El Gobierno gallego acaba de iniciar la tramitación de la Ley de Garantías de Prestaciones Sanitarias, la norma que el presidente de la Xunta atribuyó a su “convicción personal” y que es presentada como el soporte definitivo para que ningún enfermo espere de más en la sanidad pública gallega. Pero lo que a priori puede ser visto como una herramienta fulcral para agilizar de una vez el Servizo Galego de Saúde es observado con cautela por parte del personal sanitario y por las plataformas en defensa de la sanidad pública. La razón de estos recelos es el mecanismo previsto por Sanidad para darles salida a los pacientes que superen los tiempos de espera máximos marcados en la propia ley: la privada.
Según el anteproyecto de ley, al que tuvo acceso Praza Pública, “los pacientes que requieran atención sanitaria hospitalaria, de carácter programado y no urgente” tendrán “garantizada la misma” en 60 días en el caso de intervenciones quirúrgicas, 45 días para consultas externas y los mismos 45 en las “pruebas diagnósticas y/o terapéuticas”. En el caso de las consultas externas cumplir este objetivo implicaría, según los últimos datos disponibles -los del primer trimestre de 2013- rebajar las listas actuales en apenas cuatro días, toda vez que la espera media está en 49,3 días. Pero para las operaciones quirúrgicas el objetivo está notablemente más lejos: en marzo de 2013 la espera media se situó en 83,4 días contando POVISA -el hospital concertado vigués que es el de referencia para más de 100.000 personas- y en 69,3, sin POVISA.
Así las cosas, todo parece indicar que, especialmente en los centros hospitalarios más saturados y en tiempos de recortes, los 60 días de referencia van a ser superados por la realidad. ¿Qué sucederá entonces? Según el anteproyecto, “en caso de que la espera prevista supere el tiempo máximo establecido para la prestación de la asistencia sanitaria, se ofertará la realización de la prestación en otro centro de la red pública” o también “en un centro concertado”, esto es, en un hospital privado cofinanciado con fondos públicos. El Sergas deja, además, la puerta abierta a que “el paciente” no reciba “una oferta para ser atendido en el tiempo máximo establecido”. En cuyo caso “tendrá derecho a acudir a un centro privado de su elección” ubicado en Galicia y “a ser reembolsado de acuerdo con las tarifas que se establezcan”. Esto es, el enfermo pagará la intervención en la privada, pero la Xunta le devolverá el dinero.
El otro guiño al sector sanitario privado se encuentra en uno de los derechos que crea la nueva ley: la “libre elección” de centro hospitalario. Atendiendo al texto del anteproyecto “se garantiza el derecho de los usuarios a la elección del centro o complejo hospitalario, dependiente o concertado”, para la “realización de una intervención quirúrgica, consulta externa o la realización de una prueba diagnóstica o terapéutica por un problema de salud nuevo”. Al no quedar reducido a la red pública, este margen de maniobra forzará, en la práctica, a seguir financiando centros concertados aunque, en determinadas áreas sanitarias, los hospitales públicos puedan satisfacer las necesidades de la población.
Menos información sobre listas de espera
Al margen de la relación entre sanidad pública y sanidad privada el Gobierno gallego también regulará con esta ley la manera en que va a informar de las listas de espera. Sanidade dedica el artículo 28 a la “información general de los tiempos de acceso” y explica que el Sergas “facilitará información a toda la ciudadanía, a través de su portal web, sobre el número de pacientes que figuran en espera y el tiempo medio de espera para los distintos procedimientos realizados por cada una de las especialidades y desglosados por centro sanitario”.
Este precepto implica que el Gobierno fija en la ley una práctica que ya se desarrolla en la actualidad, pero no es exactamente así. Desde hace años el Sergas publica en Internet sus listas de espera al final de cada trimestre y, segundo la nueva ley, esta información será publicada de manera “semestral”. Así las cosas, si la ley termina su trámite parlamentario sin modificaciones la Xunta sólo informará dos veces al año sobre las listas de espera del Sergas.