La Xunta de Galicia quiere reducir todavía más el control democrático de los medios públicos de comunicación. De salir adelante la nueva ley, que este lunes aprobó el gabinete de Alfonso Rueda en su reunión semanal, la dirección general de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) ya no necesitará mayoría reforzada como hasta ahora -el voto favorable de 45 de los 75 diputados del Parlamento gallego- sino que bastará con la absoluta, que detenta el Partido Popular. Además, los órganos de participación profesional, Consello de Redacción y Estatuto Profesional, recogidos en la norma vigente, de 2011, pero nunca desarrollados, desaparecen. “Si llega a producirse”, ha señalado esta mañana la diputada y viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil en rueda de prensa, “será un auténtico escándalo, un enorme retroceso democrático”.
elDiario.es adelantó este fin de semana parte del contenido del anteproyecto de ley, que ahora entra en exposición pública. Para Rodil, está redactado “a la medida de los intereses del PP y con un único objetivo: hacerse con el control absoluto de la televisión y la radio públicas de Galicia”. El Partido Socialista reaccionó en una línea similar y ha solicitado la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno gallego en un pleno extraordinario “para aclarar las iniciativas relacionadas con la nueva ley de la CRTVG”. “La situación actual refleja una serie de problemas y deficiencias que agravan la necesidad de transparencia”, señaló su diputada Silvia Longueira.
La nacionalista Olalla Rodil resultó más contundente. Acusó a la derecha gallega de convertir el ente público en una terminal de su propia línea política, tal y como vienen denunciando profesionales de la casa, sindicatos y entidades gremiales desde hace años, y resumió en tres finalidades el anteproyecto: controlar su dirección, eliminar los órganos de participación de las profesionales, y abrir la puerta a lenguas distintas del gallego. Sobre este último aspecto, que también criticó la socialista Longueira, dijo que se trata de un ataque a la línea de flotación de la compañía, cuya ley de creación en 1985 incluye entre sus obligaciones contribuir al proceso de normalización y difusión de la lengua gallega. “Abrir la puerta a otros idiomas la desnaturalizaría”, añadió.
La ley que este lunes visó el Consello de la Xunta sustituirá a la vigente, que data de 2011 y fue impulsada por Alberto Núñez Feijóo en su primera legislatura. La reducción de la mayoría necesaria para nombrar director general -el actual, Alfonso Sánchez Izquierdo, tiene 75 años y su mandato caducó en 2016; sigue en el puesto de manera interina gracias a una modificación introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de aquel año- y la supresión de los órganos profesionales convertirían la comunidad “en una anomalía en nuestro entorno”, aseguró Rodil, periodista de formación. “TV3, ETB o BBC, todas las corporaciones públicas, tienen órganos profesionales para blindar el trabajo de los profesionales y garantizar su independencia”, afirmó, “eliminarlos es gravísimo y un retroceso democrático”.
El BNG exigió finalmente al Ejecutivo autonómico que de marcha atrás y “no se atreva a presentar tal despropósito” después de 15 años “arrastrando la CRTVG por el suelo”.