.
El sector se caracteriza por sus bajos salarios y por la precariedad contractual y constituye uno de los reflejos más claros de que las nuevas generaciones fueron las mayores perjudicadas por la crisis económica de la última década y por las últimas reformas laborales. Los sueldos rondan los mil euros para aquellas personas que trabajen 39 horas semanales (el máximo fijado en el último convenio), pero estas son una minoría. La mayoría trabaja 30, 25, 20 horas o menos, con un salario medio de unos 600-700 euros, que las obliga a buscar otros empleos a tiempo parcial si quieren tener unos ingresos dignos.
Sin embargo, esto no es nada fácil, toda vez que muchas de ellas padecen horarios cambiantes que les impiden cualquier posibilidad de conciliación con otras actividades. Es además un trabajo duro, estresante, tanto por el volumen de llamadas que tienen que atender cada día como por las crecientes exigencias introducidas por las empresas en cuestión de pausas y objetivos. Son muchas las denuncias en materia de salud laboral y riesgos psicosociales y también las bajas por ansiedad o depresión.
“No nos dejan trabajar en paz. Hay gente que se sienta a trabajar y está atendiendo las llamadas llorando la mitad del día. Esa presión y ese nivel de estrés es lo que revienta nuestra salud y lo que provoca que tengamos tantas bajas. Cada vez que se hace una evaluación de riesgos psicosociales, los factores son todos negativos. Inspección siempre conmina a las empresas a bajar esos factores de riesgo, pero nunca se hace nada. Con mejores condiciones trabajaríamos a gusto y el servicio prestado sería mucho mejor. Pero la realidad es que la mayoría de las personas que trabajan en telemarketing cuando van a fichar, cogen la tarjeta y resoplan: comienza un nuevo día”, explica Mónica Carrodeguas.
Es también un sector que registra una gran movilización laboral y una gran participación en sindicatos, siendo el que suma un mayor número de conflictos en todo el Estado, según los datos del Servicio de Mediación y Arbitraje, encargado de dirimir los enfrentamientos entre empresas y trabajadores. Trabajadoras de varias empresas destacan que su situación ha empeorado en los últimos años, a pesar de que la facturación del sector ha mantenido un crecimiento constante (con un incremento en sus ingresos del 7% o del 8% cada año). Por el contrario, los salarios se han mantenido prácticamente congelados en este tiempo, una pérdida de poder adquisitivo del 5% que fue consolidada por el ultimo convenio colectivo, firmado por CCOO y UGT, que introdujo algunas mejoras, pero insuficientes para CGT o CIG.
Una situación cada vez más precaria
Las trabajadoras sufren la presión de la deslocalización de los servicios a países con sueldos más bajos, que ha provocado cientos de despidos en muchas compañías (en Galicia, por ejemplo, en Atento o Extel). Además, la situación de precariedad laboral que se vive en el conjunto de la sociedad es aprovechada por las empresas de telemarketing para ofrecer menos garantías a su personal. “Las empresas del sector aprovechan la situación de crisis económica: como no hay otros empleos o no hay empleos menos precarios, lo que hacen es apretar mucho más a las trabajadoras”, destaca Adrián García, trabajador de Extel en A Coruña.
“Desde hace dos años parece que todo lo tenemos que arreglar en el juzgado o en Inspección de Trabajo. La situación ha empeorado desde que decidieron centralizar todo en Madrid. No es que todo fuese perfecto antes, pero no teníamos que acabar continuamente en un conflicto para reivindicar derechos que son nuestros”, comenta igualmente Luísa Baños, trabajadora de Unísono en Vigo.
Lo mismo comenta Mónica Carrodeguas (Atento): “Hay tendencia a empeorar, cada vez tienen menos vergüenza en decir una cosa y hacer la contraria, en hacer lecturas extrañas de los convenios, en tener menos reparos a que todas las situaciones acaben en los juzgados... Las empresas están envalentonadas al ver lo que pasa en empresas con más visibilidad social, como Alcoa o Vodafone. Nuestros conflictos nunca van a tener la repercusión pública de los suyos”.
“Tenemos un convenio colectivo que legaliza la precariedad laboral. No puso límites en los salarios, jornada o posibilidad de conciliar”, denuncia Adrián García, que recuerda que “ha habido una importante pérdida de poder adquisitivo en estos últimos años, en un tiempo en el que el sector estuvo maximizando beneficios a costa de precarizar el trabajo”. García denuncia, además, que la propia administración pública (a través de Correos, Hacienda, Seguridad Social y otras entidades) “está subcontratando a empresas de telemarketing servicios que antes prestaban trabajadoras con condiciones laborales mucho mejores”.
“Y las empresas de telemarketing están a su vez subcontratando esos servicios ya subcontratados. Bajan los costes a costa de recortar los derechos y las condiciones laborales”, resume, concordando con Luísa Baños en que las empresas recurren cada vez con más frecuencia a la vía judicial y a incumplir los acuerdos y convenios firmados: “Prefieren ir al juzgado, porque en la espera de 2 o 3 años hasta que se resuelve el caso la trabajadora sigue explotada y muchas veces abandona”.
Otra de las cuestiones común a casi todas las compañías es el recurso cada vez más extendido a la contratación a través de empresas de trabajo temporal. Precisamente el personal de Unísono mantiene en estos momentos movilizaciones en protesta por estas contrataciones por ETT. Las personas que son contratadas de este modo cuentan con condiciones laborales aún peores. “Muchas veces les comunican el horario el día anterior a entrar a trabajar, mientras que al resto nos tienen que comunicar los horarios el mes anterior (y al 20% con 7 días de antelación). Así es imposible tener cualquier plan de vida”, comenta Luísa Baños.
Baños destaca también que la otra razón por la que las empresas prefieren personal temporal es que estas trabajadoras “no protestan”. “Cuando hay una huelga la mayor parte de las trabajadoras que sí acuden a trabajar es personal ETT. Tienen mucho miedo. No se dan cuenta de que nosotros no queremos que las despidan, sino que lo que queremos es que las contraten en condiciones”, destaca.
Adrián García destaca también que la contratación de personal temporal dificulta igualmente el trabajo de control de las condiciones laborales que llevan a cabo los sindicatos. “Después de las dos últimas reformas laborales tenemos una legislación que nos deja absolutamente vulnerables ante los abusos”, destaca. “Mientras no tengamos un convenio colectivo que garantice unas condiciones dignas, veremos empresas que hagan esto o más”, dice. Recuerda, además, que “este sector fue creado para precarizar. Las trabajadoras cobran la mitad de lo que cobraba antes una persona haciendo ese trabajo directamente en Telefónica o Gas Natural”.
El trabajador de Extel destaca que la precariedad laboral es algo de lo que las empresas se benefician, prefiriendo por este motivo los contratos a tiempo parcial, que generan un amplio conjunto de trabajadoras pobres. Por una parte, destaca que “una jornada parcial puede ser reducida en cualquier momento aduciendo una merma en la carga de trabajo, porque así lo permite la legislación, cosa que no se puede hacer con una jornada a tiempo completo”. Además, explica que “los ritmos de trabajo son tan brutales, por tener que estar cogiendo llamadas un minuto tras otro, que no compensa tener trabajando a una persona 8 horas seguidas. Llegado un momento nadie es capaz de resistir ese ritmo de trabajo inhumano durante 8 horas, por una cuestión física”.
Los salarios resultantes de estas jornadas parciales son tan bajos que obligarían a tener dos trabajos al mismo tiempo para sumar un salario mínimamente digno, pero la realidad es que los horarios que se ponen “por necesidades del servicio” hacen que muchas veces eso sea imposible. Jornadas habituales, por ejemplo, de 10 a 15 horas o de 12 a 17 horas hacen que no se pueda tener un segundo trabajo.
Las deslocalizaciones y la importancia de la lengua gallega
Este es un sector que depende mucho de las veleidades y fluctuaciones de las grandes empresas. Precisamente en estos momentos Bosch, en Vigo, está afectada por la política de recortes de Vodafone, pues comparte algunos servicios con la compañía de telecomunicaciones, que ya ha anunciado 41 despidos en toda Galicia.
¿Hay miedo por las posibles deslocalizaciones de servicios? “No le tenemos miedo a las deslocalizaciones. Deslocalizaciones ya hemos sufrido, ya nos han despedido a mucha gente, pero es evidente que es una política recurrente de estas empresas. Es habitual que mucha gente llame y diga 'ah, menos mal, por fin alguien de aquí'?, comenta Mónica Carrodeguas (Atento), que apunta que ”la única solución depende de las personas que llaman: que pidan atención en gallego. Con eso se evita la deslocalización“. ”De lo único que tienen miedo las empresas es de que los clientes se marchen a otras empresas que sí les den lo que ellos piden“, destaca.
En Bosch las trabajadoras y trabajadores participaron activamente en la campaña lanzada por la Mesa pola Normalización Lingüística para defender los derechos lingüísticos de los consumidores y consumidoras. Laura Pérez, delegada de la CIG en la empresa, destaca que “si las y los clientes, cuando llaman al servicio o reciben una llamada comercial, demandan atención en gallego, este servicio tendría que quedarse en nuestro país. Es importante que la gente se dé cuenta de este hecho”.