La lentitud con la que avanzan algunas de las causas por corrupción abiertas en los últimos años en Galicia está propiciando que, al tiempo que se mantienen las sospechas sobre numerosas empresas implicadas en ellas, esas mismas firmas estén viendo aumentadas sus cifras de negocio precisamente en las administraciones cuyos contratos están siendo investigados. La presunción de inocencia no sólo permite que esas empresas puedan presentarse a concursos que supuestamente intentaron orientar hacia sus intereses sino que, mientras no se convocan esos concursos, en ocasiones demorados precisamente por las investigaciones penales abiertas, esas mismas firmas siguen viéndose beneficiadas de prórrogas otorgadas de manera unilateral por administraciones de todo color político.
En un repaso a las principales investigaciones por corrupción abiertas en Galicia en los últimos años se encuentran casos de todo tipo, pero en todos ellos la reacción de las administraciones, al margen de su ámbito territorial y partido gobernante, cuando se les pregunta por qué contratan con esas empresas es la misma: “Es legal”. Pero hay incluso un caso en el que no sólo la contratación de la empresa investigada es legal sino que, a pesar del intento político por no hacerlo, es la propia justicia la que obliga.
La Justicia obliga a adjudicar a una empresa clave en el caso Pokémon
El caso Pokémon, iniciado en 2012 por la jueza de Lugo Pilar de Lara y ramificado en múltiples causas aún en investigación, despertó dudas sobre la manera en que determinadas empresas agasajaban políticos a cambio de presuntas decisiones administrativas beneficiosas para sus intereses. La empresa que los investigadores consideran como el centro de ese caso es el grupo Vendex, un conglomerado de servicios del que forma parte Doal. A pesar de las sospechas que recaen sobre ella y la imputación de sus directivos, la justicia obligó al Ayuntamiento de Santiago, en el que también se investigan las operaciones de esa firma, a adjudicarle a Doal el servicio de la grúa municipal.
Fue en 2012 cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, resolvió un concurso que había lanzado el gobierno local anterior encabezado por el PSdeG y adjudicó el servicio de la grúa a otra empresa, Setex Aparki. Sin embargo, Doal recurrió ante la justicia aquella adjudicación argumentando que esa otra empresa había incumplido una de las condiciones del concurso público y que el recinto que había ofrecido para almacenar los coches retirados no alcanzaba por unos pocos metros el mínimo exigido en el pliego de condiciones de la licitación. Para cuando la justicia le dio la razón, Doal ya estaba implicada en el caso Pokémon y la ciudad la gobernaba Compostela Aberta. Una formación que había ganado las elecciones con un discurso que ponía el foco en las relaciones entre el PP y esas empresas investigadas y que en su programa prometía remunicipalizar ese servicio de la grúa que ahora la justicia le obliga a entregar a una empresa investigada por corrupción.
El Gobierno local actual asegura que sigue adelante con su plan de remunicipalización, pero lamenta que las decisiones judiciales sobre el caso están demorándolo. Entre ellas, la de trasladar al juzgado de Lugo el expediente administrativo de esa adjudicación incautado en los registros del caso Pokémon realizados en su momento en el Ayuntamiento de Santiago, lo que dejó a la administración sin documentos que necesitaba.
Santiago prorroga a Monbus
En los concursos públicos las administraciones no tienen capacidad para vetar a empresas mientras no recaiga sobre ellas una condena firme. En esos concursos las valoraciones de las diferentes ofertas que se presentan corren por cuenta de funcionarios, no de políticos. Pero cuando el plazo de esos contratos va finalizando sí hay responsabilidad política en la incapacidad de las administraciones, criticada en numerosas ocasiones por el Tribunal de Cuentas o su homólogo gallego, el Consello de Contas, para convocar nuevos concursos que renueven el servicio y evitar así que mientras lo sigan prestando con prórrogas las anteriores adjudicatarias.
Sin salir de Santiago se puede analizar el caso de otro grupo empresarial investigado por la justicia que sigue viendo ampliado su negocio a través de prórrogas. En Compostela la totalidad de las acciones de la concesionaria del servicio de transporte urbano en autobús fueron adquiridas en secreto en 2010 por el empresario lucense Raúl López, propietario del grupo Monbus, al expresidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, justo antes de la quiebra de su grupo. Empresas de López gestionan también otras instalaciones municipales y lo siguen haciendo a pesar de que en los últimos años se ha visto envuelto en casos como el citado Pokémon o Cóndor, que lo atañe directamente, y que afectaron de lleno a anteriores gestores municipales.
La concesión del bus urbano finalizaba a finales de 2016, pero más de un año después la concesionaria de Raúl López sigue prestando el servicio porque el gobierno local no ha sido capaz de resolver aún un nuevo concurso público. La prórroga es legal, pero ya no es un deber impuesto por una decisión judicial sino derivada de que el gobierno local aún no convocó un nuevo concurso y el servicio no puede dejar de prestarse. Fuentes del gobierno local argumentan que la reestructuración global de las líneas que quieren realizar está detrás de sus dificultades para ultimar ese nuevo concurso, lo que obliga a mantener la prórroga. Pero cuando al fin se resuelva ese nuevo concurso, nada impide que alguna empresa de Raúl López, investigado pero no condenado, lo vuelva a ganar por resultar la mejor puntuada, al igual que el grupo Monbus viene de copar el máximo de contratos posible en un reciente concurso de la Xunta para gestionar varias líneas interurbanas.
Pontevedra prorroga a Aquagest
En Pontevedra la situación es similar con Aquagest, la concesionaria del agua en numerosos ayuntamientos. En esa ciudad se llevó el contrato en 1997, en el último gobierno popular, por un período de 20 años que finalizó en febrero del año pasado. Los investigadores del caso Pokémon creen que directivos de la empresa intentaban obtener tratos de favor por parte del actual gobierno local del BNG y orientar en su beneficio el nuevo concurso que se tenía que convocar para renovar el servicio. A pesar de que la concesión finalizaba el pasado febrero, el gobierno local de Pontevedra, que al contrario que otros de izquierda no se plantea remunicipalizar el servicio, tampoco fue capaz de convocar un nuevo concurso hasta ahora, de manera que Aquagest, ahora renombrada como Viaqua, sigue prestando el servicio a través de una prórroga.
El PSOE local alerta de que durante esta prórroga la empresa seguiría cobrando una compensación por las obras que realizó durante los 20 años del contrato original que ya no le correspondería por estar ya pagada por completo durante ese período, algo que el Gobierno local se limita a negar: “El Ayuntamiento de Pontevedra se ajusta a la legalidad en todos sus contratos y prórrogas. Es lo único que tiene que decir”.
Esa prórroga, en Pontevedra como en otras administraciones, al margen del color político, es vista por la oposición como una muestra de la incapacidad del gobierno de resolver a tiempo un nuevo concurso público. En el caso de Pontevedra a ese nuevo concurso, pendiente de adjudicación y uno de los mayores del año en Galicia, con 120 millones en juego, se presentaron diez ofertas, varias de ellas de empresas implicadas en casos de corrupción en toda España. Entre ellas opta a volverse a llevar el contrato la propia Viaqua que supuestamente había intentado orientarlo hacia sus intereses, lo que hace que fuentes socialistas, que admiten que la firma está bien colocada porque es la candidata que mejor conoce cómo funciona el servicio, alerten de la inseguridad jurídica que podría suponer si en el futuro el caso Pokémon establece algún tipo de responsabilidad de la empresa. Pero eso es una hipótesis de futuro, porque nada impide a una empresa, si no está condenada, presentarse a un concurso y ganarlo si resulta la mejor valorada por la mesa de contratación -en la que legalmente deben mandar los técnicos, no los políticos-, o si cumple los requisitos legales en el caso de otros procedimientos. Un veto político supondría una prevaricación.
La Xunta adjudicó a la familia Charlín
Esa argumentación, la de que no adjudicar un contrato a quien tiene derecho a él, por muy sospechoso que sea, supondría un delito de prevaricación, es la que ofreció la Xunta para explicar una concesión otorgada en 2016 a María Teresa Charlín Pomares, hija del narcotraficante Manuel Charlín. Su imputación, junto al resto del clan familiar, por blanquear dinero, no impidió que Portos de Galicia le otorgase la concesión que solicitó para legalizar unas tuberías en terreno portuario autonómico en Vilanova de Arousa que venían sirviendo a un cocedero de marisco de la familia.
Según Portos de Galicia, la solicitud de concesión fue presentada en 2009 y el propio ente público admitió que su tramitación avanzó de manera especialmente lenta, destacando que en ella se le requirió documentación complementaria. Pero la solicitante no desistió y la Xunta tuvo que acabar adjudicándole lo solicitado siete años después porque tenía derecho y lo contrario supondría una prevaricación.
Archivo de la adjudicación ilegal de la Xunta a Inaer
Por otra parte, tampoco es tan fácil demostrar la existencia de un delito de prevaricación en una contratación. Así lo acaba de evidenciar el reciente archivo por parte del juez instructor de la investigación abierta contra varios altos cargos de la Xunta por adjudicar de manera ilegal el servicio de helicópteros de lucha contra incendios a la empresa Inaer. El propio juez admitió que la empresa operó para la Xunta sin contrato, pero matizó que “para conformar el delito de prevaricación no es suficiente con constatar una mera ilegalidad sino que es preciso demostrar además, por lo menos indiciariamente, que tal infracción normativa fue consciente, deliberada y buscada”. Inaer operó para la Xunta de manera ilegal, pero no se pudo demostrar la prevaricación.
La investigación, que tuvo imputado al máximo responsable autonómico de la política forestal, fue abierta en 2013 y no impidió que diversos departamentos de la Xunta, incluida la propia Consellería de Medio Rural, siguiesen adjudicando a Inaer a gran mayoría de sus contratos de helicópteros, como también hizo en su momento la Xunta gobernada por PSdeG y BNG. Y no sólo a través de concursos públicos en los que la suya resultó la oferta mejor valorada, sino también a través de procedimientos a dedo. Y eso a pesar de que, al margen del ámbito penal, en el ámbito administrativo el Consello de Contas había advertido de que la Xunta podía estar malgastando dinero con sus adjudicaciones a Inaer, que cada año recibe cerca de 20 millones de euros de los diversos contratos que le viene adjudicando el Gobierno gallego. A pesar del archivo del caso gallego, Inaer sigue implicada en otras comunidades en el denominado cártel del fuego por supuesto reparto de contratos con otras empresas.
Fomento sigue adjudicando a empresas que se repartieron contratos
No sólo a nivel local y autonómico las administraciones siguen contratando en Galicia con empresas implicadas en investigaciones por corrupción. En 2013 la Fiscalía abrió una investigación por adjudicaciones a dedo de la demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento en Ourense. En los procedimientos de contratación negociados, la Administración invita de manera discrecional a varias empresas a que le formulen ofertas para realizar una determinada obra o servicio, pero esas firmas no pueden pertenecer a los mismos grupos empresariales. Eso no ocurrió en Ourense, donde empresas relacionadas entre sí coparon numerosos de esos procedimientos negociados, haciendo así que no hubiese una competencia real entre las candidatas. Fomento abrió una investigación interna, al margen de la penal que sigue su curso, que no impidió que el propio ministerio siga invitando a procedimientos similares de adjudicación a dedo para obras en Ourense a algunas de aquellas empresas que consideraba que la habían engañado, como Extraco.
Imagen de marca
A pesar de que sigan aumentando sus cifras de negocio a través de prórrogas de contratos o ganando los nuevos concursos a los que se presentan, las empresas implicadas en investigaciones por corrupción son conscientes del daño que esas causas les hacen. Sus estrategias para paliarlo son múltiples. Aquagest, por ejemplo, propiedad de Aguas de Barcelona (Agbar), a su vez controlada por la francesa Suez, cambió de nombre. Hoy se llama Viaqua e intenta distanciar su imagen de marca de los hechos investigados en la Pokémon.
Algo similar sucede con Inaer, empresa de origen español surgida de la fusión de otras dos preexistentes que fue adquirida por la británica Babcock y que desde hace un año cambió su denominación a Babcock Mission Critical Services España. Varias fuentes internas señalan que la política empresarial de la nueva propietaria de la vieja Inaer es muy distinta a la de cuando estaba en manos españolas y está alejándose de anteriores comportamientos. Eso sí, varias fuentes del sector destacan que sigue beneficiándose de la posición dominante en el mercado que había conseguido Inaer en el pasado.