Oviedo, obligado a destinar un millón en inversión “real” para bomberos por 'malgastar' el dinero de los seguros

La capital asturiana ha recibido un nuevo varapalo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al ayuntamiento, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, a destinar 873.854 euros en inversión “real” en mejoras para el Servicio de Extinción de Incendios, al constatar que ese dinero lo ha destinado a sufragar, entre otros, gastos corrientes.

Este es un patrón común a Ayuntamientos, Diputaciones y comunidades autónomas que están destinando el dinero cobrado a las aseguradoras derivado del pago de las primas de seguros de incendios o multirriesgo tanto a gastos corrientes como a áreas diferentes al que por su naturaleza les correspondía.

En Asturias hay tres cuerpos de bomberos: Oviedo, Gijón y el Principado (SEPA). Este último presta el servicio en todos los concejos de Asturias menos en estas dos ciudades. El 23 de octubre pasado, el Tribunal Supremo (TS) confirmó la inadmisión del recurso del Principado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que le obliga a invertir 7,5 millones correspondientes a los años 2017 a 2021, a los cuales hay que añadir 2022, 2023 y 2024.

El destino de una contribución especial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA rechazó, el pasado 23 de diciembre, a través de un auto la solicitud del Ayuntamiento para la aclaración de la sentencia que declara la obligación de invertir 873.854,58 euros en el servicio de extinción de incendios y salvamento (SEIS).

El alto tribunal asturiano considera que la sentencia está muy clara y entiende que la petición municipal “encaja más propiamente en una disconformidad del Ayuntamiento de Oviedo con la sentencia dictada por esta Sala, tratando de volver a debatir los mismos extremos”, dando así la razón a los Bomberos del SEIS.

Así, el TSJA confirma la sentencia dictada en noviembre, al considerar que el dinero que recauda el Ayuntamiento de las aseguradoras “no se corresponde con lo que es propio de las tasas, sino más ajustado a contribuciones especiales”, por lo que debe ser destinado íntegramente a inversiones y no a gasto corriente, tal y como ordena el Supremo en una sentencia del 11 de noviembre de 2020, que estimó el recurso interpuesto por el sindicato Corriente Sindical de Izquierda a favor de los Bomberos del Ayuntamiento de Gijón.

Es decir, se trata de un dinero que debe revertir exclusivamente en mejoras en el servicio de prevención y extinción de incendios, como compras de vehículos y programas informáticos o mejoras en los edificios, entre otros.

Habrá más reclamaciones

Ahora, el TSJA estima en parte el recurso promovido en representación de Bomberos de Oviedo, donde se acredita que el ayuntamiento ovetense recaudó en 2022 la cantidad de 910.126,51 euros en concepto de tasas, de los que solo destinó 36.271,93 euros a inversiones reales en el Servicio de Extinción de Incendios, por lo que debe invertir la diferencia, 873.854,58 euros.

La sentencia concluye que el Ayuntamiento de Oviedo está eludiendo la obligatoriedad de destinar tales cantidades “única, exclusiva e íntegramente” a inversiones reales en este servicio, como dictó el TS.

No obstante, los bomberos de la capital asturiana van a seguir adelante y presentarán en breve la reclamación de los casi 1.800.000 euros que corresponde invertir de los años 2023 y 2024, a la vez que van a exigir que en 2025 el dinero recaudado de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa) se destine totalmente a inversiones. Un dinero que, aseguran, servirá para mejorar la seguridad de la ciudad y renovar unos equipos que, según corroboran, están obsoletos.

El subinspector del SEIS de Oviedo Emilio Martínez ha explicado a elDiario.es Asturias que las necesidades son muchas y los recursos destinados a mejoras son escasos, a pesar de que el mantenimiento y las piezas a sustituir de los vehículos son caros porque tienen mucho desgaste, por lo que tendrían que estar prácticamente cada uno o dos años renovando material, algo que no ocurre.

Ante esta situación, los trabajadores recurrieron al asesoramiento profesional del abogado Javier Calzadilla que acudió a los tribunales de justicia para reclamar que el dinero cobrado a las aseguradoras derivado del pago de las primas de seguros de incendios o multirriesgo se destinara a inversiones reales y los tribunales de justicia le dieron la razón.

Tras la sentencia, el ayuntamiento ha mostrado su intención de llegar a un acercamiento, aunque de momento solo ha sido de palabra.

“Todavía no hay nada firmado, pero parece que el ayuntamiento está por la labor y la idea es que nos juntemos varios mandos y con el consenso de la Jefatura de Servicio elaboremos un plan de viabilidad”, comenta el subinspector.

Las necesidades

La prioridad para los trabajadores está clara: necesitan que en 2025 se implante el sistema de gestión informática para modernizar un servicio que se ha quedado obsoleto, ya que actualmente siguen utilizando el papel, la compra de materiales, especialmente mangaje (mangueras) y la mejora de las comunicaciones.

Una vez conseguidos estos objetivos, el siguiente paso sería de cara a 2026, 2027 y 2028 que se fuera procediendo a la renovación de los vehículos que más desgaste sufrieron.

El subinspector cita por ejemplo, que sería importante que se adquiriera un vehículo o una bomba urbana ligera para acceder a calles estrechas, así como a pueblos pocos accesibles. También considera necesario que contaran con un furgón de animales y otro de transporte de personas porque en Oviedo no hay un furgón con ocho o nueve plazas y cuando se van a hacer relevos o cursos formativos a veces tienen que ir en los coches particulares o la adquisición también de un vehículo de altura.

Ese plan de viabilidad habría que revisarlo a los cuatro años y valorar su desarrollo, ya que el dinero de este tributo es anual. Emilio Martínez reconoce que esta sentencia no solo redundará en una mejora de medios materiales para el servicio, sino que además permitirá ofrecer la máxima seguridad a la ciudadanía y a ellos mismos como trabajadores.

Lo que recoge la Ley

La Ley de Haciendas Locales establece que un cinco por ciento al año de todas las pólizas contra incendios contratadas y un 2,5 por ciento de las pólizas multirriesgo han de ser devueltas a las administraciones que tienen servicio de Bomberos para contribuir a la ampliación y mejora del servicio.

En la práctica, la mayoría de las administraciones destinan este tributo, en su mayor parte, a gasto corriente y de personal, lo que supone cientos de miles de euros al año que dejan de invertirse en mejoras para un servicio más eficaz y seguro.

El abogado que llevó el caso tanto de Gijón como del Principado de Asturias, y ahora de Oviedo, Javier Calzadilla, está defendiendo desde 2015 los intereses de Bomberos de varios lugares de España.

Reconoce que la sentencia del Supremo fue pionera y marcó “un antes y un después” al abrir la posibilidad a que colectivos de Bomberos de todos los municipios y comunidades autónomas puedan reclamar la aplicación de lo recaudado por este tributo a inversiones reales.

“Esta sentencia implica que a partir de ahora los vecinos y vecinas de Oviedo están más seguros. En general, la gente piensa que realizan trabajo solo en la extinción de incendios, pero hay muchísimo más detrás como actuaciones en la prevención de caídas de tejas o de fachadas en los edificios, de las excarcelaciones en accidentes de tráfico, etcétera. Les imparten información, pero no tienen medios para desarrollarla”, asegura el abogado.

Las reclamaciones en otras autonomías

Javier Calzadilla ha demandado a varios ayuntamientos y comunidades autónomas en representación de los Bomberos. Además de Madrid y Asturias, está presentando demandas en Almería, Granada, Cantabria, Torrelavega, Vitoria y San Sebastián.

En la comunidad autónoma de Madrid, la cuantía que debería haberse invertido en Bomberos se calcula que asciende a 42 millones de euros en los ejercicios comprendidos entre 2019 y 2023. Por el contrario, se derivaron a partidas desconocidas o a gastos corrientes de otros servicios de emergencias. En este caso, el letrado ya ha presentado la demanda en el TSJ de Madrid contra la desestimación de la reclamación administrativa por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, denunciando que estos cinco últimos años no se ha aplicado por el ejecutivo autonómico madrileño la doctrina del Supremo.

Una de las sentencias más recientes hace alusión al servicio de extinción de incendios del Gobierno de Cantabria, cuya firmeza se declaró por el TSJ cántabro el pasado mes de octubre y condena al gobierno regional a invertir en el servicio más de seis millones de euros.

Las alegaciones en algunos casos son cuanto menos paradójicas. Hay sitios como en Vitoria donde el interventor argumentaba que la inversión en un frontón es también del servicio de extinción de incendios porque incluye un revestimiento para evitar llamas. O en San Sebastián, donde se alegaba algo similar respecto a unas espalderas.

“Es un patrón común de las administraciones públicas destinar el dinero de los fondos de Unespa a otras partidas, con independencia de quién sea el partido que gobierne”, advierte Javier Calzadilla, quien pese a todo confía en que las administraciones públicas “acaben por fin asumiendo que es obligatorio destinar a inversiones en los parques de bomberos las elevadas sumas cobradas a las aseguradoras”.