DomusVI, la multinacional dedicada a la explotación comercial de residencias de mayores, ofreció a principios de octubre un sistema de “gratificación por nuevos ingresos” a sus trabajadores. Es decir, cada empleado que aportase un usuario cobraría un plus en su nómina. Las tarifas van de los 30 a los 150 euros, en función de los servicios contratados. DomusVI gestiona 202 centros en España, más de 30 en Galicia, y su labor durante la pandemia de coronavirus se ha visto en el foco crítico: en sus habitaciones murieron más de 2.000 personas.
El comunicado interno de la compañía, dirigido a los asalariados, incluye una breve argumentación sobre el propósito confeso de la medida. “Nuestra razón de ser es cuidar personas y estamos convencidos de que lo hacemos ofreciendo lo mejor de todos y todas nosotros”, dice, “por eso, queremos seguir atendiendo a más personas y usuarios en nuestros centros y servicios”. A continuación, la dirección explica una de las vías, a su juicio, para hacerlo: la recomendación a familiares, amigos y vecinos. Los trabajadores asistenciales tienen la posibilidad de aumentar los ingresos por la vía comercial.
“¿Y quién mejor para hacerlo que los y las que día a día estamos al pie del cañón ofreciendo un servicio de calidad a las personas que cuidamos?”, expone el texto. Tal “servicio de calidad” no se compadece, sin embargo, con la polémica en la que DomusVI se ha visto envuelta como consecuencia de la incidencia del virus en sus instalaciones. Durante la primera ola, solo en Galicia, fallecieron 149 personas en ellas. Más de 2.000 en todo el Estado.
Pero los problemas venían de más atrás: en febrero de 2020, la representación de los trabajadores de su residencia San Lázaro en Santiago de Compostela había denunciado ante la Xunta las serias carencias de personal de la misma, donde 91 de las 156 plazas eran concertadas. El Gobierno gallego nunca respondió. En el lugar murió después uno de cada tres ancianos a causa de la COVID. La consejera delegada del grupo, Josefina Fernández, aseguró sin embargo en noviembre que la elevada mortandad no se debió a “problemas estructurales ni a la inadecuación del modelo”.
Superada la primera arremetida de coronavirus, DomusVI, que entre tanto había publicado una triunfal memoria de sus actividades, se puso a buscar más clientes. A las puertas de que estallase la segunda ola, estableció una tabla de “gratificaciones” para aquellos de sus empleados que trajesen ancianos a las residencias y así “recompensar los ingresos que se produzcan” por su “recomendación”. Si conseguían que estos se quedasen más de un mes en las mismas, en centros de día o en apartamentos para mayores, el plus sería de 150 euros. Por los mismos servicios, pero menos de un mes, 75 euros. Y por aquellos que contratasen la llamada teleasistencia, 30 euros.
El incentivo salarial solo será para “plazas privadas residenciales, de centro de día o servicios de teleasistencia, nunca para plazas concertadas con las administraciones”. Además, “solo una vez por cliente, los reingresos no cuentan”. En Galicia, y según los datos que la propia DomusVI ofrece en su página web, son más de 2.200 las plazas que la empresa, la mayor de toda España en el sector, ha concertado con la Consellería de Política Social de la Xunta.
Los lazos económicos que atan DomusVI a, en este caso, la Administración gallega tienen su correlato en la cercanía de Josefina Fernández y Alberto Núñez Feijóo. El presidente le había entregado en 2016 la medalla del Círculo de Empresarios de Galicia. Todavía a finales de 2019 el conselleiro de Economía, Francisco Conde, hacía lo propio con el Galicia Global, de la Asociación Española de Directivos. De alguna manera Fernández devolvió los favores en su comparecencia de noviembre ante la Comisión de Reactivación del Parlamento de Galicia.
Comparecencia parlamentaria ideológicamente cargada
En aquella intervención, ideológicamente cargada y que el Partido Popular acabó convirtiendo en un homenaje a la empresaria ante la estupefacción e indignación de los partidos de la oposición, criticó con dureza medios de comunicación y políticos. Contra los primeros, por haber en su opinión infravalorado la amenaza del virus a comienzos de 2020. Contra los segundos, “por la gestión de la pandemia en España”. Eso sí, dejó muy claro que no fue el caso del Gobierno gallego ni de Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que en la comunidad se replicaron errores y demoras análogos a los de otros lugares.
Fernández también alertó en la Cámara gallega contra lo que considera riesgos de un sistema de cuidado de mayores únicamente público, que en su visión de las cosas promueven algunas formaciones políticas y que puede conducir a un “caos en el sistema y a la pérdida de recursos”. Y le parece que “la ampliación del cuadro de personal” de las residencias en el actual sistema público privado repercutiría negativamente en el precio de cada plaza. BNG y Partido Socialista respondieron entonces a su discurso, lo que llevó al presidente del órgano parlamentario, Diego Calvo (PP), a pedir disculpas a Fernández “en nombre del Parlamento de Galicia”.
Contactada por elDiario.es para conocer su explicación sobre el sistema de gratificaciones por nuevos ingresos, DomusVI declinó “participar”. Lo hizo 24 horas después para puntualizar que el mecanismo existe “desde hace años” y que, “en ningún caso”, los trabajadores asistenciales realizan labores comerciales.