La relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, ha remitido dos cartas, una al Gobierno de España y otra a la empresa Tungsten San Finx, que reactivó una mina de wolframio sobre la ría de Noia, para expresar su “preocupación” por la causa abierta contra Ecoloxistas en Acción. Ese proceso judicial se deriva de una denuncia de la compañía contra la asociación ecologista tras una protesta y Lawlor traslada su inquietud al respecto: “Tememos que esté [la causa] basada en una denuncia abusiva, iniciada en represalia por su activismo pacífico”.
En las comunicaciones pide tanto al Estado como a la empresa que aporten la información que consideren oportuna sobre el caso y expliquen cómo están cumpliendo la ley, en el caso del Gobierno para evitar el uso indebido del derecho penal y proteger a los defensores de los derechos humanos y, en el de Tungsten San Finx, para el respeto del medio ambiente y de los derechos humanos. “Nuestra preocupación a este respecto [en cuanto a la causa judicial] se ve amplificada por las anteriores acusaciones infundadas que habrían sido interpuestas por la empresa contra Ecologistas en Acción y otras organizaciones”, añade el documento, firmado por Lawlor, por el presidente-relator del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas, Damilola S. Olawuyi; y el relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, David R. Boyd.
El caso se deriva de las protestas de Ecoloxistas en Acción contra la actividad de la mina de San Finx. Inactiva desde 2017, a principios de 2023 la Xunta autorizó a la empresa -entonces propietaria, aunque pocos meses después vendió la explotación a otra sociedad de reciente creación- a verter las aguas acumuladas, cargadas con metales pesados, a un arroyo cuyas aguas van a dar, siete kilómetros más abajo, a la ría. La plataforma ecologista, al igual que las cofradías de pescadores y los gobiernos municipales de la zona, se movilizaron contra el permiso de la administración gallega. Augas de Galicia, el ente encargado del control de los niveles de contaminantes, terminó abriendo un expediente tras confirmar que superaba por mucho los máximos.
El documento remitido por la relatora repasa los hechos de los que tiene conocimiento: el 5 de julio de 2023 un grupo de una decena de activistas fueron a la mina y colocaron en una tubería de vertidos con un “tapón simbólico hecho de cartón” durante unos segundos. Lo grabaron y difundieron dentro de su campaña de sensibilización.
Los controles hechos en agosto por Augas de Galicia concluyeron que los niveles de cadmio multiplicaban por 78 los topes permitidos. También se superaban los límites de cobre (48 veces) y de zinc (ocho veces). Así lo denunció en su momento Ecoloxistas en Acción ante los medios. La Xunta sancionó a la empresa con 180.000 euros, añade la asociación.
El 6 de septiembre de 2023, Ecoloxistas en Acción recibió una citación del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid para comparecer dentro de una investigación sobre supuestos daños ocurridos durante la protesta del 5 de julio. Era consecuencia de la denuncia de la empresa. La relatora recoge que “esta no sería la primera denuncia presentada por su empresa y empresas vinculadas contra Ecologistas en Acción y otras personas defensoras de los derechos humanos”. En marzo de 2022, añade, la empresa Galicia Tin & Tungsten S.L, también una filial de Pivotal Metals, interpuso una demanda civil contra Ecologistas en Acción y otras entidades por presunto allanamiento y robo. En 2017, Tungsten San Finx presentó demandas civiles contra dos organizaciones de defensa del medio ambiente por violación de propiedad privada. “Todas las demandas fueron declaradas sin fundamento”, concluye.
La relatora daba tanto al Gobierno de España como a la empresa un plazo de 60 días para contestar antes de hacer públicos sus escritos. Solo el Gobierno respondió. Argumenta que “l uso indebido de la Justicia (civil o penal) es un delito tipificado” en el Código Penal y que les corresponde a los tribunales “apreciar la posible existencia de dicho delito e imponer las penas correspondientes”.
Sobre los impactos de un vertido en el medio ambiente, indica que la competencia en este caso le corresponde a la Xunta de Galicia, responsable de la Demarcación de Galicia Costa.